¿Chapuza o presunta prevaricación?

Hoy el Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería ha adoptado un acuerdo (no sé aún si por unanimidad o mayoría. Se lo he preguntado al Sr. Secretario, Fernando Fernández Marín), que me afecta y que, de mantenerse, podría tener muy serias consecuencias y no me refiero solo a que, con estos antecedentes, el Consejo de Gobierno pueda decidir que la propuesta de ordenaciones docentes la haga Periquito el de los Palotes y que se impongan saltándose la legislación vigente a su antojo y libre albedrío.

                             

Había pedido intervenir en esa reunión y me han dejado solamente exponer lo que estimara pertinente. He empezado por preguntar al Sr. Vicerrector de Profesorado, José Joaquín Céspedes, promotor de la propuesta de modificación de la Ordenación Docente del área de Estudios Árabes, y a la Asesora Jurídica, María de los Ángeles Piedra Fernández, qué artículo de los Estatutos de la UAL o qué legislación vigente faculta al Vicerrector o a la Comisión que preside a hacer la propuesta que se somete a aprobación. No han abierto la boca ninguno de los dos, pese a mi insistencia. Sencillamente patético. El Rector, Carmelo Rodríguez Torreblanca, ha querido justificar que el Vicerrector está facultado por una decisión del Consejo de Gobierno de la UAL, pero él debía saber que el Consejo de Gobierno no puede quitar las atribuciones a los Consejos de Departamento, órganos que, según el art. 159.2.a de los Estatutos de nuestra universidad, tienen la competencia de proponer las ordenaciones docentes.

Preguntada la Sra. Piedra Fernández sobre si se pueden dejar de aplicar los Estatutos de la UAL, ha mantenido otro patético y elocuente silencio.

El Vicerrectorado o el Consejo de Gobierno no pueden usurpar las competencias que el Consejo de Departamento tiene en virtud no solo de los Estatutos de la UAL, sino también de la Ley de Universidades. En ese sentido, les he preguntado a continuación al Director del Departamento, Francisco Álamo Felices, que, a diferencia de a mí, le han permitido estar presente en el debate posterior, y a Juan Luis López Cruces, también de mi Departamento y representante del PDI en el Consejo de Gobierno, si nuestro departamento había elevado una propuesta al Consejo de Gobierno para su aprobación. Tampoco han abierto la boca, mientras José Antonio Torres Arriaza, el Presidente de la Junta de PDI hacía mutis por el foro pensando que también a él le iba a preguntar pues ha participado, otra vez más, en la vulneración de mis derechos. Torres Arriza es, sencillamente, impresentable y un indigno representante sindical, que deja a su sindicado, el CSIF, por los suelos (véase https://1001denuncias.blogspot.com/search?q=junta+de+pdi). 

Seguramente los profesores Álamo Felices y López Cruces se avergonzarán de que el primero trasladó al Consejo de Departamento una propuesta de ordenación docente de José Joaquín Céspedes en la que, caprichosamente, eximía de docencia a una profesora y me asignaba a mí a voluntad suya la que le daba la gana y, sorprendentemente, la sometió a votación, saltándose las normativas vigentes y mis legítimos derechos. Juan Luis López Cruces, allí presente, votó a favor de esa propuesta. Eso fue el 31 de enero. ¿La ha tratado el Consejo de Gobierno? Pues no. Yo, que la considero nula de pleno derecho por vulnerar la normativa de aplicación y la más elemental lógica, la recurrí ante el Rector. El Sr. Rodríguez Torreblanca, preguntado por mí, ha venido a decir que resolverá mi recurso cuando le dé la gana.

Pese a insistir en que usurpar las competencias del Consejo de Departamento y aprobar una ordenación en la que no se ha cumplido con la legalidad, como garante de los derechos de los profesores, entre ellos los míos, y de los alumnos, que han de tener seguridad de que quien les imparta docencia y los evalúe lo hace con todo el amparo legal, los miembros presentes del Consejo de Gobierno, encabezados por su presidente, el Sr. Rodríguez Torreblanca, han aprobado una ordenación docente que es injusta al no respetar la legalidad y que vulnera mis legítimos derechos.

Yo no doy crédito a que se pueda hacer semejante despropósito y, dado que considero que es una resolución injusta, claramente, pues no se han respetado los Estatutos de la UAL, voy a presentar hoy mismo un recurso de reposición ante el órgano que ha dictado esa resolución para que, como marca la ley, en el plazo máximo de un mes, deje patente si lo hace con conocimiento manifiesto de la injusticia con la que adopta el acuerdo (lo que sería una presunta prevaricación), o reponga la legalidad en la UAL y mis derechos vulnerados.

Y todo esto sucede sin que tengamos en la universidad un Defensor Universitario que nos defienda a los administrados frente a los abusos de los administradores, pues prescribió el mandato del que teníamos y no se ha prorrogado transitoriamente su mandato ni se ha elegido a ningún otro.

Y yo que pensaba que estaban mejorando las autoridades de la UAL...