Soy un defensor de lo público. La Universidad de Almería, de la que soy funcionario, no debe ser el cortijo de nadie y no debemos confundir la Institución con las personas que, ocasionalmente, deberían de representarla honrosamente. En mi caso, me he encontrado que el anterior rector, Pedro Molina, y su amigo inseparable Pepe Guerrero, hicieron uso de la Universidad de Almería como si su cortijo fuera. Lo denuncié, lo que me valió una sanción de 4 años y 3 meses de suspensión de empleo y sueldo, que fue anulada por una sentencia judicial.
Resulta muy elocuente que el actual rector, Carmelo Rodríguez Torreblanca, cuando estaba en la oposición, me apoyó por considerar injusta la sanción de Pedro Molina, al que criticaba por una mala gestión. Tras llegar al poder, las cosas cambiaron: a Pedro Molina le dio la medalla de honor y a mí me sancionó, ahora con 3 años y 2 meses de suspensión de empleo y sueldo. Yo no he cambiado. Sigo denunciando a aquellas autoridades que hagan uso de lo público en beneficio propio y también a aquellas personas que, desde las Instituciones que deben igualmente representar dignamente, los amparan, llámense fiscales, jueces o quien sea. Y lo haré con determinación, tanto por vía judicial como extrajudicial, para que todos, con nuestros nombres y apellidos, asumamos nuestras responsabilidades.
Hoy quiero centrarme en uno de los muchos aspectos de la corrupción que denuncio y que también se critica en la serie Chanchullos University, que se puede ver en internet (https://www.youtube.com/user/ChanchullosUniversit/featured): El jefe o la jefa del Gabinete Jurídico de la UAL debe ser un jurista independiente que asesore sobre la legalidad a las autoridades de esta institución, en lugar de una persona al servicio del gobernante de turno que, de hecho, puede cambiarla, para que dé apariencia de legalidad a resoluciones que, claramente, no se ajustan a la Ley.
Esta nueva sanción que me ha impuesto Carmelo Rodríguez Torreblanca presenta un matiz nuevo que no se había producido hasta ahora. Prefiero quitarle el tratamiento de rector en estos casos (o el cargo que tengan a quienes también lo amparen), pues los delitos no los comete el cargo sino la persona y este factor va a ser muy importante en todos los abusos de poder que voy a ir denunciando. Carmelo Rodríguez Torreblanca ha eximido a María Ángeles Piedra Fernández de que sea ella la que defienda a la UAL frente a los recursos que interpongo contra las resoluciones de Carmelo Rodríguez Torreblanca y ello pese a cobrar del erario público. Dirán que es que tiene una gran carga de trabajo que hace que sea necesario contratar a alguien externo para cubrir esa sobrecarga. ¡Ah, claro, seguramente como se acumulan los procesos por el deficiente asesoramiento legal que María Ángeles Piedra Fernández hace, pues se ha de recurrir a la contratación de los servicios de un abogado extra! Ese abogado es José Arturo Pérez Moreno, a quien ya se tiene contratado en la Universidad, pero para otros menesteres, como docente. ¿Será casualidad que es especialista en derecho procesal e intente ganar los casos por triquiñuelas procesales? Desde luego, lo que a mí me está demostrando es que es capaz de recurrir una y otra vez a la mentira para que los jueces le den la razón. Eso será cuestión que analizaré en un próximo artículo. La Universidad debería hacer público el contrato que ha firmado con este abogado o ¿es que lo hace sin contrato?
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