Por estar seguro yo de que Pedro Molina, Rector de la Universidad de Almería, había prevaricado y también había participado en un fraude y tráfico de influencias, delitos penales, en el tema de la convocatoria de una cátedra, lo denuncié ante el Fiscal Jefe de Almería.
Ante ello, Pedro Molina decidió que el inspector de servicios nombrado por él, Antonio Sánchez Cañadas, me abriera información reservada primero y después un expediente disciplinario, basado, básicamente, en que atento contra la Universidad de Almería, por haber hecho pública mi denuncia contra él sin que haya sentencia firme. Por mi parte, amplié la denuncia a acoso laboral, calumnias y difamación, considerando que Pedro Molina es un rector corrupto.
Recusé a Antonio Sánchez Cañadas como instructor, pues anteriormente lo había denunciado públicamente por no cumplir con sus funciones de inspector de servicios al tapar irregularidades que denunciaban alumnos. Pedro Molina, como cabía esperar, no aceptó la recusación y quiere que me juzgue su inspector de servicio y emitir el veredicto final él.
Mientras tanto, el Fiscal Jefe, Antonio Pérez Gallegos, después de 34 jornadas esperando de 9 a 2 a que me reciba, no quiere saber nada y me insiste a través de otra persona de la Fiscalía que, si lo creo oportuno, presente una querella contra Pedro Molina. Yo le insisto en que le pagamos para que investigue los hechos y, si cree que es falsa mi denuncia, me pida responsabilidad a mí por persistir en una falsa denuncia, pero si son ciertos, actúe contra Pedro Molina. Y le insisto en que, para mí, si es grave que Pedro Molina actúe de forma corrupta, más grave sería que quien tiene que velar para exigir las responsabilidades ante casos de corrupción o falsas denuncias, no quiera cumplir con su trabajo. Adjunto acta de una de las comparecencias y el escrito donde indica que archiva la primera denuncia, sin investigarla.
Si Pedro Molina fuese una persona íntegra debía pedirle al fiscal que investigue los hechos y que tras ello exija responsabilidades a quien corresponda, como estoy pidiéndole yo, o se querellaría directamente contra mí, para que un juez independiente analice los hechos y se pronuncie al respecto. Pero lo que resulta inaceptable, desde mi punto de vista, es que Pedro Molina quiera ser juez, siendo parte, y más porque creo que se ha arrogado la competencia de incoar el expediente disciplinario sin que la tenga, pues estimo que el órgano competente es el Consejo de Gobierno.
Antonio Sánchez Cañadas da por sentado que mis denuncias son falsas, sin comprobarlas, y me ha denegado mi petición de prueba en las alegaciones que he hecho en el expediente disciplinario. Me deja así en total indefensión.
Por todo ello, mi conclusión es clara: Pedro Molina y Antonio Sánchez Cañadas son unos corruptos y prueba de ello es la forma como me van a imponer la sanción de suspensión. Quieren que sean cuatro años y tres meses. Les hubiera gustado que hubiese sido en agosto, pero al menos habrán de esperar a inicios del curso.
No sé si piensa hacer algo Joaquín Moya-Angeler, Presidente del Consejo Social de la Universidad, como le ha pedido mucha gente, o alguna otra instancia universitaria, o el propio Fiscal.
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