Sanción que quieren imponerme por denunciar al Rector

Acabo de tener conocimiento de la sanción que me quiere aplicar Antonio Sánchez Cañadas, el instructor nombrado por Pedro Molina, en el expediente disciplinario que me ha abierto.

Quieren sancionarme con 4 años y 3 meses de suspensión de funciones. Las faltas que, según Antonio Sánchez Cañadas, he cometido son “conducta de grave desconsideración con los superiores” (2 años), “atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la administración” (2 años) y “grave perturbación del servicio” (3 meses).

Me reconoce mi derecho a la libertad de expresión, pero entiende que me he extralimitado, pues tengo derecho a utilizar la vía judicial, pero no a darle difusión a mis denuncias hasta que haya sentencia judicial. Da por supuesto que mis denuncias son falsas y no duda en calificar mi crítica de "sin fundamento", sin comprobar los hechos, y llega incluso a referirse a mis "ilícitas manifestaciones" al mantener yo en mi denuncia al Fiscal, que he hecho pública, que Pedro Molina ha prevaricado, ha mentido, ha encubierto irregularidades, ha intentado coaccionar, ha cometido abuso de poder, me ha difamado y me está acosando laboralmente. He aportado pruebas y testigos.

Mientras tanto, el Fiscal no quiere pronunciarse sobre si son falsas o no mis denuncias. La primera por prevaricación y fraude la archivó sin investigar los hechos, ante lo que le sigo pidiendo que interrogue a los testigos, tomándome testimonio también a mí, y compruebe si son ciertos o no los datos que le aporto. De las dos ampliaciones que hice, ante las calumnias, la difamación y el acoso laboral que estoy sufriendo, no ha contestado aún.

Tengo la impresión de que el inspector y Pedro Molina querían imponerme la sanción con rapidez, seguramente durante el verano, para que no tuviera mucha repercusión, aunque el que haya estado yo y siga estando muy ocupado con el proyecto “Biblioteca de al-Andalus”, que dirijo y que queremos finalizar en breve, ha hecho que se retrase todo el proceso y seguramente habrá de resolverse en el mes de septiembre.

La notificación la he recibido por tres canales diferentes (en mi casillero en la Universidad, en el Servicio de Personal y por burofax) y he estado recibiendo mensajes electrónicos y llamadas telefónicas a mi domicilio desde distintas instancias (inspector, servicio de personal y otras personas que no se han querido identificar pero que decían llamar desde la Universidad) para que recogiera sin demora el pliego de cargos.

Entiendo que todo lo que me está pasando es fruto del acoso laboral al que me somete Pedro Molina y su inspector de servicios, al que recusé por haberlo denunciado previamente por no cumplir con su trabajo y no investigar denuncias de alumnos relativas a profesores que no cumplían con sus clases, sin que Pedro Molina aceptara mi recusación. Tampoco me han dejado acceder al expediente, porque, según la Jefa del Gabinete Jurídico, Carmen Pilar Pulido Egea, no tengo derecho aún hasta que no esté completo el expediente, sin que haya podido consultar, entre otros documentos, el informe íntegro del inspector de servicios ni el informe que emitió el director de mi departamento, de modo que tengo que formular mi contestación sin toda la información. Estimo que me dejan en indefensión.

Me quieren sancionar por cumplir con la obligación que tenemos todos los ciudadanos de denunciar la comisión de los delitos que conozcamos. Y lo hice público para que no quedara impune pues los delitos los cometió, entiendo yo, nada menos que el Rector de la Universidad, Pedro Molina, mientras que a una profesora que me consta que ha sido denunciada por no acudir a tutorías ni a clases, se le ha premiado con una cátedra, de forma fraudulenta en la formación del tribunal.

Espero que el Fiscal Jefe, Antonio Pérez Gallegos, cumpla con su trabajo e investigue mis denuncias y se pronuncie sobre las mismas, pidiéndome él sí responsabilidades si comprueba que son falsas, o se las pida a Pedro Molina si son ciertos los hechos que le expongo. Lo que resulta inaceptable es que los denunciados, dando por sentado que son falsas mis denuncias y tomándose la justicia por su mano, pretendan sancionarme sin más, actuando de jueces y parte. Creo que no es sino una prueba más de lo corrupto que es Pedro Molina y también Antonio Sánchez Cañadas.

Un punto clave que tendría que comprobar el Fiscal es si Pedro Molina tiene potestad para incoar el expediente o, si por el contrario, como mantengo yo tras consultar la legislación, tal poder lo tiene el Consejo de Gobierno, por lo que se habría arrogado una competencia que no le otorga la legislación vigente. Sería una vez más una clara resolución injusta y seguramente también a sabiendas de su injusticia, es decir, otra prevaricación de Pedro Molina.