El Rector Pedro Molina ha mentido y con reiteración. ¿También con impunidad?

             En breve me comunicarán la sentencia relativa a la sanción que me impuso el Rector Pedro Molina, la cual valoraré a la  vista de la misma. También quiero comentar con detalle las partes que creo de mayor interés del juicio. Empiezo por el interrogatorio a Pedro Molina.

            Lo más destacable es que Pedro Molina sigue mintiendo (de nuevo a un juez) al afirmar que el artículo 104 de los Estatutos de la Universidad que establece la comisión que ha de evaluar las plazas convocadas hubo que dejar de aplicarlo en el año 2008 por imperativo legal porque, según él, la nueva Ley Orgánica de Universidades derogaba que fueran los estatutos de cada una los que regularan la composición de las comisiones de selección de las plazas convocadas, cuando el art. 62.3 de esa nueva ley deja bien claro que siguen siendo los estatutos de cada universidad los que han de establecerlo. Por eso es falso su afirmación de que “se ha hecho necesario y obligatorio aprobar un Reglamento por el Consejo de Gobierno”. Era potestativo y ha sido ilegal aplicarlo hasta que derogaron el art.104 al modificar los estatutos en julio de 2011, no por imperativo legal, sino con discrecionalidad.

            El cambio ha sido que de proponer dos miembros del tribunal el Consejo de Departamento, de entre su profesorado si lo tiene, y el Rector designar al Presidente, se ha pasado a que el Departamento proponga a uno, el Consejo de Gobierno a otro y siga siendo el Rector el que designe al Presidente. Por eso es falso también que Pedro Molina diga que fue el Consejo de Departamento el que aprobó una propuesta de “los miembros del tribunal de la plaza de Catedrático de Universidad” y omita que le correspondía a él nombrar al Presidente.

            Escurre el bulto al decir que investigó mis denuncias de que a los miembros del tribunal, incluido el Presidente, los había propuesto una profesora que se presentaba a la plaza, diciendo que se le pidió informe al Director del Departamento y nada dice sobre que al Presidente Titular y al Suplente, que debía nombrar él, les pidiera ser Presidentes la profesora que se presentaba a la plaza. Ni tampoco dice que investigara quién propuso el perfil de la plaza, que fue la misma profesora y, además, consta por escrito, todo lo cual es claramente ilegal y, al entender yo que se hace con intencionalidad, presuntamente delictivo.

            Asimismo intenta esquivar el referirse a la falsedad que cometió al afirmarle al juez Antonio Luis García Valverde que se convocaba la cátedra por necesidades docentes y trata de engañar al nuevo diciendo que la profesora que obtuvo la plaza impartió 95 horas de docencia en el curso 2010/11, como Profesora Titular, mientras que como Catedrática en el curso 2011/12 fueron 162 horas, ocultando que fue debido a que hubo de hacerse cargo de parte de la docencia que yo no pude impartir al estar sancionado.

          También miente Pedro Molina al decir que el nombramiento del Secretario del expediente, Raúl Pérez Guerra fue “por imperativo legal” cuando podía haber elegido a cualquier otro funcionario que no estuviese ocupando un cargo de libre designación nombrado por él directa o indirectamente (en este caso en el Secretariado de Deportes).

           

        Entiendo que la mala fe de Pedro Molina es visible en contestaciones como que no es totalmente cierto que presenté recusación contra el instructor y el secretario y la resolvió el mismo Pedro Molina y diga que fue “el Órgano Competente” que no es otro que el Rector, o sea él.

           

        Vuelve a mentir al decir que no es cierto que presentara yo recusación contra él para que no fuera él mismo quien resolviera el expediente diciplinario al ser parte interesada.  Al contestar dice que el que él sea parte interesada “ha quedado suficientemente acreditado que es un error”, sin que realmente se haya acreditado. Y vuelve a mentir al decir que “las plazas y los tribunales de las mismas no las aprueba el Rector, sino el Consejo de  Gobierno de la UAL, a propuesta del Consejo de Departamento”. Quiere olvidar que, según ley, él designa al Presidente del Tribunal y que, como Presidente del Consejo de Gobierno, aprobó tanto la plaza como al tribunal.

         Y termino, por no querer alargarme demasiado, con su afirmación de que no es cierto que “la recusación que presenté contra él fue resuelta por el Consejo de Gobierno, del que él es presidente, por mayoría, sin existir unanimidad en la aprobación”, cuando él mismo dice que de los 29 votos emitidos, 7 fueron abstenciones, 20 votos no y 2 en blanco”. ¿Es mayoría o unanimidad? Quiere escudarse en que en ese punto él se ausentó, dejando a su Vicerrector José Luis Martínez Vidal como Presidente, persona de su equipo de gobierno, al igual que también lo era la Secretaria, María Luisa Trinidad, quien levantó el acta, aunque como se verá más adelante no recuerde si ella estuvo presente en la reunión, como otros muchos que le debía el estar en el Consejo de Gobierno a Pedro Molina.

            Pero lo más grave de todo, desde mi punto de vista, no es que Pedro Molina mienta y lo haga con reiteración y con descaro, por lo que creo que él sí está dañando la imagen de la Universidad de Almería, a la que representa, y no yo con mis denuncias (aunque me exponga a que vuelva a querer sancionarme), sino que, hasta ahora, ni la fiscalía (el Fiscal Jefe Antonio Pérez Gallegos ha archivado todo sin comprobar nada) ni ningún juez (llámese Antonio Luis García Valverde o Alejandra Martínez Dodero) ha querido entrar en la veracidad de mis graves acusaciones. Lamenteblemente, tampoco el nuevo juez ha querido entrar en ello, que yo entiendo que es clave y que estoy exigiendo que se compruebe y, si son falsas mis acusaciones, entonces sí se me condene, pero no antes. Es Justicia que espero alcanzar, como terminan las demandas judiciales y no cejaré en mi empeño.