José Luis
Martínez Vidal, entonces vicerrector de investigación de la Universidad de
Almería, expidió un certificado el 30 de enero de 2012 y lo presentó en el
Juzgado para que no se me concediera la suspensión cautelar de la sanción que
me había impuesto el entonces rector Pedro Molina y en ese certificado afirmaba
Martínez Vidal que “el hecho de que D. Jorge Lirola Delgado esté sancionado
no afecta al desarrollo del proyecto [Biblioteca
de al-Andalus] pues éste puede
ser ejecutado por el resto del equipo de investigación del mismo... no
irrogándose ningún perjuicio al resto de los investigadores, los cuales siguen
el curso de sus investigaciones, tal y como éstas estaban previstas y
subvencionadas”. En ese certificado se basó el juez Antonio Luis García
Valverde para negar que hubiera daños a terceros y no concederme la suspensión
de la sanción disciplinaria, manteniéndome sin empleo, sueldo ni derechos
laborales durante un año, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía sí la concedió. En el juicio, celebrado más de dos años después, otro
magistrado sentenció que era injusta la sanción y la anuló.
La jueza Alejandra Dodero Martínez archivó la querella, sin tomar declaración a los investigadores afectados, que habían afirmado
por escrito que, en ningún momento, el Vicerrector se había puesto en contacto
con ellos y que el proyecto no podía concluirse sin la intervención de quien lo
había ideado, Jorge Lirola Delgado.
Los
referidos magistrados no se refieren en ningún momento al hecho de que la
finalización del proyecto se retrasó un año, habiéndose de pedir una prórroga,
como tampoco analizan la afirmación de José Luis Martínez Vidal de que
"los investigadores siguen el curso de sus investigaciones, tal como éstas
estaban previstas y subvencionadas", que es la que mantengo que es falsa, ni tienen en cuenta los testimonios
de los investigadores que establecían que era falso lo que decía el entonces
vicerrector. Por supuesto, no han considerado que sea necesario "agotar la
instrucción con la práctica de las diligencias solicitadas por el querellante
en su recurso", como era interrogar a los participantes en el proyecto
sobre la presunta falsedad del ya ex-vicerrector. Para los señores Martínez
Abad, Angulo González de Lara y Durbán Sicilia "resulta inútil, e incluso
improcedente cualquier medida investigadora que... prolongase indebidamente la
causa". Y, por supuesto, tampoco se refieren los magistrados a las
consecuencias que tuvo ese certificado, como fue que me mantuvieran un año
suspendido de empleo y sueldo, con los consiguientes perjuicios no solo
económicos, sino también morales y profesionales, curiosamente el mismo tiempo
que sufrió de retraso el proyecto, en el que seguí trabajando para concluirlo,
sin que me lo reconozcan oficialmente.
Según
me dice mi abogado, la sentencia es injusta pero no se puede hacer nada al no
caber recurso. Soy consciente, además, de que solo serviría para alimentar el
negocio de la justicia. Al menos, creo que tenía que pedir Justicia, con
mayúsculas, y dejar constancia de ello y, visto lo visto, creo que si tuviera
que poner una nota a estos magistrados es la de muy deficiente. También creo
que habría que modificar el que en la cuestiones penales, las decisiones de la
justicia se queden en casa, pues la última palabra la tiene la Audiencia
Provincial, sin que llegue a una instancia en la que los posibles tráficos de
influencias no sean tan directos.
Evidentemente, por lo expuesto, sigo pensando que José Luis Martínez Vidal mintió, con graves consecuencias para mí, y que los mencionados magistrados no han hecho bien su trabajo.
Evidentemente, por lo expuesto, sigo pensando que José Luis Martínez Vidal mintió, con graves consecuencias para mí, y que los mencionados magistrados no han hecho bien su trabajo.
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