Sentencia sobre la presunta falsedad del ex-vicerrector José Luis Martínez Vidal

  

    José Luis Martínez Vidal, entonces vicerrector de investigación de la Universidad de Almería, expidió un certificado el 30 de enero de 2012 y lo presentó en el Juzgado para que no se me concediera la suspensión cautelar de la sanción que me había impuesto el entonces rector Pedro Molina y en ese certificado afirmaba Martínez Vidal que “el hecho de que D. Jorge Lirola Delgado esté sancionado no afecta al desarrollo del proyecto [Biblioteca de al-Andalus] pues éste puede ser ejecutado por el resto del equipo de investigación del mismo... no irrogándose ningún perjuicio al resto de los investigadores, los cuales siguen el curso de sus investigaciones, tal y como éstas estaban previstas y subvencionadas”. En ese certificado se basó el juez Antonio Luis García Valverde para negar que hubiera daños a terceros y no concederme la suspensión de la sanción disciplinaria, manteniéndome sin empleo, sueldo ni derechos laborales durante un año, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sí la concedió. En el juicio, celebrado más de dos años después, otro magistrado sentenció que era injusta la sanción y la anuló.

La jueza Alejandra Dodero Martínez archivó la querella, sin tomar declaración a los investigadores afectados, que habían afirmado por escrito que, en ningún momento, el Vicerrector se había puesto en contacto con ellos y que el proyecto no podía concluirse sin la intervención de quien lo había ideado, Jorge Lirola Delgado.

Recurrida la decisión de la jueza, se han pronunciado los magistrados de la Audiencia Provincial de Almería Jesús Martínez Abad (presidente y ponente), Ignacio F. Angulo González de Lara y Lus Durbán Sicilia. Dicen que "del examen de las actuaciones practicadas a lo largo de la instrucción no se desprenden motivos suficientes para considerar, siquiera a nivel indiciario, que los hechos que se describen constituyan un delito de emisión de certificado falso o cualquier otro ilícito penal". Se limitan a considerar que la falsedad solicitada es relativa a que la sanción disciplinaria no afectaba al desarrollo del proyecto y afirman que no frustró la conclusión del proyecto, "no solo porque consta acreditado que el proyecto se terminó, bajo la dirección de otro investigador, y en el seno de una Universidad diferente, sino que fue el propio querellante quien ... (solicitó) el cambio de investigador principal del proyecto, al haber sido sancionado..., lo que constituye un paladino reconocimiento por el propio director del proyecto, de la viabilidad de su ejecución tras el cese del mismo, que como se ha dicho se continuó y finalizó en otra institución".

Los referidos magistrados no se refieren en ningún momento al hecho de que la finalización del proyecto se retrasó un año, habiéndose de pedir una prórroga, como tampoco analizan la afirmación de José Luis Martínez Vidal de que "los investigadores siguen el curso de sus investigaciones, tal como éstas estaban previstas y subvencionadas", que es la que mantengo que es falsa, ni tienen en cuenta los testimonios de los investigadores que establecían que era falso lo que decía el entonces vicerrector. Por supuesto, no han considerado que sea necesario "agotar la instrucción con la práctica de las diligencias solicitadas por el querellante en su recurso", como era interrogar a los participantes en el proyecto sobre la presunta falsedad del ya ex-vicerrector. Para los señores Martínez Abad, Angulo González de Lara y Durbán Sicilia "resulta inútil, e incluso improcedente cualquier medida investigadora que... prolongase indebidamente la causa". Y, por supuesto, tampoco se refieren los magistrados a las consecuencias que tuvo ese certificado, como fue que me mantuvieran un año suspendido de empleo y sueldo, con los consiguientes perjuicios no solo económicos, sino también morales y profesionales, curiosamente el mismo tiempo que sufrió de retraso el proyecto, en el que seguí trabajando para concluirlo, sin que me lo reconozcan oficialmente.

Según me dice mi abogado, la sentencia es injusta pero no se puede hacer nada al no caber recurso. Soy consciente, además, de que solo serviría para alimentar el negocio de la justicia. Al menos, creo que tenía que pedir Justicia, con mayúsculas, y dejar constancia de ello y, visto lo visto, creo que si tuviera que poner una nota a estos magistrados es la de muy deficiente. También creo que habría que modificar el que en la cuestiones penales, las decisiones de la justicia se queden en casa, pues la última palabra la tiene la Audiencia Provincial, sin que llegue a una instancia en la que los posibles tráficos de influencias no sean tan directos.

Evidentemente, por lo expuesto, sigo pensando que José Luis Martínez Vidal mintió, con graves consecuencias para mí, y que los mencionados magistrados no han hecho bien su trabajo.