La experiencia que tengo hasta ahora en esta universidad es que, cuando denuncio irregularidades, obtengo la callada como respuesta y, si insisto, entienden que el problema soy yo por denunciar las anomalías, e inician actuaciones encaminadas a sancionarme. Así lo hizo Alberto Fernández, quien llegó a sancionarme por un supuesto trato irrespetuoso a un superior, donde él hacía de juez y parte, sanción que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en sentencia firme nº 407 de 1999. La sanción contenía también amenazas que no surtieron su efecto.
Como es raro que los problemas se resuelvan solos, y más los que denuncié, suelen persistir e incrementarse. Es por ello, por lo que años después, sigo con las denuncias de viejos y nuevos problemas, dado que quienes nos gobiernan en la Universidad prefieren no hacer nada para solucionarlos.
Una de mis últimas denuncias ha sido el que el defensor universitario, D. Antonio Pulido Bosch, en los temas que he puesto en su conocimiento (ocultación que hace el director del departamento de graves denuncias sobre la docencia a través de no incluirlas en las actas de las reuniones, no constándome que haya hecho nada el Director ni la Inspección de Servicios para solucionarlas), ha preferido dejar que mis derechos como miembro de la comunidad universitaria sigan siendo vulnerados.
Reiteradamente, lo he denunciado públicamente, como recordaréis. La última vez hace unos días, a través de mensajes a los miembros de la Conferencia de Defensores Universitarios para que pidan que el Rector de la Universidad de Almería, como presidente del Claustro, haga algo para que no existan dudas sobre el buen funcionamiento de tan imprescindible institución, el Defensor Universitario (propongo que el claustro forme una comisión independiente que lo investigue para exigir las responsabilidades oportunas), o también para que conminen al cosocio de la Conferencia de Defensores (D. Antonio Pulido Bosch) a que no deje pasar mi denuncia de tan graves hechos.
El Rector de la Universidad, D. Pedro Molina, ha decidido hacer algo: ha pedido al Inspector de Servicios, D. Antonio Sánchez Cañadas, “el inicio de Información Reservada relacionada con el correo electrónico que Vd. envió referido al Defensor Universitario.” Y me citan para que efectúe la declaración que considere pertinente.
¿Se querrá afrontar los problemas de fondo para solucionarlos o se optará por entender que el problema son mis denuncias públicas? Es posible que en breve empecemos a conocer la respuesta a esta pregunta.
Por otra parte, aprovecho este mensaje para recordarle al Rector, a quien también envío copia, que no ha resuelto dos recursos que le formulé, habiendo transcurrido ya más de los tres meses preceptivos, y que, básicamente tratan de si en esta Universidad se aplica la ley de procedimiento administrativo y otras leyes.
¿He de entender que hay silencio administrativo y no se pronuncia el Rectorado y he de recurrir al Contencioso Administrativo para que se diga si es legal o no lo que se está haciendo en el Departamento de Filología?
Un cordial saludo.
Jorge Lirola Delgado.
Departamento de Filología.
No hay comentarios:
Publicar un comentario