El pasado
viernes 20 de diciembre, cuando yo pedí que añadieran unos puntos importantes
en un acta de la Junta de la Facultd de Humanidades de la Universidad de Almería
sometida a aprobación y comenté que se podía comprobar en lo que tenía grabado, el
decano, Javier García González, paró la sesión y me preguntó si estaba grabando
la reunión y, al contestarle yo que sí, dijo que me lo prohibía y llegó incluso
a pedirme que me marchara. Yo le insistía en que estoy en mi derecho (lo he
consultado con abogados distintos) y que me dijera qué ley o norma me lo probíbe.
Llegó incluso a mandarme a una persona de seguridad para echarme y al no
marcharme yo decidió él levantar la sesión.
Es curioso que
varios de los que me han denunciado por, supuestamente, insultarlos o por
intimidarlos y coaccionarlos son los que dijeron en la reunión de la Junta que
debía pedir permiso y que ellos no me lo concedían, por lo que no podía grabar
la reunión. ¿Será que no quieren que las grabaciones desmientan sus acusaciones
y que, con el amparo de las autoridades, sus falsas acusaciones adquieran
apariencia de veracidad?
El decano,
Javier García González, llamó por teléfono durante la reunión (no sé si a los
servicios jurídicos de la Universidad de Almería). Yo le pedí que llamara. De
cualquier forma, no comentó nada de lo que le dijeron.
El Gabinete Jurídico
de la UAL, al frente del cual está María Ángeles Piedra Fernández, debe
pronunciarse al respecto. Espero que lo haga por escrito y de forma
fundamentada jurídicamente para que quien no esté de acuerdo pueda recurrir y
se resuelva, como corresponde, tan importante asunto.
