Cuando el 29 de abril de 2019, el rector de la UAL, Carmelo Rodríguez Torreblanca, decidió incoar un expediente disciplinario contra mí por la presunta comisión de 18 faltas graves y muy graves, acudí al Defensor Universitario, Juan Sebastián Fernández Prados, para pedirle su intervención. Este, en todo momento, me dejó, paradójicamente, en indefensión:
1) No me dijo nunca si aceptaba o no a trámite mi solicitud de amparo, justificando, en caso de no aceptarla, por qué razones. Se debía entender que sí entraba dentro de sus competencias y debía actuar.
2) Pedí que antes de que el instructor me tomara declaración se me facilitara todo el expediente tal como estaba para saber exactamente de qué, por qué y quién me acusaba, para poder defenderme con pleno conocimiento de causa. Al no facilitárseme esa información, le solicité al Defensor que acudiese a la toma de declaración inicial por parte del instructor nombrado por el rector. Aunque me dijo que iría, no apareció finalmente, dándome después como excusa que no tenía obligación de hacerlo.
3) Le solicité reiteradamente que tomara declaración a una serie de alumnos, algunos de los cuales llegaron a decir que el expediente era una cacería contra mí. Se negó una y otra vez a hablar con esos alumnos.
4) Así podría seguir detallando negativas suyas a amparar y defender mis derechos, pero voy a lo sustancial.
5) Nunca emitió un informe sobre cada una de las supuestas faltas que decían que había cometido. Se limitó a pedir al rector que solicitara un informe externo, sin designar él a una persona independiente que lo hiciera, sino que dejó que el rector eligiera a Juan Manuel del Valle Pascual, de la Asociación para el Estudio del Derecho Universitario, AEDUN, a quien yo había denunciado en la serie Chanchullos University bajo “el gran brujo” que daba apariencia de legalidad a manifiestas ilegalidades e injusticias maquillando las falsedades con mucho disimulo.
Una persona de confianza que lo conocía desde cuando quiso declararse objetor de conciencia, habló con él y tras ello me dijo bien claro que no iba a hacer nada que supusiera enfrentarse al rector que, indirectamente, lo había nombrado.
La indefensión en la que me dejaron, incluido el Defensor Universitario, no es algo que diga yo solo, sino que lo ha dicho la jueza en su sentencia, recurrida, como no podía ser de otro modo, por un rector al que he denunciado reiteradamente de hacer uso de los bienes públicos en beneficio propio.
Le he pedido personalmente a Juanse, cara a cara y tras explicarle cómo me dejó indefenso a los pies de los caballos, saltándoseme las lágrimas entonces y cada vez que recuerdo esa indefensión, que lo reconozca públicamente y que, si no, dimita. Su contestación fue que "dicha petición está fuera del ámbito de actuación de la Defensoría según el artículo 4 del reglamento de funcionamiento de la Defensoría (apartados 3 y 4): 3. El Defensor Universitario no podrá actuar una vez transcurridos doce meses desde que se produjeron los hechos que motivaron la solicitud de su intervención. 4. En ningún caso, el Defensor Universitario podrá intervenir en asuntos judicializados, ni en procedimientos electorales." ¡Vaya enjuague de conciencia!
Si le quedara un poco de conciencia, reconocería los hechos públicamente, pero ya veo que sus principios, cuando ha de enfrentarse a autoridades, los deja aparcados.
Soy consciente de que los defensores
universitarios han sido defensores de las autoridades permitiendo que se
pisotearan los derechos de los administrados. Así lo denuncié en Chanchullos
University (https://www.youtube.com/
JUANSE, SI, POR HONESTIDAD, NO RECONOCES LA INDEFENSIÓN EN LA QUE ME DEJASTE, POR VERGÜENZA, DIMITE YA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario