Contencioso contra la normativa de departamentos aprobada por el Consejo de Gobierno de Pedro Molina

Reproduzco a continuación el recurso que presento en el Juzgado contra la relativa normativa y animo a todos los profesores funcionarios de la Universidad de Almería a que cumplimenten el modelo y lo presenten en el registro del Juzgado (Carretera de Ronda, 120, planta baja, al entrar a la izquierda. Al ser funcionario, no necesitarás abogado ni procurador y, tras presentarlo, te tocará esperar a ver qué resuelven en relación con la suspensión. Han de hacerlo en breve.

Si te decides a presentarlo y creo que debes hacerlo si no estás de acuerdo con la referida normativa y con el hecho de que se supriman los Consejos de Departamento, te ruego que me lo indiques al correo jld@ibntufayl.org, para contrastar el juzgado que nos toca a cada cual y las incidencias.

AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE ALMERÍA

Jorge Lirola Delgado, mayor de edad, con DNI ***, Profesor Titular de la Universidad de Almería, con domicilio en Almería (***), C/ ***, comparece ante el juzgado y, como sea más procedente en derecho,

            DICE:

1. OBJETO: Por medio del presente escrito desea que se tenga por interpuesto RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO contra el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la UAL en sesión ordinaria del 22 de octubre de 2012 por el que se aprueba la normativa provisional para los departamentos (doc. nº 1).

2. COMPETENCIA: Se interpone el presente recurso ante el Juzgado que se estima competente con arreglo a la Ley de su Jurisdicción.

3. PLAZO DE INTERPOSICIÓN: La normativa provisional fue aprobada el 22 de octubre de 2012, por lo que no han transcurrido aún los dos meses preceptivos, por lo que cabe interponer recurso contencioso-administrativo.

4. DOCUMENTACIÓN: Se acompaña a este recurso la siguiente documentación:

Doc. 1: Copia del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la UAL en sesión ordinaria del 22 de octubre de 2012 por el que se aprueba la normativa provisional para los departamentos.

5. POSTULACIONES: Para la representación y defensa de este recurso, se hace uso de las facultades que el recurrente tiene conferidas conforme lo establecido en el artículo 33.3 de la Ley Jurisidccional.

6. CUANTÍA: En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Jurisdicción, se hace constar que la cuantía de este recurso es indeterminada.

            Por todo ello,

            SUPLICA AL JUZGADO

            Que, teniendo por presentado este escrito con sus copias y documentos que se acompañan, se tenga por interpuesto RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, que, dado que se trata de un supuesto recogido en el artículo 78.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo para el Procedimiento Abreviado, se formaliza asimismo la demanda en documento aparte.

            Es de Justicia.

            OTROSI DICE: Que a efectos de emplazamientos y notificaciones se señala el domicilio del recurrente, C/ ***.

            Por lo que nuevamente SUPLICA AL JUZGADO lo acuerde de conformidad y a sus fines.

            También es de Justicia.           

            SEGUNDO OTROSI DICE: Que, tal y como expondré en el texto de la demanda, solicito la suspensión cautelar del Acuerdo recurrido por los gravísimos e irreparables perjuicios que puede provocarme a mí y a la comunidad universitaria.

            Por lo que nuevamente SUPLICA AL JUZGADO lo acuerde de conformidad y a sus fines.

            También es de Justicia.

Almería, a doce de noviembre de 2012

                        Fdo.: ***

AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ALMERÍA

***, mayor de edad, con DNI nº ***, Funcionario público (Profesor Titular de Universidad), con domicilio para notificaciones en C/ ***, Almería, en representación de si mismo por las facultades que el recurrente tiene conferidas conforme a lo establecido en el artículo 33.3 de la Ley Jurisdiccional, comparece y como mejor proceda en derecho, DICE:

            Que, al dirimirse este litigio por la vía del procedimiento abreviado, procede a formular la DEMANDA contra el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la UAL en sesión ordinaria del 22 de octubre de 2012 por el que se aprueba la normativa provisional para diversos departamentos, entre los que se encuadra mi área, todo ello con base en los siguientes HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO:

         HECHOS

            ÚNICO: El Consejo de Gobierno de la UAL aprobó el 22 de octubre del presente año un sistema “provisional” de designación de los órganos y cargos directivos de una serie de Departamentos cuya fusión fue acordada, que daba plenos poderes al rector para elegir sus cargos clave sin tener en cuenta la voluntad de los Consejos de Departamento.

               Así, el Director y el Secretario del Departamento serán elegidos por el rector, mientras que la Junta de Dirección (órgano que no aparece en los Estatutos de la UAL, sino en los reglamentos de Departamento y que sustituirá al Consejo de Departamento) estará integrada por “el Director, el Secretario, los responsables de las áreas que integren el Departamento, un miembro del Personal de Administración y servicios y un estudiante de los Departamentos de origen, ambos designados por el Rector”.

               

             Es decir, el rectorado se reserva la potestad de nombrar personalmente los cargos clave de los Departamentos, violando los Estatutos de la UAL, anulando provisionalmente los Consejos de Departamento y obviando las vías alternativas para la elección de los citados cargos de acuerdo con lo marcado en los Estatutos. De este modo, el rectorado anula un órgano estatutario de los departamentos y elige contra su criterio a sus cargos clave, imponiendo que una autoridad carente de la legitimidad democrática y legal suplante la voluntad de los nuevos Departamentos.

        

FUNDAMENTOS DE DERECHO

              PRIMERO. Ante todo, poseo plena legitimación activa para plantear el presente recurso. Así, mi condición de Profesor Titular y miembro del área de ***, afectada por la fusión de Departamentos que ha derivado en la aplicación del Acuerdo recurrido, me otorga el derecho de “participación en los órganos de gobierno, representación y gestión con arreglo a lo establecido en los presentes Estatutos” (art. 87 de los Estatutos de la UAL, en relación con el art. 91). Es decir, poseo un derecho subjetivo que se está viendo violado por la supresión del Consejo de Departamento en el que debería integrarme, así como por la arbitraria designación de unos cargos del Departamento a los que tengo pleno derecho a presentarme, derecho que se me ha negado al ser éstos designados por el rector.

   

              SEGUNDO. Una vez aclarado lo anterior, debemos centrarnos en el fondo del asunto. Disponen los Estatutos de la UAL refiriéndose al Consejo de Departamento:

Artículo 63.Concepto.

El órgano colegiado de gobierno del departamento es el Consejo de Departamento.

Artículo 64.Constitución, elección y duración.

1. El Consejo de Departamento estará constituido por el Director, que lo presidirá, el Secretario

y por:

a) Todos los Doctores del Departamento, además del profesorado adscrito al Departamento a

tiempo completo.

b) Una representación de los demás miembros del personal docente e investigador, equivalente al veinticinco por ciento, redondeado por exceso,  del número de los miembros referidos en el apartado anterior, siempre que haya suficiente número.

c) Una representación de los estudiantes de cualquier ciclo matriculados en titulaciones o programas en los que el Departamento desarrolle actividad docente, equivalente al treinta y seis por ciento del número total de miembros del Consejo a que se refieren los apartados a) y b). El reglamento de régimen interno del departamento  regulará el porcentaje de los estudiantes de doctorado, que en ningún caso podrá exceder del veinticinco por ciento del número de estudiantes.

d) Una representación del personal de administración y servicios equivalente a un cinco por ciento, del apartado a), elegido por y entre los  adscritos al Departamento, siempre que haya suficiente número.

e) Una representación de becarios de investigación equivalente al 5% del apartado a), siempre que haya suficiente número.

Vemos, pues, y en primer lugar, que el Consejo de Departamento es un órgano estatutario de la UAL, que no puede ser suprimido, temporal o definitivamente, sin violar los citados estatutos y negar el derecho de los miembros de la comunidad universitaria a participar en sus órganos de gobierno. Por ello, el Acuerdo recurrido comete una primera y gravísima violación de los Estatutos al eliminar dicho órgano estatutario y sustituirlo por una “Junta de Dirección” carente de todo apoyo legal.

            En relación con el Director y el Secretario del Departamento, disponen los Estatutos que:

Artículo 68.Elección y duración del mandato.

1. El Consejo de Departamento elegirá al Director entre los profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios adscritos al Departamento.

Artículo 69.Propuesta de nombramiento del Secretario y competencias.

1. El Director del Departamento propondrá, previa comunicación al Consejo de Departamento, para su nombramiento por el Rector, un Secretario entre los profesores y los miembros del  personal de administración y servicios con titulación superior que estén adscritos al Departamento.

                De este modo, los Estatutos no dejan lugar a dudas: el Director del Departamento debe ser elegido por sus integrantes, y el Secretario por el Director, sin que el rector tenga ninguna competencia para nombrarlos. Por ello, este nuevo punto del Acuerdo recurrido viola de forma taxativa los Estatutos de la UAL, tanto como el anterior, y vicia por completo su contenido, plenamente ilegal.

Y esto es así porque la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E. 24/12/2001),  modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, (B.O.E. 13/04/2) dice en su artículo 19: “Consejo de Departamento;  El Consejo de Departamento, presidido por su Director, es el órgano de gobierno del mismo. Estará integrado por los doctores miembros del Departamento, así como por una representación del resto de personal docente  e investigador no doctor en la forma que determinen los Estatutos. En  todo caso, los Estatutos garantizarán la presencia de una representación de los estudiantes y del personal de administración y servicios”.  Y en su articulo 25: “Directores de Departamento.  Los Directores  y Directoras de Departamento ostentan la representación de éste y ejercen las funciones de dirección y gestión ordinaria del Departamento. Serán elegidos por el Consejo de Departamentos en los términos establecidos por los estatutos, entre  los profesores y profesoras doctores con vinculación permanente a la universidad”.

            Debe destacarse que el gobierno inmediato de los Departamentos tras su fusión no es en absoluto incompatible con los Estatutos de la UAL y la Ley Orgánica de Universidades, existiendo alternativas al Acuerdo plenamente legales y factibles. La elaboración de un censo de sus integrantes y la convocatoria de elecciones al día siguiente de aprobarse la fusión para que, como nuevos Departamentos que son, configuren sus órganos de gobierno, no supone ninguna labor titánica ni requiere prácticamente tiempo (sobre todo si se hace con previsión), pues no hay más que sumar los censos de los viejos Departamentos como punto de partida para la integración de sus nuevas instituciones.

          Sin embargo, el rectorado de la UAL ha decidido aprovechar la fusión de Departamentos para, violando los Estatutos, colocar a quienes le resultan más atractivos en unos puestos vitales para el buen funcionamiento de los Departamentos y que sólo compete a sus integrantes integrar a través del voto.

         TERCERO. Por todo lo anterior, entendemos que el Acuerdo impugnado es nulo de pleno Derecho al contradecir radicalmente una norma de rango superior (art. 62.2 Ley 30/1992) violando el principio de jerarquía normativa (art. 9.3 CE). La totalidad del contenido del Acuerdo es, como hemos demostrado, incompatible con los Estatutos de la UAL, constituyendo un despropósito jurídico evidente. De no admitirse la nulidad de pleno Derecho, solicitamos que se declare la anulabilidad (art. 63 Ley 30/1992) instada por esta parte, dada la infracción del ordenamiento jurídico que supone su incompatibilidad con los Estatutos citados.

           

              CUARTO. En la presente demanda solicitaremos la suspensión cautelar del Acuerdo recurrido, lo cual hemos de fundamentar debidamente. Dispone  el ATS 3.ª de 17 de marzo de 1992 que como todas las medida cautelares, la suspensión responde a la necesidad actual de alejar el temor o el peligro a un daño futuro, lo que hace aconsejable mantener el estado o situación que tienen las personas, cosas o derechos, en el momento en que se solicita la medida, en el que no puede decidirse si el derecho esgrimido existe, y por ello si el sujeto activo lo ostenta frente al sujeto pasivo; todo ello vendrá resuelto por la sentencia definitiva, pero mientras tanto, los ciudadanos tienen derecho a que se respete su situación actual, porque han solicitado la tutela de los jueces y tribunales, ejercitando un derecho proclamado en el art. 24 CE, tutela que no solamente ha de entenderse referida a una sentencia fundada que ponga fin al proceso, sino también que ha de ser entendida en el sentido de obtener una tutela cautelar, que se eleva así a derecho fundamental de la persona.

             En el mismo sentido el ATS 3ª de 17 de enero de 1991 señala que el principio constitucional de efectividad de la tutela judicial (art. 24.1 CE) ha de proyectarse también sobre la ejecutividad del acto impugnado, lo que, dada la larga duración del proceso, reclama que ese control de la ejecutividad se adelante en el tiempo al que en las sentencias se lleva a cabo sobre el fondo del mismo.

            Efectivamente, la prolongación de los procesos judiciales no puede dejar desamparado al ciudadano durante el extenso periodo previo a la sentencia. En el caso que nos ocupa, no puede permitirse que los Departamentos estén dirigidos por cargos ilegítimos y contrarios a los Estatutos de la UAL, violándose los derechos a la participación y la representación de todos sus integrantes y sometiéndoles a los acuerdos que puedan tomar en perjuicio de su voluntad y sus legítimas expectativas. No puede permitirse que un Departamento esté dirigido por autoridades nombradas en contra del Derecho y de su voluntad durante el largo intervalo que pueda tardar en resolverse este proceso.

            Pero, es más, el Acuerdo recurrido afirma que se convocarán elecciones para cubrir los cargos y órganos departamentales “en el último cuatrimestre de 2012”. Vistas las alturas a las que estamos, recelamos mucho del cumplimiento de esta cláusula temporal, pero de ella se deduce que el rectorado no va a mantener esta situación insostenible durante años, sino durante meses, lo cual significa que, de no haber un pronunciamiento judicial rápido, el objeto del proceso podría quedar desvirtuado completamente.

           En este punto debemos recordar los requisitos de fumus boni iuris y periculum in mora que marca nuestra jurisprudencia para justificar una medida cautelar. Consideramos que la apariencia de buen derecho de nuestra pretensión resulta clara (la violación de los Estatutos de la UAL es evidente). En cuanto a los graves perjuicios derivados de la no ejecución de la medida, entendemos que, en primer lugar, el control del Departamento por una autoridad ilegítima perjudica a todos sus integrantes, incluida esta parte demandante, que, como convidados de piedra, deben renunciar a su legítima influencia en la toma de decisiones, permitiendo que otros les suplanten y decidan en contra de sus intereses.

           Dada la constante toma de decisiones esenciales para los intereses académicos y profesionales de los docentes (así como para la propia universidad) que caracteriza a un Departamento, y dado que todo el poder para tomar dichas decisiones se concentra en manos de las instituciones hoy usurpadas, los perjuicios derivados de todos los acuerdos y medidas que puedan tomar en contra de los intereses de sus compañeros resultan manifiestos, aparte del notable e inaceptable ataque contra la dignidad de los docentes, incluido yo, que constituye la humillación de perder los derechos democráticos que consagran los Estatutos de la UAL, viendo sustituida nuestra voluntad por la de una autoridad ilegítima.

          Por otro lado, debemos reiterar que es sumamente probable la no vigencia del Acuerdo recurrido en el momento en que se dicte esta sentencia, por lo que de poco nos valdría obtenerla entonces mientras ahora, en el momento donde la Justicia puede hacer algo por nosotros, nos vemos desamparados. En consecuencia, la no aplicación de la medida cautelar haría perder su finalidad legítima al recurso con carácter indudable, lo cual exige su aplicación conforme al art. 130 Ley 29/1998. Precisamente por este motivo (unido a los gravísimos perjuicios derivados del mantenimiento del Acuerdo impugnado) debemos reclamar que la solicitud de medida cautelar se sustancie por el procedimiento de urgencia marcado en el art. 135 Ley 29/1998

                                    En virtud de lo anterior, SUPLICO:

Que, mediante el presente escrito, se tenga por formulada la demanda frente a la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería de la normativa provisional para los departamentos, y, previos los trámites legalmente preceptivos, dicte sentencia estimando la demanda en su integridad y se acuerde lo siguiente:

1)         Nulidad del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la UAL en sesión ordinaria del 22 de octubre de 2012 por el que se aprueba la normativa provisional para los departamentos.

            Es de Justicia.

OTROSI DICE: Que la cuantía de este recurso es indeterminada.

Por lo que nuevamente suplica al Juzgado lo acuerde de conformidad y a sus fines.

También es de Justicia.

SEGUNDO OTROSI DICE:  Que, conforme a los argumentos ya citados, solicitamos la suspensión cautelar del Acuerdo recurrido, así como su tramitación por el procedimiento del art. 135 Ley 29/1998.

Por lo que nuevamente suplica al Juzgado lo acuerde de conformidad y a sus fines.

También es de Justicia.

Almería, 12 de noviembre 2012

Fdo.: ***