La sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha suspendido cautelarmente la sanción que me impuso el Rector D. Pedro Molina de 4 años y 3 meses por un supuesto trato irrespetuoso con un superior, que era él mismo, tras haberlo denunciado yo a él y a D. José Luis Martínez Vidal, Rector Ocasional y actual Vicerrector de Investigación, por prevaricación y otros delitos penales ante el Fiscal Jefe D. Antonio Pérez Gallegos.
La sentencia emitida es firme y no cabe recurso alguno, por lo que, de no ser D. Pedro Molina más corrupto de lo que yo considero que ya es, habré de incorporar a mi puesto de profesor e investigador de la Universidad de Almería. En ella se reconoce que una suspensión de funciones como la que he sufrido conlleva no solamente perjuicios de carácter económico, sino también morales, pues implica una tacha en el prestigio del funcionario frente a la sociedad.
La sentencia es un duro varapalo al Rector, D. Pedro Molina, y al Gabinete Jurídico de la UAL dirigido por Dña. Carmen Pilar Pulido Egea, quienes habían solicitado la no suspensión de la sanción. También lo es para el Juez D. Antonio Luis García Valverde, quien en febrero no había concedido la suspensión en primera instancia en un auto que, a mi juicio, no estaba fundamentado e incluso estaba basado en falsos testimonios de los mencionados D. Pedro Molina y D. José Luis Martínez Vidal, sobre los que ni el referido juez ni el Fiscal Jefe D. Antonio Pérez Gallegos no han querido hacer nada, pese a mi insistencia, de forma que, entiendo yo, asumen ellos también responsabilidades. No entran los magistrados del TSJA a valorar el perjuicio a terceros que se alegó y sobre el que, según mantengo, el vicerrector D. José Luis Martínez Vidal incurrió en un supuesto delito penal de atentado contra la administración de Justicia, con la consecuencia de que me ha producido perjuicios y daños morales.
La valoración general que hago es positiva porque considero que se empieza a hacer Justicia conmigo, aunque también estimo que el magistrado D. Antonio Luis García Valverde debía haberla hecho antes, incurriendo en una supuesta falta de profesionalidad tanto él como el Fiscal Jefe D. Antonio Pérez Gallegos, quienes siguen sin querer actuar ante la comisión de delitos penales por las ya mencinadas autoridades de la Universidad de Almería.
