Amparo de algunos jueces a lo que yo entiendo abusos de la ANECA y de sus colaboradores

Los jueces de la Sección 6ª de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional han amparado lo que yo entiendo anomalías graves de la ANECA y ello a pesar de que un informe de expertos encargado por el Ministerio de Educación llamaba la atención sobre las ilegalidades, de las que no han querido saber nada los referidos jueces, que son: Ana Isabel Resa Gómez (la que ha redactado la sentencia), María Asunción Salvo Tambo, Concepción Mónica Montero Elena, Lucía Acín Aguado y Javier Eugenio López Candela, que la han suscrito.

Adelanto, antes de analizar en detalle la sentencia, cuáles entiendo yo que son los tres puntos cruciales:

            1) Confidencialidad. La ANECA sigue protegiendo la identidad de los expertos que emiten cada informe hasta que el asunto llega al juzgado, en el que se rompe esa opacidad, si se pide la información. Los jueces no han querido pronunciarse al respecto de esta mala práctica que favorece la corrupción. Incluso no me han permitido que Maribel Fierro y Francisco Franco, los primeros expertos a los que la ANECA pidió que emitieran los informes, aclararan porqué renunciaron a hacerlo dejándome unos y otros en indefensión, pues después me juzgaron personas de otras áreas de conocimiento diferentes a la mía.

            2) La falta de profesionalidad. Según la ANECA y los referidos jueces, te pueden evaluar profesionales de otras áreas distintas a la tuya, siempre y cuando sean de “artes y humanidades”, sin que los magistrados se refieran a cuál es el respaldo legal de su decisión.  La ley 7/2007 del Estatuto del Empleado Público, sin embargo, requiere, en su artículo 55, “profesionalidad de los miembros de los órganos de selección”. No creo que sean expertos en lo mismo un profesor de árabe y otro de música.

            3) La falta de responsabilidad. En realidad, las calificaciones no las conceden los supuestos expertos, sino la Comisión y sin desglose pormenorizado. Es como cuando antes te daban la factura con el montante total sin desglose de los artículos. De esa forma no se puede comprobar si es discrecionalidad técnica, que es lo que dice la ANECA y los referidos jueces, o arbitrariedad, como sostengo yo. Huele mal. Según la Comisión y así también lo aceptan los referidos jueces, los informes de los expertos no sirven de nada pues no son vinculantes, ni siquiera en la parte técnica y académica, de modo que los miembros de la Comisión pueden aprobar a alguien que cuente con pésimos informes y suspender a otro al que le hayan emitido muy buenos informes. En uno y otro caso, los informes no llevan nota, por lo que ésta la dan los de la Comisión a su libre albedrío. Es alucinante y más que los mencionados jueces permitan este claro abuso de poder.

            En el informe entregado al Ministro de Educación el 12 de febrero de 2013 por una Comisión de Expertos, entre  los que se encuentran profesores universitarios de Derecho, se dice que “todo el proceso de acreditaciones de la ANECA ofrece serias dudas, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el académico” y se destaca que la ANECA es opaca, vulnerando el Estatuto del Empleado Público (Ley 7/2007, BOE núm. 89 del 13-IV-2007), que obliga a la transparencia del procedimiento en su Art. 55.2.b y el art. 55.c, que requiere “profesionalidad de los miembros de los órganos de selección”; y la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas que en el Art. 35ª) y B) establece el derecho “a conocer en todo momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que están interesados y a obtener copias de los documentos contenidos en ellos” y a “identificar las autoridades  y el personal de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos” (el procedimiento acreditador de la ANECA es secreto o confidencial, hasta que llega a vía judicial). Además, concluye el informe, “la ANECA suprime de hecho las garantías que establece el Cap. III (Abstención y Recusación) de la citada ley de Procedimiento Administrativo”. Los jueces de la sección sexta de la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional han hecho oídos sordos a lo que denuncia este informe.

            ¿Qué se puede hacer ante esta situación? A la vista de lo que considero amparar una clara injusticia por parte de los magistrados que he mencionado, es evidente que por vía judicial es más que difícil conseguir algo (no había jurisprudencia y sigue sin haberla y se refugian siempre en una presunta “discrecionalidad técnica”, sin atreverse a calificar lo que es una clara arbitrariedad como lo que es. Por ello lo que queda creo que es, por una parte, dar publicidad a las actuaciones de unos (miembros y colaboradores de la ANECA) y otros (jueces que no quieren entrar en el fondo), citándolos con nombres y apellidos a ver si se avergüenzan de sus actos. Eso es lo que hago ahora y seguiré haciendo, incidiendo especialmente en los de mi área. En cuanto pueda, en actos públicos trataré de dejarlos en evidencia, procurando que quede constancia de ello. Y por otro lado, considero que es importante que colectivos varios vayan exigiendo que acaben estos claros abusos que no favorecen la calidad. Los dos primeros puntos nos los planteamos en la Sociedad Española de Estudios Árabes (SEEA) y fueron aprobados por su Asamblea General. Se han remitido los acuerdos a socios y a otras instituciones, si bien creo que hay que seguir insistiendo hasta que dejen de realizarse estas malas prácticas. Y el punto 3), que se cae por su propio peso, habrá que tratarlo (lo pido ya) y que se pronuncie la Asamblea de la SEEA y otros colectivos de profesionales afectados.