El 31 de enero, en el Consejo del
Departamento de Filología, el Director, D. Francisco Álamo, afirmó que había
una propuesta del Vicerrector de Profesorado, D. José Joaquín Céspedes, para la
modificación de la ordenación docente de mi área de conocimiento. Según esa
propuesta se eximía a Luisa Arvide de impartir docencia (sin reducción de
sueldo. Esto lo añado yo), a mí se me imponía que tenía que impartir unas
determinadas asignaturas, sin posibilidad de ejercer mi derecho a comprobar y
elegir, y para el resto de la docencia se contrataría a una persona (utilizando
para ello recursos públicos. Esto también lo añado yo, aunque resulta obvio).
Todo ello ante mi estupor y
oposición. Directamente, Francisco Álamo lo sometió a votación y se aprobó por
mayoría (el único voto en contra fue el mío). Entre los votos a favor estaba el
de D. Juan Luis López Cruces, representante del PDI (Personal Docente e
Investigador) en el Consejo de Gobierno que, con ello, venía a vulnerar,
sorprendentemente, los derechos reconocidos de un miembro del PDI.
Lo curioso del caso es que D.
José Joaquín Céspedes dice no haber hecho ninguna propuesta. Alguien, el Sr.
Céspedes o el Sr. Álamo, miente, evidentemente, y yo pido responsabilidades por
ello pues me ha afectado sobremanera (aquí estoy denunciado cuando podía estar
avanzando en las muchas investigaciones que tengo pendientes). Yo,
personalmente, creo que ambos, por acción o por omisión, han hecho una
auténtica chapuza.
Y para tratar de tapar esa
chapuza sólo se les ocurre hacer otra chapuza mayor y es que la propuesta que
tendría que someterse a aprobación en el Consejo de Gobierno quede en el limbo (seguramente
por lo impresentable e indefendible que era, aunque lo mismo si no lo llego a
denunciar, se presenta al Consejo y se aprueba). Y, en su lugar, se acuerda que
el Vicerrectorado usurpe las atribuciones del Consejo de Departamento y
convoque por separado a los profesores para distribuir la docencia y pedir la
contratación de un profesor sustituto interino (que también es competencia,
entiendo, del Departamento el solicitarlo).
Si estoy denunciando que no hay
coordinación de la docencia en mi área y que debe de haberla, no solo para que
no se vean perjudicados los alumnos, sino también por un elemental principio de
profesionalidad pues somos funcionarios públicos que hemos de cumplir con el
desempeño de nuestras obligaciones, el colmo es que las autoridades no solo
amparen el incumplimiento sino que lo fomenten, al entender que no debemos ni
reunirnos conjuntamente para distribuir la docencia. Esto ya rebasa todos los
límites. ¿Quién habrá sido el lumbreras que ha ideado este sinsentido?
Yo ya me temía que no se hiciera
nada constructivo y lo que se pretendiera es salvarle la cara a unas
autoridades (José Joaquín Céspedes y Francisco Álamo) que entiendo han abusado
del poder que tienen, extralimitándose en sus funciones, en detrimento de un
funcionario que quiere que su universidad funcione correctamente, y me lo temía sobre todo
porque no se hizo público el acuerdo, un acuerdo que me afecta y del que, en
ningún momento, se me dio a conocer para opinar sobre él hasta ser aprobado y
pedirme que me someta a él (ya anuncié al Consejo de Gobierno que no acataría
algo que me pareciera manifiestamente ilegal, asumiendo mis responsabilidades y
exigiéndoselas a quienes pretendieran que se ejecutara). Además, era sospechoso
que se planteara como necesidad de un nuevo acuerdo cuando lo que hay que hacer
es aplicar la legalidad vigente y si ésta es incompleta, completarla. Y también
por el hecho de que se haya tardado 7 días y ya con las clases iniciadas para
adoptar semejante sinsentido.
Ya le he solicitado al Rector y
Presidente del Consejo de Gobierno, D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, que se
dejen de chapuzas y apliquen la legalidad lo antes posible, en beneficio de
todos.
Mientras tanto, no me consta que
la Inspectora de Servicios, Dña. María Belén Sainz-Cantero Caparrós, haya hecho
nada con respecto a la denuncia que le formulé de que Dña. Luisa Arvide haya
dejado de impartir más de la mitad de las clases que tenía asignadas (eso sí,
cobrando el sueldo íntegro) y dificultando cualquier tipo de coordinación en
las asignaturas en las que me había sustituido durante mi baja.
El mal olor que empieza a haber
en el Campus Universitario de Almería, como no se haga nada constructivo que lo
elimine, seguro que llegará bastante lejos, hasta los contribuyentes que
sostienen, con el pago de sus impuestos, este centro que debería ser de
sabiduría y no de pillería.
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