25/10/11

Notificación de la sanción

El rector de la Universidad de Almería, Pedro Molina, me ha notificado que me impone la sanción de "suspensión firme de funciones de 4 años y 3 meses, lo que lleva aparejado que el funcionario (osea yo) queda privado del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a su condición", por lo que he de dejar de utilizar a partir del 1 de noviembre de 2011 cuantos bienes muebles e inmuebles -ubicados en la Universidad- viniera usando por mi condición de Profesor Universitario durante ese tiempo.
Es decisión de Pedro Molina, Rector de la UAL, a quien he denunciado por prevaricación, fraude, tráfico de influencias y acoso laboral. Entendiendo yo que su decisión no es sino fruto de una represalia y acoso laboral.
Según Pedro Molina, que, a mi entender ha actuado de juez y parte, soy culpable de grave perturbación del servicio, de grave desconsideración con los superiores (con él en concreto) y soy culpable de atentar gravemente contra la dignidad de los funcionarios (otra vez él) o de la administración (la Universidad de Almería).
Pedro Molina, como rector, puede impedirme que deje de dar clases y deje de investigar en el seno de la Universidad de Almería, hasta que un juez se lo impida. Pero no podrá pararme en otros ámbitos en los que seguiré trabajando.
Pedro Molina puede quitarme temporalmente el despacho, pero no los pasillos, en los que podréis encontrarme o junto a su despacho, protestando al tiempo que trabajando en mis proyectos de investigación.
A mí me parece una injusticia y por eso voy a luchar para que se me restituya en mis funciones.
Por la larga experiencia que ya tengo (hace 15 años me pusieron una sanción leve -ésta la han catalogado como grave- también por un supuesto trato irrespetuoso con un superior. Pedro Molina entonces era vicerrector en lugar de rector --lleva más de 20 años agarrado al poder--), éste no va a anularla sanción de ningún modo (sería reconocer que ha resuelto injustamente y a
sabiendas, osea, que ha prevaricado). En la otra ocasión, aunque la sanciónera solo una mancha temporal en mi expediente, que desaparecía en unos meses y no suponía nada más, considerándola yo más bien un mérito, se movilizaron algunos sindicatos y también un colectivo de ciudadanos, de forma que el rectorado acabó por inventarse "la inejecución con efectos retroactivos", de forma que la sanción no se llegaba a ejecutar y la medida tenía efectos retroactivos de modo que había que entender como que no se había llegado a imponer. Yo mantuve el contencioso y finalmente, tras varios años, me dieron la razón los jueces que se ocuparon del tema y anularon la sanción, si bien, dado que iba sólo por el contencioso administrativo, no tuvo ninguna consecuencia para el Rector, salvo una declaración de los jueces de que había cometido abuso de poder, entre otras cosas.
Caben, por tanto, muchas actuaciones. Yo particularmente voy a ejercitar lasque se me vayan ocurriendo y estén a mi alcance y, lógicamente, agradeceré todas las que partan de otras personas o colectivos.
El Fiscal, Antonio Pérez Gallegos, sigue sin querer saber nada, al igual que el Presidente del Consejo Social de la UAL, Joaquín Moya-Angeler, que también lo es de las de toda España. Asimismo, el Ministro de Educación Ángel Gabilondo, como Presidente del Consejo de Universidades, en el que está Pedro Molina. La Inspección de Trabajo siguesin contestar y el Juzgado de Instrucción sigue sin poner fecha al acto de conciliación que pedí (mi abogada está más que extrañaba y dice que no es nada normal). A todas esas instancias les voy a seguir denunciando los hechos, hasta que se pronuncien y, si no lo hacen, dejaré constancia de ello, difundiéndolo. He pedido que se pronuncie el Consejo de Departamento y estoy a la espera de qué hace la Junta de Personal Docente e Investigador.
Me parece sangrante que sea el mismo Pedro Molina, al que he denunciado públicamente, el que me sancione, actuando de juez y parte, precisamente por darle difusión a mis denuncias contra sus actuaciones. Entiendo que no es sino una represalia ante mis denuncias y un intento de acallar cualquier crítica que se le quiera hacer. Me parece indigno que, en lugar de denunciarme él ante un juez o la fiscalía, para que una autoridad independiente y no él investigue todos los hechos y pida responsabilidades a mí o a quien proceda, se tome él mismo, como Rector, la justicia por su mano. Pero no me extraña pues esto no hace sino confirmarme que Pedro Molina actúa de forma corrupta. Desde mi punto de vista, si existe corrupción, a cualquier nivel, es porque los ciudadanos lo permitimos y con nuestro silencio o con nuestra resignación, no hacemos sino darle carta de naturaleza. Y más las instancias competentes, como la fiscalía y otras en este caso, que tienen como cometido actuar contra la corrupción. Para mí, que no se haga nada ante ello es más grave que el hecho mismo de que Pedro Molina actúe de forma corrupta. Es por eso por lo que lo que realmente me habría minado es el no haber hecho lo que estoy haciendo, procurando eso sí no poner todas mis fuerzas en una única cosa (aprendí a diversificar y a ser realista y práctico, sin perder el tener ideales) y sabiendo que mi batería interna se sigue recargando constantemente con las diversas actividades que realizo, tanto académicas como personales. En lo que algunos han calificado de travesía del desierto, seguramente encontraré muchos oasis (algunos ya sé donde están), pero otros serán inesperados para mí y, sin duda, harán que esto merezca la pena, de cualquiera de las formas.
No espero nada, pero no será la nada en lo que yo quiera quedarme, por lo que sigo adelante con todas mis actividades, actuando responsablemente y pidiendo responsabilidades a los responsables.

Respuesta a Dña. María Luisa Trinidad, Secretaria General de la UAL

Comunicado en respuesta al realizado por Dña. María Luisa Trinidad, Secretaria General de la Universidad de Almería:

Le agradezco, Sra. Trinidad, la sensibilidad y la profesionalidad, como profesora de derecho, que demuestra en el comunicado que hizo público el pasado 30 de septiembre.

Según Usted, debo denunciar el acoso laboral que considero que vengo sufriendo al acosador o a una persona que trabaje para él. Es como si la persona maltratada hubiera de denunciar el maltrato al maltratador. Excelente consejo, que lamento no haber seguido, pues lo he denunciado al Fiscal Jefe, D. Antonio Pérez Gallegos, a la Junta de PDI de la Universidad y a la Inspección de Trabajo, aparte de públicamente para intentar mitigar sus efectos. Seguramente me he equivocado y esas instancias no son las adecuadas y no investigarán nada. Sin duda, el Rector o alguna autoridad nombrada por él sí habrían llegado al fondo y hubieran aclarado si me están acosando o no.

El procedimiento que se ha seguido en el expediente sancionador que se me abrió ha sido “sumamente garantista de los derechos de la persona afectada”, como Usted dice. No cabe la menor duda. El Rector, D. Pedro Molina, al que denuncié, es quien pidió que abriera diligencias previas a su inspector, D. Antonio Sánchez Cañadas, a quien había denunciado yo diversas veces por tapar denuncias de irregularidades producidas en la Universidad. Éste le dijo a aquél, para el que trabaja, que se me debía abrir un expediente sancionador, entre otras cosas, por trato irrespetuoso con un superior, que es él, el Rector, y por atentado grave contra la Administración, a la que él representa, y aquel le pidió a éste y a su Director del Secretariado de Deportes, D. Raúl Pérez Guerra, que instruyeran el expediente. La recusación que presenté contra los instructores la desestimó el Rector, D. Pedro Molina, y la que formulé contra él no la aprobó el Consejo de Gobierno en el que él tiene mayoría. Las solicitudes de prueba que le he solicitado al instructor las ha desestimado, pues, según él no aportan nada, dado que ya está todo claro. Sin duda, es sumamente garantista. La sanción la tenía garantizada yo. Sólo había que determinar el tiempo de sanción: cuatro años y tres meses de suspensión de mis funciones.

He tenido acceso al acta que Usted levantó del Consejo de Gobierno que trató la recusación que había presentado yo contra el Rector, D. Pedro Molina, si bien no he podido leer quiénes eran los asistentes ni que hubiera una votación y cuál fue el resultado de la misma, por no consignar Usted esos extremos. Me temo que entre los asistentes se encontraban D. José Luis Martínez Vidal, a quien había denunciado por participar en lo que considero un concierto delictivo para que una determinada persona consiguiera una cátedra, Usted misma, a quien denuncié por los mismos hechos, y otras personas nombradas por el propio D. Pedro Molina, que votarían en contra de la recusación. No tengo nada personal contra él, sí contra algunas de sus actuaciones como Rector, que he denunciado públicamente. Y entiendo que el expediente sancionador que me ha abierto él mismo y que llevará a que él mismo me sancione ante la propuesta de sanción de la persona que ha nombrado también él mismo, no es sino una represalia por las denuncias que formulé contra él, lo que desde mi punto de vista no es sino una prueba más del acoso laboral que sufro.

Dígame, por favor, Sra. Trinidad, si miente o no D. Pedro Molina cuando en la contestación a la suspensión cautelar al juez D. Jesús Rivera Fernández, le dice que “la Universidad de Almería ha convocado la plaza de Catedrático de Árabe por existir necesidades docentes, siendo imprescindible el cubrir tal puesto de Profesor antes del comienzo del Curso próximo, a fin de evitar daños a los universitarios que accederán a las aulas en el mes de septiembre de 2011”. Para mí, es mentira lo que dice, pues incluso, cuando lo dice, la cátedra la había obtenido la persona para la que se había pensado: una profesora que ya tenía su plaza en la Universidad de Almería. Pero quizá el problema es que diga yo que el Rector, D. Pedro Molina, está mintiendo, pues ello, al parecer, no es sino un trato irrespetuoso con un superior y un atentado grave contra la institución que representa, independientemente de que sea verdad o mentira. Lo siento, pero lo digo: El Rector, D. Pedro Molina miente, una vez más, y lo digo porque no quiero que se me indigesten las mentiras del actual Sr. Rector, como tampoco las que creo que Usted, por acción o por omisión, también realiza (y se las puedo detallar). Sanciónenme. Seguramente me lo merezco por no querer mentir y decir las cosas como las constato, con nombres y apellidos, para que cada cual nos responsabilicemos de lo que hacemos y nadie trate de utilizar las instituciones o los cargos como parapetos.

Me sancionarán, sin duda, pero trataré de que no consigan acallarme.

Jorge Lirola Delgado (Profesor Titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Almería)

Más información en:

http://www.youtube.com/watch?v=AH7wZeGBMg4 (Indignado con la corrupción en la Universidad)

http://www.youtube.com/watch?v=hAz9lbj3Rg0 (La actuación del fiscal ante la corrupción universitaria)

http://www.youtube.com/user/alandalus222#p/a/u/0/xcfsMjEmE5o

Posición de la JPDI en el caso del expediente abierto a Jorge Lirola:

Reproduzco el comunicado de la Junta de PDI (Personal Docente e Investigador) de la Universidad de Almería:

La junta de PDI, en reunión plenaria constituida en sesión extraordinaria el día 20 de septiembre de 2011, en relación con la solicitud de amparo a esta Junta presentada por el profesor Jorge Lirola así como con el expediente abierto por la Inspección de Servicios de la Universidad de Almería a este profesor, y teniendo como objetivo que se garanticen los derechos del trabajador en todas las circunstancias

HA ACORDADO EXPRESARSE ANTE EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

PRIMERO.- El profesor Jorge Lirola ha solicitado amparo a la junta de PDI por un posible caso de acoso laboral por parte del Inspector de Servicios y del Rector de esta Universidad. Entendemos que, sin entrar a valorar los hechos, un posible caso de acoso laboral es un hecho lo suficientemente grave como para activar los protocolos de identificación y de actuación en este tipo de situaciones. Es por lo que

SOLICITAMOS

Que se active el protocolo para la detección de situaciones de acoso laboral y que en todo caso actúe la Vicegerencia de Coordinación y Seguimiento de los Servicios, responsable de dicho protocolo.

SEGUNDO.- Esta junta no entra a valorar la corrección o el ajuste a derecho de la apertura de expediente al profesor Lirola por los hechos y manifestaciones que se le imputan. No obstante, con el objetivo de preservar las máximas garantías para el trabajador, entendemos que no es conveniente que aquellas personas que sean parte directamente afectada en los hechos se encuentren a su vez en el proceso de instrucción del expediente y de sanción. Es por lo que

SOLICITAMOS

La paralización del expediente sancionador del profesor Jorge Lirola hasta que se tengan informes de juristas y de expertos en derecho administrativo que ofrezcan puntos de vista independientes donde se pronuncien sobre si procede llevar a cabo el procedimiento de expediente sancionador en este caso y, en el caso de que proceda, en cómo hacerlo.

TERCERO.- Aun en el caso de que se haya actuado conforme a lo que solicitamos en el punto anterior, esta junta estima desproporcionada la petición de sanción realizada como conclusión a dicho expediente (que hemos conocido a través de la documentación aportada por el profesor Lirola y de sus manifestaciones públicas). Entendemos que la sanción propuesta no está en consonancia con la supuesta gravedad de los hechos o el perjuicio que haya podido ocasionar tanto a la Universidad de Almería como al normal desempeño de la actividad universitaria, habida cuenta de las sanciones impuestas a otros compañeros, en casos anteriores, en los que el perjuicio a la universidad o la actividad universitaria era claramente mayor. Es por lo que

SOLICITAMOS

La suspensión de la sanción prevista o, en su defecto, que se le aplique la sanción mínima establecida en la legislación.

Además de garantizar los derechos del trabajador, la intención de la Junta de PDI es preservar las buenas prácticas y la imagen de la institución universitaria a la que pertenecemos, la del Rector, y la de toda la comunidad universitaria.

Almería 22 de septiembre de 2011.

14/9/11

Adivina, adivinanza

Hoy he presentado una recusación para que Pedro Molina, Rector de la Universidad de Almería, al que he denunciado públicamente por prevaricación, fraude, tráfico de influencias, difamación y acoso laboral, no sea quien actúe como juez y parte en el expediente sancionador que él mismo decidió incoarme por tal denuncia y tampoco se acepte que sea él el que nombre al que instruye el expediente, a su inspector de servicios (que me quiere suspender cuatro años y tres meses).
¿Quién va a ser el que resuelva la recusación? y ¿en qué sentido la va a resolver?
Pista para los que les cueste adivinarlo: En la Universidad de Almería (y es posible que en más universidades) se ha permitido que sea una profesora (Luisa Arvide Cambra) la que nombre al tribunal que iba a juzgarla a ella y a otros posibles candidatos para una cátedra y eligió a Francisco Franco, María Jesús Viguera y Josep Puig, que la valoraron, curiosamente, 100 sobre 100. Había hablado con otros catedráticos, pero como no tenía seguridad de que la fueran a votar, pues decidió no proponerlos.

10/9/11

Actuación del Fiscal

Os agradezco a todos aquellos que os hayáis interesado por el tema y hayáis enviado mensajes a distintas instancias (según pedía en: http://1001denuncias.blogspot.com/2011/06/como-digo-en-otro-lugar-creo-que-tan.html)
Esas instancias que deberían tomar cartas en el asunto, como el Fiscal, quieren quitarse el muerto de encima y no quieren investigar los hechos, en una acción que a mí me parece muy poco profesional. A aquellos que escribisteis al Fiscal y hayáis recibido una contestación evadiendo el tema, os propongo el envío del siguiente mensaje (a enviar a atencionalciudadano.fge@fiscal.es y fiscalia.al.ius@juntadeandalucia.es):
Estimadas/os Señoras/es:
Les agradezco su contestación al correo electrónico que les remití al tener conocimiento de la denuncia que formuló Jorge Lirola Delgado contra el Rector de la Universidad de Almería, Pedro Molina García, y en relación a la misma quiero comunicarles varias cosas:
1) Como podrá comprobar por la contestación adjunta del Fiscal Jefe de Almería, éste reconoce que no procedió a practicar diligencia alguna, sin tomar declaración a los testigos ni comprobar los hechos denunciados, que son relativos a prevaricación y fraude, ambos delitos según el código penal.
2) Jorge Lirola amplió la denuncia con otros hechos, entre los que el más grave es el acoso laboral que dice sufrir por parte del Rector de Almería, sin que hasta ahora conste que haya procedido el Fiscal de Almería a investigar la denuncia y llegar al fondo de la misma. Le adjunto una de las últimas comparecencias realizadas por el denunciante y que éste me ha hecho llegar donde se refiere a ello.
A la vista de los hechos y de lo que el denunciante pide y yo mismo pedí en la solicitud anterior que le formulé, entiendo que se deben investigar los hechos denunciados y pedir responsabilidades, de forma que si el Fiscal comprueba que son falsas las denuncias formuladas exija responsabilidad a Jorge Lirola Delgado, como él mismo pide, o si comprueba que son ciertas esas denuncias, emprenda las acciones oportunas contra los infractores. Le reitero que el tema, por su gravedad, no puede quedar sin ser investigado y, de una u otra forma, no puede quedar impune. Y ello ha de investigarlo el Fiscal y pedir responsabilidades a quien corresponda y no permitir que sea el propio denunciado el que tome responsabilidades disciplinarias al denunciante en lo que podría ser un abuso de poder.
Atentamente
Quien no haya mandado los mensajes antes y quiera unirse a quienes sí lo han enviado, os hago otra propuesta, a enviar igualmente a atencionalciudadano.fge@fiscal.es y fiscalia.al.ius@juntadeandalucia,.es), modificando ligeramente la anterior:
Estimado Señor Fiscal:
He tenido conocimiento de la denuncia que formuló Jorge Lirola Delgado contra el Rector de la Universidad de Almería, Pedro Molina García, y en relación a la misma quiero comunicarles varias cosas:
1) Como podrá comprobar por la contestación adjunta del Fiscal Jefe de Almería, éste reconoce que no procedió a practicar diligencia alguna, sin tomar declaración a los testigos ni comprobar los hechos denunciados, que son relativos a prevaricación y fraude, ambos delitos según el código penal.
2) Jorge Lirola amplió la denuncia con otros hechos, entre los que el más grave es el acoso laboral que dice sufrir por parte del Rector de Almería, sin que hasta ahora conste que haya procedido el Fiscal de Almería a investigar la denuncia y llegar al fondo de la misma. Le adjunto una de las últimas comparecencias realizadas por el denunciante y que éste me ha hecho llegar donde se refiere a ello.
A la vista de los hechos y de lo que el denunciante pide y muchos ciudadanos han pedido también, entiendo que se deben investigar los hechos denunciados y pedir responsabilidades, de forma que si el Fiscal comprueba que son falsas las denuncias formuladas exija responsabilidad a Jorge Lirola Delgado, como él mismo pide, o si comprueba que son ciertas esas denuncias, emprenda las acciones oportunas contra los infractores. Le reitero que el tema, por su gravedad, no puede quedar sin ser investigado y, de una u otra forma, no puede quedar impune. Y ello ha de investigarlo el Fiscal y pedir responsabilidades a quien corresponda y no permitir que sea el propio denunciado el que tome responsabilidades disciplinarias al denunciante en lo que podría ser un abuso de poder.
Atentamente
Muchas gracias a todos los que hayáis llegado hasta aquí. Aunque inicialmente me impongan la sanción, que entiendo que es un intento de represalia por parte del Rector, Pedro Molina García, y su inspector de servicios, Antonio Sánchez Cañadas, y pone en evidencia lo corruptos que son uno y otro estoy convencido de que, exigiendo responsabilidades a los corruptos, se puede conseguir establecer un referente positivo que ayude a otros muchos que están en peor situación que yo pues el rodillo de la prepotencia los ha machacado anímicamente.

¿Qué son Pedro Molina y Antonio Sánchez Cañadas?

Por estar seguro yo de que Pedro Molina, Rector de la Universidad de Almería, había prevaricado y también había participado en un fraude y tráfico de influencias, delitos penales, en el tema de la convocatoria de una cátedra, lo denuncié ante el Fiscal Jefe de Almería.
Ante ello, Pedro Molina decidió que el inspector de servicios nombrado por él, Antonio Sánchez Cañadas, me abriera información reservada primero y después un expediente disciplinario, basado, básicamente, en que atento contra la Universidad de Almería, por haber hecho pública mi denuncia contra él sin que haya sentencia firme. Por mi parte, amplié la denuncia a acoso laboral, calumnias y difamación, considerando que Pedro Molina es un rector corrupto.
Recusé a Antonio Sánchez Cañadas como instructor, pues anteriormente lo había denunciado públicamente por no cumplir con sus funciones de inspector de servicios al tapar irregularidades que denunciaban alumnos. Pedro Molina, como cabía esperar, no aceptó la recusación y quiere que me juzgue su inspector de servicio y emitir el veredicto final él.
Mientras tanto, el Fiscal Jefe, Antonio Pérez Gallegos, después de 34 jornadas esperando de 9 a 2 a que me reciba, no quiere saber nada y me insiste a través de otra persona de la Fiscalía que, si lo creo oportuno, presente una querella contra Pedro Molina. Yo le insisto en que le pagamos para que investigue los hechos y, si cree que es falsa mi denuncia, me pida responsabilidad a mí por persistir en una falsa denuncia, pero si son ciertos, actúe contra Pedro Molina. Y le insisto en que, para mí, si es grave que Pedro Molina actúe de forma corrupta, más grave sería que quien tiene que velar para exigir las responsabilidades ante casos de corrupción o falsas denuncias, no quiera cumplir con su trabajo. Adjunto acta de una de las comparecencias y el escrito donde indica que archiva la primera denuncia, sin investigarla.
Si Pedro Molina fuese una persona íntegra debía pedirle al fiscal que investigue los hechos y que tras ello exija responsabilidades a quien corresponda, como estoy pidiéndole yo, o se querellaría directamente contra mí, para que un juez independiente analice los hechos y se pronuncie al respecto. Pero lo que resulta inaceptable, desde mi punto de vista, es que Pedro Molina quiera ser juez, siendo parte, y más porque creo que se ha arrogado la competencia de incoar el expediente disciplinario sin que la tenga, pues estimo que el órgano competente es el Consejo de Gobierno.
Antonio Sánchez Cañadas da por sentado que mis denuncias son falsas, sin comprobarlas, y me ha denegado mi petición de prueba en las alegaciones que he hecho en el expediente disciplinario. Me deja así en total indefensión.
Por todo ello, mi conclusión es clara: Pedro Molina y Antonio Sánchez Cañadas son unos corruptos y prueba de ello es la forma como me van a imponer la sanción de suspensión. Quieren que sean cuatro años y tres meses. Les hubiera gustado que hubiese sido en agosto, pero al menos habrán de esperar a inicios del curso.
No sé si piensa hacer algo Joaquín Moya-Angeler, Presidente del Consejo Social de la Universidad, como le ha pedido mucha gente, o alguna otra instancia universitaria, o el propio Fiscal.

28/7/11

Sanción que quieren imponerme por denunciar al Rector

Acabo de tener conocimiento de la sanción que me quiere aplicar Antonio Sánchez Cañadas, el instructor nombrado por Pedro Molina, en el expediente disciplinario que me ha abierto.

Quieren sancionarme con 4 años y 3 meses de suspensión de funciones. Las faltas que, según Antonio Sánchez Cañadas, he cometido son “conducta de grave desconsideración con los superiores” (2 años), “atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la administración” (2 años) y “grave perturbación del servicio” (3 meses).

Me reconoce mi derecho a la libertad de expresión, pero entiende que me he extralimitado, pues tengo derecho a utilizar la vía judicial, pero no a darle difusión a mis denuncias hasta que haya sentencia judicial. Da por supuesto que mis denuncias son falsas y no duda en calificar mi crítica de "sin fundamento", sin comprobar los hechos, y llega incluso a referirse a mis "ilícitas manifestaciones" al mantener yo en mi denuncia al Fiscal, que he hecho pública, que Pedro Molina ha prevaricado, ha mentido, ha encubierto irregularidades, ha intentado coaccionar, ha cometido abuso de poder, me ha difamado y me está acosando laboralmente. He aportado pruebas y testigos.

Mientras tanto, el Fiscal no quiere pronunciarse sobre si son falsas o no mis denuncias. La primera por prevaricación y fraude la archivó sin investigar los hechos, ante lo que le sigo pidiendo que interrogue a los testigos, tomándome testimonio también a mí, y compruebe si son ciertos o no los datos que le aporto. De las dos ampliaciones que hice, ante las calumnias, la difamación y el acoso laboral que estoy sufriendo, no ha contestado aún.

Tengo la impresión de que el inspector y Pedro Molina querían imponerme la sanción con rapidez, seguramente durante el verano, para que no tuviera mucha repercusión, aunque el que haya estado yo y siga estando muy ocupado con el proyecto “Biblioteca de al-Andalus”, que dirijo y que queremos finalizar en breve, ha hecho que se retrase todo el proceso y seguramente habrá de resolverse en el mes de septiembre.

La notificación la he recibido por tres canales diferentes (en mi casillero en la Universidad, en el Servicio de Personal y por burofax) y he estado recibiendo mensajes electrónicos y llamadas telefónicas a mi domicilio desde distintas instancias (inspector, servicio de personal y otras personas que no se han querido identificar pero que decían llamar desde la Universidad) para que recogiera sin demora el pliego de cargos.

Entiendo que todo lo que me está pasando es fruto del acoso laboral al que me somete Pedro Molina y su inspector de servicios, al que recusé por haberlo denunciado previamente por no cumplir con su trabajo y no investigar denuncias de alumnos relativas a profesores que no cumplían con sus clases, sin que Pedro Molina aceptara mi recusación. Tampoco me han dejado acceder al expediente, porque, según la Jefa del Gabinete Jurídico, Carmen Pilar Pulido Egea, no tengo derecho aún hasta que no esté completo el expediente, sin que haya podido consultar, entre otros documentos, el informe íntegro del inspector de servicios ni el informe que emitió el director de mi departamento, de modo que tengo que formular mi contestación sin toda la información. Estimo que me dejan en indefensión.

Me quieren sancionar por cumplir con la obligación que tenemos todos los ciudadanos de denunciar la comisión de los delitos que conozcamos. Y lo hice público para que no quedara impune pues los delitos los cometió, entiendo yo, nada menos que el Rector de la Universidad, Pedro Molina, mientras que a una profesora que me consta que ha sido denunciada por no acudir a tutorías ni a clases, se le ha premiado con una cátedra, de forma fraudulenta en la formación del tribunal.

Espero que el Fiscal Jefe, Antonio Pérez Gallegos, cumpla con su trabajo e investigue mis denuncias y se pronuncie sobre las mismas, pidiéndome él sí responsabilidades si comprueba que son falsas, o se las pida a Pedro Molina si son ciertos los hechos que le expongo. Lo que resulta inaceptable es que los denunciados, dando por sentado que son falsas mis denuncias y tomándose la justicia por su mano, pretendan sancionarme sin más, actuando de jueces y parte. Creo que no es sino una prueba más de lo corrupto que es Pedro Molina y también Antonio Sánchez Cañadas.

Un punto clave que tendría que comprobar el Fiscal es si Pedro Molina tiene potestad para incoar el expediente o, si por el contrario, como mantengo yo tras consultar la legislación, tal poder lo tiene el Consejo de Gobierno, por lo que se habría arrogado una competencia que no le otorga la legislación vigente. Sería una vez más una clara resolución injusta y seguramente también a sabiendas de su injusticia, es decir, otra prevaricación de Pedro Molina.