Las graves acusaciones contra mi persona son a propósito de mis denuncias públicas de la endogamia que entiendo que se fomenta en el seno de mi Departamento, mi denuncia de que no se quiso tratar la situación del pueblo palestino en Consejo de Departamento y la mediación que solicité para que se desbloqueara la concesión de una licencia de 10 días para una estancia de investigación y unas conferencias en Alejandría y El Cairo, que han tenido mucho éxito y que darán importantes frutos. No me extrañaría que también tengan que ver con mi análisis del resultado de las elecciones a rector (Quien parte y reparte se lleva la mejor parte) pues tengo la sensación de que la denuncia viene orquestada desde altas instancias.
La actitud de la Directora Carmen María Bretones, quien nada mas iniciar la reunión declaró, textualmente, “la reunión va a ser rápida. Tenemos otras obligaciones (tenía otros actos media hora después del inicio de la reunión), “vamos a intentar que sea lo más breve posible”, “está muy claro lo que se ha expresado en el documento”. Curiosamente, decía que lo que se aprobaba “no era una denuncia”, sino que “se han expuesto unos hechos objetivos y que se quiere que las autoridades los conozcan porque son hechos importantes”. Todo ello con la indefensión en la que se me dejó pues no quería que hubiera tiempo para que yo argumentara en detalle contra la denuncia.
Efectivamente, Carmen M. Bretones pidió brevedad y concisión en las intervenciones y en la mía me interrumpió en varias ocasiones para no dejarme hablar sobre determinadas cuestiones de lo que se me acusa. Y directamente se pasó a la votación en la que intervinieron 24 de los 72 miembros del Consejo de Departamento, con el resultado de un voto en contra, una abstención y 22 votos a favor de:
“solicitar el amparo del Sr. Rector de la Universidad de Almería, para que arbitre los procedimientos necesarios a fin de asegurar que la Dirección pueda ejercer sus funciones libre de amenazas y coacciones.
Además, atendiendo a que los hechos puestos en su conocimiento podrían calificarse de faltas muy graves –a tenor del art. 7.1, letras e) y ñ), del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado–, solicitamos que, si se estima procedente, se dé traslado de ellos a la Inspección de Servicios de la Universidad de Almería, a fin de lo dispuesto en el art. 10.1 de su Reglamento.”
Antes de que se procediera a la votación, indiqué que me acojo a la ley 2/2023 de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que ha sido promulgada por exigencia de la directiva de la Unión Europea 2019/1937, ante el hecho de que quien denunciaba corrupción terminaba defenestrado. Dado que las graves acusaciones que se me hacen son todas ellas ilícitos penales, lo que correspondería es que aquellas personas que entendieran que los he difamado, acosado, amenazado o coaccionado, lo denunciaran en el Juzgado o en la Fiscalía, para que una autoridad independiente lo juzgara y pidiera las responsabilidades oportunas, bien a mí por ser ciertas o bien al denunciante, en caso de no serlo, pero no trasladarlas a unas personas, el rector José Joaquín Céspedes y la inspectora de servicios María Belén Sainz-Cantero Caparrós, a las que yo mismo vengo denunciando por corrupción. Ambas estuvieron implicadas en la sanción de 4 años y 3 meses que me impuso Carmelo Rodríguez y que el Juzgado anuló. De hecho, el artículo 13 de la Normativa de la Inspección de Servicios establece que, ante esas denuncias de ilícitos penales han de abstenerse de actuar y, previo informe del Gabinete Jurídico, han de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía.
Por otro lado, informé a los asistentes de que en el caso de delitos contra el derecho al honor, como la difamación que se dice que he cometido han de ser los supuestamente difamados, a título individual, los que han de acusarme y es llamativo que quieran ampararse en una denuncia colectiva del Consejo de Departamento.
Seguiré informando públicamente y valorando todo cuanto acontezca, en ejercicio de mi derecho a la libertad de expresión y de información veraz que me reconoce la Constitución, como garantía de transparencia, legalidad y responsabilidad de cada cual con sus actuaciones.
