Declaración como investigado del Profesor Francisco Álamo Felices

 

Esta mañana, en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería le han tomado declaración como investigado al Profesor de la Universidad de Almería Francisco Álamo, quien, siendo Director del Departamento, hizo firmar un papel en blanco a los alumnos para luego él cumplimentarlo y denunciarme a la Inspectora de Servicios, María Belén Sainz Cantero.

En su declaración  pretende que les leyó el escrito a los alumnos y que estos mostraron su conformidad antes de firmar, lo cual es, sencillamente, falso.

También ha dicho que el escrito enviado a la Inspección no es una denuncia y que él NO TIENE CAPACIDAD DE INTERPONER DENUCIA ALGUNA. Alucinante.

Como lo han citado como investigado puede mentir impunemente.

A través de su declaración, quiere dar a entender que él convocó a los alumnos ante una anomalía (el que, tras imponerme el rector la sanción, no sabía yo si podía seguir dando clases) y que lo arregló nombrando una sustituta y dando cuenta de la incidencia a la Inspección de Servicios. La realidad es que les indiqué yo a los alumnos que fueran a hablar con el Director para aclarar lo que pasaba y, al parecer, fueron al Decanato y fue entonces cuando los convocó el Director.

Lo curioso del caso es que se da por cierto que el escrito que han enviado las autoridades de la Universidad, con fecha del 29 de noviembre de 2019 (o algunos días después), sin ningún sello de registro, es el verdadero y que él dice que lo es y los alumnos no lo reconocen porque no se les mostró ni leyó ninguno pues lo que les pidio es que firmaran un papel en blanco, como declararon. La jueza Dña. María Belén López Moya, hasta ahora, no ha querido comprobar en el registro de la Universidad en esa fecha y otras posteriores si hay otro escrito presentado, bien a su nombre o a nombre de I.M.R., la primera alumna firmante en el papel en blanco. Es más que sospechoso que el escrito lo entregara Francisco Álamo en mano en la Inspección, pues ese no es el procedimiento y los escritos se registran. ¿Qué diría la jueza si quisiera entregarle yo o mi abogado un papel en mano?

Es, por tanto, factible que mienta Francisco Álamo sobre el hecho de que ese escrito sin registrar sea el verdadero y que, con la connivencia de María Belén Sainz Cantero y alguna otra autoridad, ahora lo hagan pasar por cierto, para que no se acredite parte del acoso laboral al que me han sometido y que he denunciado. Si apareciese el escrito registrado todo cambiaría.

Francisco Álamo se ha negado a contestar las preguntas de mi abogado, por lo que, aparte de por qué entregó el papel en mano y si ese es su procedimiento habitual, tendría que haber contestado a numerosas preguntas, entre las que destaco si le pidieron los alumnos que enviara el escrito a la Inspección de Servicios y por qué lo envió a esa instancia; si recibió la notificación de mi sanción, tal como se indica en la resolución; si entendía que debía ser yo quien siguiese dando las clases y si habló en ese sentido conmigo; si preguntó a alguna instancia superior qué se debía de hacer (como hice yo), etc.

La jueza habrá de tomar testimonio a algunos alumnos que quedan por testificar. A ver qué decide después, si ordena alguna diligencia de instrucción, como las que yo le he pedido, para aclarar todos los extremos, o si quiere archivarlo sin más, como intentó la primera vez.

La Inspectora de Servicios de la Universidad de Almería, María Belén Sainz-Cantero Caparrós no abrió ningún expediente ante el hecho de que un profesor, que además es el Director, prevaliéndose de su cargo, haga firmar a unos alumnos un papel en blanco. ¿Lo abrirá finalmente o seguirá la máxima que me ha demostrado de que solo a las personas críticas con las actuaciones del equipo de gobierno se les abre expediente? UNA AUTÉNTICA VERGÜENZA.

La jueza Ana Fariñas Gómez impide que salga a flote corrupción en la Universidad de Almería

  

En el juicio que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Almería por la sanción de 3 años y 2 meses de suspensión de empleo y sueldo que el Rector de la UAL, D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, me impuso, la magistrada Dña. Ana Fariñas Gómez no ha aceptado que testifiquen 16 de los 20 testigos que ya estaban admitidos y citados y que esperaban en la puerta de la sala para prestar testimonio, bajo juramento.

La Sra. Fariñas ha tomado tan drástica decisión sin dar ninguna justificación de por qué aceptaba solo a esos cuatro y no al resto, pese a que, por Ley, está obligada a admitir todos los testimonios para no dejarme en indefensión, como ha hecho, a menos que pudiera demostrar que el testimonio de todos ellos iba a ser irrelevante, que no es el caso, pues los testigos eran fundamentales para desenmarañar la tupida red que habían tejido diversas autoridades de la UAL para sancionarme, por ser crítico y denunciar diversas actuaciones de miembros del equipo de gobierno de esta universidad pública. También resultan molestas mis denuncias de continuos y descarados amaños de plazas.

A través de los distintos testimonios (los testigos tienen obligación de decir la verdad y pueden cometer delito de falso testimonio, penado con hasta tres años de prisión y multa), habría quedado más en evidencia de lo que ya está el acoso y derribo al que me han sometido, aparte de diversos aspectos de la corrupción universitaria, entre ellos: la manipulación de las asociaciones de estudiantes, el amparo a profesores que no cumplen con sus tareas docentes, malversación de fondos públicos y la represión que sufren los denunciantes de corrupción.

Los testigos aceptados han sido únicamente D. Javier Aguirre, Dña. Luisa Arvide, D. José Joaquín Céspedes y Dña María Belén Sáinz-Cantero Caparrós. Esta última estaba muy nerviosa dadas las falsedades que ha mantenido para la apertura del expediente sancionador. Entre los hechos que ha reconocido es que nunca levanta actas ni graba las tomas de declaraciones que realiza como inspectora de servicios (así las puede manipular a su antojo, como está demostrado) y lo que llamaba actas en sus informes en realidad no lo son, pues únicamente consta el día y la hora y el nombre de la persona que declara, sin que esta firme el papel.

En el interrogatorio, D. José Joaquín Céspedes Lorente ha cometido, presuntamente, delito de falso testimonio al afirmar que él no había propuesto eximir a una profesora de impartir docencia, pero lo cierto es que en el acta del Consejo de Departamento firmada por D. Francisco Álamo Felices, uno de los testigos que no ha querido la Sra. Fariñas que testificara, así consta y está incluida en el expediente, de forma que, en el supuesto de que no hubiera falso testimonio del Sr. Céspedes Lorente habría falsedad documental por parte del Sr. Álamo Felices, aunque todo apunta a que es lo primero.

Tampoco ha querido la magistrada que testificara ninguno de los ocho alumnos a través de cuyos testimonios iba a quedar en evidencia la manipulación realizada por diversas autoridades, en especial del ex-decano de Humanidades D. Javier García González, quien también tenía que testificar, pero la magistrada le ha eximido de hacerlo. Tampoco ha aceptado el testimonio del perito que, entre otras cosas, ha comprobado lo permisivo que es el rector D. Carmelo Rodríguez con el plagio.

La dura sanción es, oficialmente, por acoso laboral, desobedicencia a un superior (el referido vicerrector D. José Joaquín Céspedes, nombrado por D. Carmelo, que trató de eximir caprichosamente a la profesora supuestamente acosada de impartir docencia), perturbación del servicio y desconsideración con superiores (entre ellos el mismo rector, que hace de juez siendo parte).

Tras el trámite de conclusiones, que se está sustanciando ahora, por escrito, el juicio quedará visto para sentencia. La daré a conocer de forma pormenorizada, pues todo lo que está ocurriendo es de antología.

En las conclusiones le recordaré a la Sra. Fariñas Gómez, entre otras muchas cosas, que ha vulnerado el derecho que me reconoce el art. 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH) a un proceso justo y que,  en  su  punto d) me permite interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra mí y a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que declaren en mi favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en mi contra.

Casualmente, los cuatro testigos que ha elegido la Sra. Fariñas Gómez declaraban contra mí, aunque era importante que declararan y hasta D. José Arturo Pérez Moreno, que sustituía a  Dña María Ángeles Piedra Fernández, que es la que  debía ganarse el  sueldo de dinero público que le pagamos, no quería que testificaran. 

... Continuará ..

Del delito de fraude y el Vicerrector José Joaquín Céspedes Lorente

El Vicerrector José Joaquín Céspedes se puso de acuerdo con la profesora Luisa María Arvide para eximir a ésta de la docencia que le correspondía dar durante el curso 2018-19, para lo cual era necesario contratar a un profesor sustituto interino y pagarle para que hiciese aquello por lo que ya se le pagaba a la profesora funcionaria, y ello con la connivencia del Director del Departamento Francisco Álamo.

Esto sería un presunto delito de malversación de fondos públicos si se hubiera llegado a consumar, pero el mismo día en que lo aprobaron, el 31 de enero de 2019, pregunté públicamente al referido Vicerrector, entre otras cuestiones, las siguientes: 

¿Puede él eximir a un profesor de que cumpla con sus obligaciones docentes? ¿Con qué potestad y criterio?... ¿Permitirá una contratación antes de que los que cobramos para dar clases cumplamos con nuestras obligaciones y cubramos todas las horas que tengamos capacidad? ¿No le parece una malversación de fondos públicos el permitir que a quien le pagamos para que cumpla con una tarea no la haga y haya que ser contratada otra persona para que cumpla esa misma tarea?

Nunca ha contestado el Sr. José Joaquín Céspedes, cobrando, eso sí, su sueldo de Vicerrector.

Ya antes, el día 18 de enero de 2019, había escrito yo al Vicerrector José Joaquín Céspedes, al Director del Departamento Francisco Álamo y a la Inspectora María Belén Sainz-Cantero, entre otros asuntos, lo siguiente:

"Ante la necesidad de cubrir la baja prolongada por enfermedad de una profesora resulta del todo imprescindible forzar una reunión para que la docencia sea cubierta lo antes posible, pues el 6 de febrero ha de comenzar a impartirse, primero con el potencial que nos falte por cubrir a los profesores que estamos en el área y después, en el mínimo posible, externamente. Y así se debe hacer para que no se produzca una posible malversación de fondos públicos al tener que cubrir externamente docencia que podemos cubrir desde el área ...".

El hecho de que yo destapara el caso públicamente debió de asustar al referido Vicerrector y al Rector Carmelo Rodríguez Torreblanca, razón por la que no decidieron tramitar el acuerdo, sino que, en su lugar, vulnerando los Estatutos de la Universidad de Almería y mis legítimos derechos, el Consejo de Gobierno de la UAL decidió que la Profesora Arvide había de impartir la asignatura de Árabe II, por lo que quedaba demostrada la arbitrariedad del Vicerrector Céspedes anteriormente, y ello lo hicieron ante el cariz que estaban tomando mis denuncias. A mí me imponían las asignaturas que había de impartir, sin permitirme ejercer mi derecho a poder elegirlas por detrás de Luisa Arvide, al tener ella mayor rango (catedrática), pero estar yo por delante del resto, al tener mayor antigüedad como profesor titular, siempre en el marco de cubrir las capacidades docentes que teníamos cada uno y haber intentado antes el haber llegado a un consenso.

La profesora Arvide tenía un potencial docente de 140 horas, de forma que había de cubrirlo impartiendo docencia, eligiendo la primera, pero cubriendo las horas que le quedaban. Había impartido, teóricamente, 103, aunque reales no llegaban a 53 horas, pues yo mismo había denunciado ante el referido vicerrector, además de a la Inspectora de Servicios, María Belén Sainz-Cantero Caparrós, y al Director del Departamento Francisco Álamo Felices, que, según había podido constatar fehacientemente, la mencionada profesora había reducido las clases de "Literatura árabe andalusí" de las 5 horas que tenía repartidas en 3 días a 2 horas en un único día (jueves), con pérdida de numerosas clases, y en la asignatura de  Árabe III la situación había sido peor, pues la única alumna que estaba matriculada había insistido a la profesora que no le redujera las clases por la necesidad que tenía de ellas, sin éxito, pues Luisa Arvide se negó a continuar dándole clases. En esta asignatura apenas hubo docencia. En todas esas clases tendría que haberme sustituido Luisa Arvide, por acuerdo con el Vicerrector y el Director del Departamento, al disfrutar yo de un permiso de paternidad.

Llovía sobre mojado, pues desde hace más de 20 años diferentes reclamaciones de alumnos pusieron de manifiesto que la pérdida de clases por parte de la profesora Arvide era una práctica habitual, sin que ninguna autoridad competente hiciera nada salvo archivar esas denuncias. En mi caso, tampoco hicieron nada en relación con la profesora Arvide, pero sí conmigo, pues me abrieron un expediente y me sancionaron con 3 años y 2 meses de suspensión de empleo y sueldo.

Así  es como entiende el Rector, Carmelo Rodríguez Torreblanca, que debe funcionar la universidad: al denunciante se le sanciona y a los presuntos corruptos se les premia, pues ha promocionado a su vicerrector a un cargo de mayor importancia.

El delito de fraude del artículo 436 del Código Penal es un delito de los denominados de mera actividad, no requiriendo, a diferencia del delito de malversación, producir un resultado de perjuicio al patrimonio público, y siendo suficiente para la comisión del delito la mera realización de la conducta, es decir, la mera concertación para defraudar. En otras palabras, la consumación del delito de fraude se produce llevando a cabo la concertación, sin más, sin necesidad de que la misma culmine con “éxito” y produzca el resultado pretendido.

Este es otro de los numerosos presuntos delitos por los que he denunciado a ocho autoridades de la Universidad de Almería. Los seguiré sustanciando y denunciando públicamente en otros artículos, aparte de haberlo hecho ya en el Juzgado. Espero que la autoridades judiciales actúen, pues puede ser que no sea un caso aislado y las exenciones de funciones, en otros casos, hayan llegado incluso a consumarse, existiendo en ese caso sí un presunto delito de malversación de fondos públicos y no el presunto delito de fraude.

Carta abierta a Juan Sebastián (Juanse) Fernández Prados, Defensor Universitario de la UAL

Te envío esta carta en abierto, porque no respondes a mis reiterados mensajes en los que, apelando a tu ética, profesionalidad y, también, a tu conciencia, te pido que me digas si aceptaste darme amparo, total o parcialmente, y me detalles todas y cada una de tus actuaciones y el resultado de las mismas, en calidad de la que debe ser la noble tarea de Defensor Universitario.

Como bien sabes, pedí tu intervención como Defensor Universitario el 1 de febrero de 2019, antes de que fueras renovado en el cargo, al conocer que el Vicerrector de Ordenación Académica, D. José Joaquín Céspedes Lorente, tomó la firme decisión de imponerme una ordenación docente de forma ilegal, sin seguir las normas establecidas (los Estatutos de la Universidad y los criterios de asignación del profesorado a las asignaturas), eximiendo de dar docencia, arbitrariamente, a quien él quería, y lo hacía con la colaboración del Director del Departamento de Filología, D. Francisco Álamo Felices.

Esa denuncia te la reiteré y te la amplié con posterioridad, con insistencia, sobre todo ante el hecho de que las autoridades universitarias fueron añadiendo más vulneraciones de mis legítimos derechos. Llegué a pedir una entrevista personal con el Rector, D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, quien me dijo que no me preocupara, pues lo iban a arreglar a satisfacción mía, pero lo curioso del caso es que no me decía cómo pretendían solucionarlo, y luego comprobé que era con una ilegalidad que lo que hacía era complicar el tema, y todo por salvar las vergüenzas del referido Vicerrector.

Como bien te consta, al no prestarme a las ilegalidades que pretendían, entiendo yo, perpetrar y que consumaron, y que no solucionaban el tema, sacaron toda la artillería contra mí y me acusaron, nada menos, que de 18 faltas graves y muy graves, cometidas supuestamente por mí en los dos últimos cursos. No me comunicaron cada una de ellas a medida que, presuntamente, iba cometiéndolas, sino que el expediente lo incoaron simultáneamente por todas ellas (un tanto sospechoso, ¿no crees?). De esa forma he pasado de ser un profesional sin tacha alguna en mi labor académica de 30 años a ostentar la plusmarca de mal profesional, y para ello no dudaron, entiendo yo, en manipular incluso a determinados alumnos contra mí, con la participación del Decano de la Facultad de Humanidades, D. Javier García González, la Inspectora de Servicios, Dña. María Belén Sáinz-Cantero Caparrós, y el instructor del expediente, que también ha hecho las veces de secretario, D. Ignacio Díaz de Lezcano Sevillano. El objetivo era sancionarme con cinco años y seis meses de suspensión de empleo y sueldo.

En ningún momento, Juanse (me permito llamarte como lo hace habitualmente la gente que te conoce), me has comunicado oficialmente que aceptaras ampararme o que decidieras no hacerlo, y las razones de tu decisión, precisamente para hacer honor al honroso cargo que ostentas, y no dejar a quien acude a tí por indefensión indefenso.

Ya me avisó una persona cercana que habló contigo que no ibas a enfrentarte a ninguna autoridad y me costó creerlo, pues todos los que acudimos a un defensor es porque entendemos que sufrimos un abuso de poder por parte de una autoridad y, si fuera necesario, ese defensor debería enfrentarse a la autoridad que se aprovecha de su cargo.

Dime si me equivoco y que no estabas esperando a que se judicializara el caso, para tener la excusa de inhibirte y no actuar, sin dar ninguna explicación, y que fue un lapsus y no eras sincero al decirme que no podías atenderme porque yo ya no era profesor de la Universidad, cuando el Rector decidió levantar la suspensión de la sanción, sin esperar a que la autoridad judicial se pronunciara al respecto, a lo que te comenté que el tema no estaba aún judicializado, razón por la que no solo podías, sino que debías actuar, pues precisamente se ejecutaba la sanción ante tu pasividad y te pregunté: ¿cuando alguna persona tiene un problema con la Universidad de la que ostentas el noble cargo de Defensor Universitario, lo primero que le pides es el carnet de pertenecer a ella? ¿Si alguien al que no dejan matricularse, por ejemplo, acude a tí no intervienes? Sé de tu compromiso con los inmigrantes sin papeles y por eso me sorprende aún más tu actitud.

Te pedí, por activa y por pasiva, que hablaras con los alumnos afectados, tanto los denunciantes como, especialmente, los que hablaban de cacería orquestada contra mí. Y que comprobaras todos los hechos denunciados. Creo que no lo hiciste y lo único que me consta que has realizado, y lo sé indirectamente, pues me lo ha comunicado el Rector y no tú, es que pediste que hubiera un informe de alguien externo a la Universidad ¿para que hiciera tu trabajo? y se lo encargaron nada más y nada menos que a D. Juan Manuel del Valle Pascual, en quien está inspirado el personaje de Gran Brujo de AEDEN en el primer capítulo de Chanchullos University (https://www.youtube.com/watch?v=hlcKcDlChQ4). ¿Te parece adecuado que sea una de las partes la que pida el informe? ¿No crees que se descalifica el mismo informante en su informe en el retraso psicológico que se atreve a hacer de mí sin prueba alguna? Y llega a decir perlas como esta: "Es de desconocer que haya habido insultos o cuáles hayan sido, pero no así la conmoción que han causado en algunos destinatarios, no se sabe cómo delinquió, pero lo hizo y se ven sus efectos". ¿Crees que puedes limpiar tu conciencia por el simple hecho de que, sin argumento válido, se rebaje la sanción a tres años y dos meses?

Juanse, si te queda algo de conciencia, ética y profesionalidad, que espero y deseo que así sea, deberías, públicamente (no tengo nada que esconder), decir si aceptaste darme amparo o no en calidad de Defensor Universitario y explicitar las razones y detallar todas y cada una de tus actuaciones y tus conclusiones con respecto a si yo he acosado laboralmente a una profesora, que es la coordinadora del área; si eran legales las órdenes de superiores que yo he desobedecido; si no he impartido correctamente las clases, cumpliendo con la guía docente, y si no he evaluado con justicia; además de comprobar si he intimidado y coaccionado a los miembros del Consejo de Gobierno.

Desde hace unos meses el Rector de la UAL, D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, me impide ejercer mi vocación docente y obstaculiza mi pasión investigadora, y entiendo que lo hace con tu connivencia. Si tú también te dedicas a la actividad docente por vocación te puedes hacer una idea de lo que supone.

Mi conciencia me dicta que he de luchar, con todas mis fuerzas, contra esta injusticia, contra todas sus implicaciones, de forma constructiva, para que mi sufrimiento sirva para que otros encuentren un mundo mejor. Es por ello por lo que, por lo pronto, te ruego, encarecidamente, que, cuando alguien recurra a tí como defensor universitario, le comuniques oficialmente si aceptas o no el amparo que te pide, des un número de registro a la queja y, tras dar cuenta de tus actuaciones, emitas un dictamen, que ya sabemos que no es vinculante para las autoridades, pero que, moralmente, debería serlo. Y, por favor, hazlo con efectos retroactivos, pues el mundo mejor también lo quiero para mí. Y si no estás en disposición de hacerlo y te  queda algo de conciencia, haz como nuestro paisano Nicolás Salmerón, y no seas partícipe de lo que pueden ser claras injusticias.

Espero que te dignes a contestar, ahora sí. Me comprometo a darle la misma publicidad a la que le doy a esta carta mía.

¿Chapuza o presunta prevaricación?

Hoy el Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería ha adoptado un acuerdo (no sé aún si por unanimidad o mayoría. Se lo he preguntado al Sr. Secretario, Fernando Fernández Marín), que me afecta y que, de mantenerse, podría tener muy serias consecuencias y no me refiero solo a que, con estos antecedentes, el Consejo de Gobierno pueda decidir que la propuesta de ordenaciones docentes la haga Periquito el de los Palotes y que se impongan saltándose la legislación vigente a su antojo y libre albedrío.

                             

Había pedido intervenir en esa reunión y me han dejado solamente exponer lo que estimara pertinente. He empezado por preguntar al Sr. Vicerrector de Profesorado, José Joaquín Céspedes, promotor de la propuesta de modificación de la Ordenación Docente del área de Estudios Árabes, y a la Asesora Jurídica, María de los Ángeles Piedra Fernández, qué artículo de los Estatutos de la UAL o qué legislación vigente faculta al Vicerrector o a la Comisión que preside a hacer la propuesta que se somete a aprobación. No han abierto la boca ninguno de los dos, pese a mi insistencia. Sencillamente patético. El Rector, Carmelo Rodríguez Torreblanca, ha querido justificar que el Vicerrector está facultado por una decisión del Consejo de Gobierno de la UAL, pero él debía saber que el Consejo de Gobierno no puede quitar las atribuciones a los Consejos de Departamento, órganos que, según el art. 159.2.a de los Estatutos de nuestra universidad, tienen la competencia de proponer las ordenaciones docentes.

Preguntada la Sra. Piedra Fernández sobre si se pueden dejar de aplicar los Estatutos de la UAL, ha mantenido otro patético y elocuente silencio.

El Vicerrectorado o el Consejo de Gobierno no pueden usurpar las competencias que el Consejo de Departamento tiene en virtud no solo de los Estatutos de la UAL, sino también de la Ley de Universidades. En ese sentido, les he preguntado a continuación al Director del Departamento, Francisco Álamo Felices, que, a diferencia de a mí, le han permitido estar presente en el debate posterior, y a Juan Luis López Cruces, también de mi Departamento y representante del PDI en el Consejo de Gobierno, si nuestro departamento había elevado una propuesta al Consejo de Gobierno para su aprobación. Tampoco han abierto la boca, mientras José Antonio Torres Arriaza, el Presidente de la Junta de PDI hacía mutis por el foro pensando que también a él le iba a preguntar pues ha participado, otra vez más, en la vulneración de mis derechos. Torres Arriza es, sencillamente, impresentable y un indigno representante sindical, que deja a su sindicado, el CSIF, por los suelos (véase https://1001denuncias.blogspot.com/search?q=junta+de+pdi). 

Seguramente los profesores Álamo Felices y López Cruces se avergonzarán de que el primero trasladó al Consejo de Departamento una propuesta de ordenación docente de José Joaquín Céspedes en la que, caprichosamente, eximía de docencia a una profesora y me asignaba a mí a voluntad suya la que le daba la gana y, sorprendentemente, la sometió a votación, saltándose las normativas vigentes y mis legítimos derechos. Juan Luis López Cruces, allí presente, votó a favor de esa propuesta. Eso fue el 31 de enero. ¿La ha tratado el Consejo de Gobierno? Pues no. Yo, que la considero nula de pleno derecho por vulnerar la normativa de aplicación y la más elemental lógica, la recurrí ante el Rector. El Sr. Rodríguez Torreblanca, preguntado por mí, ha venido a decir que resolverá mi recurso cuando le dé la gana.

Pese a insistir en que usurpar las competencias del Consejo de Departamento y aprobar una ordenación en la que no se ha cumplido con la legalidad, como garante de los derechos de los profesores, entre ellos los míos, y de los alumnos, que han de tener seguridad de que quien les imparta docencia y los evalúe lo hace con todo el amparo legal, los miembros presentes del Consejo de Gobierno, encabezados por su presidente, el Sr. Rodríguez Torreblanca, han aprobado una ordenación docente que es injusta al no respetar la legalidad y que vulnera mis legítimos derechos.

Yo no doy crédito a que se pueda hacer semejante despropósito y, dado que considero que es una resolución injusta, claramente, pues no se han respetado los Estatutos de la UAL, voy a presentar hoy mismo un recurso de reposición ante el órgano que ha dictado esa resolución para que, como marca la ley, en el plazo máximo de un mes, deje patente si lo hace con conocimiento manifiesto de la injusticia con la que adopta el acuerdo (lo que sería una presunta prevaricación), o reponga la legalidad en la UAL y mis derechos vulnerados.

Y todo esto sucede sin que tengamos en la universidad un Defensor Universitario que nos defienda a los administrados frente a los abusos de los administradores, pues prescribió el mandato del que teníamos y no se ha prorrogado transitoriamente su mandato ni se ha elegido a ningún otro.

Y yo que pensaba que estaban mejorando las autoridades de la UAL...