Informes confidenciales y cátedra de Almería

Sigo dando publicidad a todo lo que vaya haciendo, como persona que se cree lo de que vivimos en un estado de derecho y que quiere comprobarlo para, a partir de hechos documentados, poder afirmar o no si efectivamente tenemos los derechos que nos dicen que tenemos y si el supuesto estado de derecho funciona o no y debido a qué funcionarios, con nombres y apellidos, para darles las gracias o sacarles los colores, si tienen, según estime oportuno, públicamente, pues mis mensajes los firmo y me responsabilizo de ellos.

He presentado una reclamación al Excmo. Sr. D. Ángel Gabilondo Pujol en su calidad de Presidente del Consejo de Universidades. La reproduzco a continuación, seguida de las alegaciones que había presentado previamente a la ANECA.

Referencia 2010-002447 (Acreditación para el cuerpo de Catedráticos de Universidad)

AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

Ministerio de Educación C/ Alcalá, 36 28071 Madrid

JORGE LIROLA DELGADO, mayor de edad, con N.I.F. nº 27.494.505-Y y domicilio en Avda. San Juan Bosco, 67, 1º B de Almería (04005), el cual se deja señalado expresamente a efectos de notificaciones, DIGO:

Que mediante resolución de fecha 30 de noviembre de 2010, notificada el día 21 de diciembre, dictada por la AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN (ANECA), en el expediente referenciado en el encabezamiento de este escrito, se desestima mi acreditación para el cuerpo de catedrático de universidad.

Que mediante el presente escrito, vengo a interponer RECLAMACIÓN, en tiempo y forma, contra dicha resolución, de conformidad con el art. 16 del Real Decreto 1312/2007 ante el Presidente del Consejo de Universidades, Excmo. Sr. D. Ángel Gabilondo Pujol, basándome en las siguientes

ALEGACIONES

En la referida resolución desfavorable de la ANECA no se han tenido en cuenta ninguna de las alegaciones que formulé en el trámite de audiencia con fecha de registro de entrada del 15 de noviembre de 2010, pues a ninguna de ellas se refiere en la resolución, por lo que me reitero en todas y cada una de esas alegaciones, que adjunto.

Dado que entre las principales alegaciones está la indefensión en la que se me dejaba al no permitírseme acceder al expediente completo para formular las alegaciones, dicha indefensión todavía es mayor al resolverse sin subsanar esa indefensión. Pese a personarme en las dependencias de la ANECA y solicitarlo por registro el día 15 de noviembre, no se me ha permitido acceder a extremos importante de mi expediente, como son la identidad de los expertos informantes, escudándose en la confidencialidad de los informes, lo cual estimo que es totalmente lesivo para mis intereses y vulnera mis legítimos derechos, además de que no se me permitió comprobar la evaluación realizada, desglosada y justificada según baremo. Por eso no pude comprobar si, como tengo la sospecha, al puntuarme 45 en investigación, se tuvo sólo en cuenta los tres tramos que poseo y no me han evaluado los 5 años transcurridos desde el último tramo en los que tengo nada menos que 4 libros (4 volúmenes de la obra Biblioteca de al-Andalus, con un total de 669, 655, 733 y 669 páginas, que son mis mejores obras; se trata de mi periodo de investigación más fecundo) y ello es importante por cuanto que la puntuación total que se me concedió es de 77 y sólo necesitaba tres puntos más para obtener la habilitación.

Tampoco se ha tenido en cuenta el agravio comparativo y el trato discriminatorio que alegué. Basta que Ustedes comparen los currículos de Dña. Luisa María Arvide Cambra, de mi misma Área de Conocimiento y de mi misma Universidad, que sí ha sido habilitada por la misma Comisión el 17 de junio de 2010, para que comprueben lo cierto que hay en el agravio comparativo que alegué. Y les solicito expresamente que realicen dicha comparación de currículos. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Los referidos en las alegaciones presentadas anteriormente, que son básicamente los artículos 9, 14, 23 y 103 de la Constitución Española, más toda la legislación que los desarrolla y pone en práctica, preceptos que reconocen la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos españoles y obligan a las administraciones públicas a garantizar dicha igualdad y prohíben expresamente la arbitrariedad de los poderes públicos. Asimismo, la jurisprudencia establecida por la sala tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en su sentencia 635 de 2006, que falló contra la ANECA y la Dirección General de Universidades, igualmente referida en el escrito adjunto de alegaciones. En su virtud, SOLICITO

Que sea estimada por parte de la Comisión de reclamaciones designada al efecto por el Consejo de Universidades la presente reclamación, y que, a la luz de los criterios contenidos en el RD. 1312/2007, de su aplicación en la resolución de los expedientes de otras solicitudes de acreditación para el cuerpo de Catedráticos de Universidad en el Área de Conocimiento de Estudios Árabes e Islámicos, y, en especial, del de Dña. Luisa María Arvide Cambra,

a) reconozca la irrelevancia de los argumentos aducidos or ANECA para denegar mi acreditación y asimismo el grave vicio que afecta a la resolución impugnada por no haber tenido en cuenta los 5 años que no han sido aún evaluados en un tramo de investigación así como el que no resuelve la resolución impugnada sobre las alegaciones de indefensión y agravio comparativo formuladas a dicho organismo;

b) reconozca que, en virtud de los argumentos aducidos en las alegaciones, en particular las cuatro obras de los últimos cinco años, así como la docencia, que estimo que no ha sido bien calificada por la ANECA (22 sobre 35), y sobre todo en comparación con los méritos de otros postulantes de acreditación del Área de Estudios Árabes e Islámicos, en especial los de la referida Profa. Arvide Cambra, procede que la ANECA me conceda la referida acreditación;

c) como consecuencia de lo anterior, remita a la ANECA una resolución en la que le ordene que, revisado mi expediente y, en aplicación de los criterios seguidos en otros casos similares el mismo Área de Conocimiento, en especial el de la referida Profa. Arvide Cambra, me sea concedida la acreditación solicitada.

PRIMER OTROSÍ DIGO: Que la Comisión de Reclamaciones no puede ampararse en el art. 16.3 del RD. 1312/2007 ("El examen de la reclamación se hará basándose en la solicitud de evaluación y toda la documentación contenida en el expediente") para concluir que no procede la revisión de otros expedientes distintos al mío. El citado precepto indica sólo una manera de proceder pero no excluye otras que puede seguir la Comisión de Reclamaciones. En todo caso, dicho artículo debe entenderse como subordinado a las normativas de rango superior, empezando por los artículos 9 y 14 de la Constitución Española, que obligan a esta Comisión a actuar en defensa del principio de legalidad e igualdad evitando en cualquier caso el agravio comparativo y la discriminación y corrigiéndolos cuando se producen.

En su virtud,

SOLICITO: Que la Comisión de Reclamaciones solicite a la ANECA todos los expedientes de las acreditaciones para catedrático de universidad en el Área de Estudios Árabes e Islámicos concedidas desde 2008 para resolver la sustanciación de la presente reclamación, y, muy especialmente, el de la Profa. Luisa M. Arvide Cambra.

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Para el hipotético caso en que la Comisión de Reclamaciones no estime oportuno revisar los expedientes indicados, aunque sólo sea el de la Profa. Arvide Cambra, o estime que las alegaciones contenidas en mis escritos no acreditan suficientemente la existencia del agravio comparativo,

SOLICITO:

a) que se me conceda acceso a la revisión de los expedientes de acreditación al cuerpo de catedráticos en el Área de Estudios Árabes e Islámicos que obran en la ANECA desde principios de 2008 hasta la fecha, a lo cual tengo derecho or ser parte interesada (artículo 31 B de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: "son interesados los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte"), y porque no contienen datos confidenciales soino datos que constan en fuentes accesibles al público (Ley O. 15/1999 sobre protección de datos, art. 11.2);

y b) me sea concedido nuevo plazo (en virtud del art. 49 de la citada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas) para formular, ante la Comisión de Reclamaciones, el escrito de reclamación correspondiente en base a la información contenida en los mismos.

TERCER OTROSÍ DIGO: Para el caso de que la Comisión de Reclamaciones, tras la dicho en mis escritos, no acceda a instar a la ANECA a concederme la acreditación,

SOLICITO: que, en cumplimiento de la legislación vigente, se me permita acceder a mi expediente completo, en el que consten los informes íntegros, incluida la identidad de los informantes, así como las puntuaciones desglosada en cada uno de los capítulos, a lavez que el baremo que se ha utilizado, y se me conceda nuevo plazo para formular el escrito de reclamación con plenas garantías de poder defender mis legítimos intereses. Almería, 3 de enero de 2011 Fdo.: Jorge Lirola Delgado Referencia 2010-002447 Sr. Presidente de la Comisión de Acreditación CU-ARTES Y HUMANIDADES y demás miembros Sr. D. Alfredo Morales Gil, Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante, como Presidente de la Comisión, Sr. D. Carlos Villanueva Abelairas, Catedrático de Música de la Universidad de Santiago de Compostela, Sra. Dña. Mª. Isabel Ostolaza Elizondo, Catedrática de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad Pública de Navarra, Sra. Dña. Arminda Lozano Velilla, Catedrática de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, Sr. D. Alfonso García Suárez, Catedrático de Lógica y Filosofía de la Universidad de Oviedo, Sra. Dña. Consuelo Ruiz Montero, Catedrática de Filología Griega de la Universidad de Murcia, Sr. D. Fernando Cabo Aseguinolaza, Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Santiago de Compostela, Sr. D. Antonio Narbona Jiménez, Catedrático de Lengua Española de la Universidad de Sevilla, y Sra. Dña. Mª. Teresa Gibert Maceda, Catedrática de Filología Española de la UNED, como titulares de la Comisión:

Con fecha de 20 de octubre de 2010, Dña. Zulima Fernández Rodríguez, en calidad de Directora de la ANECA, me ha notificado su propuesta de resolución desfavorable a la solicitud que presenté para acreditarme para catedrático de Estudios Árabes e Islámicos, notificación recibida con fecha 9 de noviembre. Y, al amparo de la legislación vigente, me recuerda que dispongo de 10 días hábiles para presentar ante la Comisión las alegaciones que estime pertinentes para que la misma las valore antes de la emisión de la resolución definitiva.

Por ello, el día 15 de noviembre me he personado en las dependencias de la ANECA, con la intención de poder consultar, en uso del derecho que me otorga nuestro ordenamiento jurídico, el expediente completo, en el que estimo que deben figurar los nombres de los expertos que han emitido los informes así como las justificaciones detalladas de por qué se me dan las calificaciones de 45 sobre 55, 22 sobre 35 y 10 sobre 10, y poder así realizar las alegaciones con plenas garantías, pues en la documentación que se me ha enviado sólo se mencionan generalidades sin descender al detalle concreto.

No se me ha permitido acceder a mi expediente completo, por lo cual lo primero que he de alegar es INDEFENSIÓN. Estimo que se me deja indefenso para poder realizar las alegaciones que se me piden que haga y que tengo derecho a hacer con plenas garantías legales que, en este caso, entiendo, incumplidas al impedírseme el acceso a la información completa y detallada.

Dicho esto, quiero expresarles mis discrepancias con "los motivos" de su propuesta de resolutión.

1) Me dicen que "el curriculum del solicitante presenta algunas carencias, reflejadas en parte por los informes de los expertos". A mis 47 años, tras más de 20 años de ejercicio de la docencia -24 desde mi estreno en la Universidad de El Cairo como profesor contratado- y de 23 desde que empecé a investigar con una beca de investigación del Ministerio y que he continuado ininterrumpidamente, dedicando a docencia e investigación muchísimas horas de mi vida, me dicen que mi currículo no es perfecto y tiene algunas carencias. Ya lo sabía. Pero no se necesita ser perfecto y no se ha de tener un 100 para obtener la habilitación. Bastaba con un 80, pero me han puntuado con un 77. Ustedes también sabrán, por propia experiencia, que por muchas horas que le dediquemos a nuestros estudios nunca, afortunadamente, llegaremos a ser perfectos (y les digo afortunadamente porque en mi caso, como seguramente también en el de Ustedes, mis estudios no constituyen sólo mi profesión sino también mi afición) y se lo digo a Ustedes a la vista de la mayor parte de sus currículos, que son públicos y se pueden analizar (creo que coincidirán conmigo en que se va consiguiendo que haya más transparencia, como garantía de equidad, aunque aún queda mucho por conseguir en ambos aspectos).

2) Me comentan a continuación que "se recuerda que tales informes no son vinculantes para la Comisión". Ya sé que tienen Ustedes un gran poder para decidir y que, independientemente de lo que digan los informes de los expertos, pueden ustedes aprobar a quienes tengan informes negativos y suspender a quienes lo tengan favorables. A este respecto, permítanme recordarles que también tienen Ustedes obligaciones que cumplir. Nuestra Constitución, en su art. 9.3 prohíbe expresamente la arbitrariedad de los poderes públicos. Y uno de los poderes públicos es la Administración y, como consecuencia, los órganos que por ella actúan; en este caso, Ustedes, funcionarios, como miembros de la Comisión Evaluadora. Les insisto en la indefensión en que se me deja pues no he podido comprobar si Ustedes, desde su experiencia profesional, muy dispar por lo que he podido observar en sus currículos, conocen bien mi trayectoria; si Ustedes, que son de áreas muy diferentes a la mía, conocen bien mi forma de trabajar, ya aquilatada por el tiempo, que ha ido dando sus frutos y seguirá dándolos, espero, por muchos años pues lo hago a través de la elaboración de bases de datos de mi especialidad (lo pueden comprobar en los 5 volúmenes publicados de la Biblioteca de al-Andalus, proyecto que dirijo y en el que trabajo con más de 100 investigadores, tanto nacionales como extranjeros, desde catedráticos a doctorandos; si Ustedes consideran la dirección este proyecto como "capacidad de liderazgo", pues me dicen que el solicitante debe demostrar tal para que le sea concedida la habilitación; y tampoco he podido comprobar si los expertos que han emitido los informes conocen bien el alcance del proyecto y de mi trayectoria (aludiré más adelante a elementos contradictorios que me hacen pensar que no lo conocen bien).

3) Con respecto a la actividad investigadora, me dicen que el número de artículos publicados en revistas indexadas es insuficiente, sin que, por un lado, digan cuál es el número suficiente ni haya podido comprobarlo si consta en el expediente completo. ¿Es que obligan Ustedes a publicar en una serie de revistas indexadas? No creo, pues, sinceramente, podría parecer un poco mafioso. Por otro lado, creo que coincidirán conmigo en que un artículo que no esté publicado en una revista indexada no deja de tener calidad por el simple hecho de no estar publicado en lo que se considera una prestigiosa revista, sino que es preciso evaluarlo y para eso han sido nombrados Ustedes y les ruego que me corrijan si me equivoco. El prestigio lo da el trabajo de calidad y no es el prestigio el que hace que el trabajo tenga calidad. Personalmente, creo que con lo de las revistas indexadas puede estar sucediendo como con lo de las agencias de rating en el contexto de la actual crisis económica, que pueden constituir núcleos de poder para especular, creando burbujas, que no responden a la realidad. Nuevamente, no he podido comprobar si en el expediente justifican que mis publicaciones no tienen la suficiente calidad y cuáles son los errores que tienen, si son metodológicos o de fondo. Espero que no sea que Ustedes no examinan las publicaciones o, si extrapolamos el tema a la docencia, cuando examinan a un alumno, no leen su examen, sino que le preguntan que en qué centros ha estudiado y según sea el centro y la opinión que les merezca dicho centro así lo califican, sin prestar atención al verdadero objeto, que es el texto redactado por el alumno.

4) No entiendo lo que me dicen de que hay "un predominio del ámbito local de sus (mis) publicaciones, de las que con frecuencia es (soy) editor y autor". ¿Se refieren a que dedico estudios a localidades específicas? No creo, pues coincidirán conmigo en que es científico partir de la realidad concreta y todo es local y Nueva York no deja de ser tan local como Dalías, mi pueblo. Si se refieren a que publico mucho en Almería y últimamente, desde que creé una Fundación en el año 2003, publico con ella, pues he de decirles que disiento de Ustedes. Como comprenderán, he de apoyar a la Fundación que he creado, conjuntamente con otros profesores, aparte de que considero que debemos apoyar lo nuestro y no lo ajeno -y se debería fomentar más lo propio y si lo hiciéramos seguramente nos iría mejor- para ponerlo en valor, tratando de darle una proyección internacional y en eso no les quepa la menor duda de que lo estoy haciendo desde la Fundación y las publicaciones que realizamos llegan a las más recónditas partes del mundo y le puedo pasar una relación de centros de investigación nacionales e internacionales que compran a la Fundación sus publicaciones, desde Japón hasta Estados Unidos, pasando por Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y también Catar/Qatar, Líbano, Egipto, Marruecos y un largo etcétera. De nuevo, echo en falta que entren Ustedes o sus informantes en las publicaciones, en este caso la Biblioteca de al-Andalus, y digan si tiene calidad o no, independientemente de si soy autor y editor.

5) Llegados a este punto, he de referirme a otro tema importante, diferente a la indefensión en que me dejan al utilizar expresiones tan vagas como "la calidad de la actividad docente y de la formación docentes son también susceptibles de mejora", sin poder comprobar si en el expediente completo descienden a niveles concretos. Antes, sobre este punto, quiero resaltar que en los informes se observan valoraciones contradictorias que desconozco al no haber podido consultar el expediente completo a cuál de ellas han hecho caso, pues mientras que en uno se indica que "no se aportan datos sobre la evaluación de la docencia", en el otro se dice que la "actividad [docente] se ha visto reconocida con la concesión de 4 quinquenios y altas notas en evaluaciones de los alumnos". )La calificación de 22 sobre 35 obedece a que han hecho caso al primer informe? No es una cuestión baladí, pues con tres simples puntos más estaría habilitado. Si revisan Ustedes en detalle la documentación que les presenté, y les pido que lo hagan, comprobarán que el último informe que habla de indicios de calidad está en lo cierto. Por otro lado, me da la impresión de que a quienes hemos presentado 3 tramos investigación nos han puntuado directamente con 45 sobre 55, sin mayor consideración. Estimo que, por lo pronto, en mi caso no han tenido en cuenta que el tercer sexenio lo obtuve en 2005, por lo que en breve, en 2011, solicitaré el 4º, contando ya con 4 grandes libros publicados en esos años. Solicito, por tanto que lo tengan en cuentan.

El punto importante al que quiero referirme ahora es el agravio comparativo y el trato discriminatorio. Ya no tanto porque los méritos que he aportado en mi solicitud sean similares o incluso mayores que varios catedráticos en activo, ya sea en mi Área de Conocimiento, ya sea en otras (y puede comprobarse fácilmente contrastando esos currículos), sino basándome en particular en el caso de Dña. Luisa María Arvide Cambra, de mi misma Área de Conocimiento y de mi misma Universidad y que Ustedes mismos han aprobado recientemente (les adjunto copia del certificado del Consejo de Universidades donde consta como fecha de resolución de la habilitación el 17 de junio de 2010). Ustedes disponen de ambos currículos y pueden contrastarlos. Hay una desproporción grande entre los proyectos de investigación que hemos dirigido uno y otra y entre el número de publicaciones, tanto en forma de libros como de artículos, aparte de si se entra en la envergadura y la calidad de los mismos, y de congresos también, en todos los casos a favor mío. Uno de los temas en los que tiene algo más que yo hasta el momento la Profesora Arvide es una tesis dirigida, que obtuvo la calificación de "apto por mayoría" (el acto público de defensa está grabado y pueden contrastar el resultado de la misma. Si lo desean, para que puedan visionarla, la puedo colgar en youtube). En mi caso, estoy dirigiendo en la actualidad dos tesis y sólo he dirigido una tesina, presentada por D. Antonio Rodríguez Figueroa en la Universidad de Granada. Les puedo asegurar que no es fácil dirigir tesis sin que den una beca de investigación al doctorando. El cómo se dan esas becas en los proyectos es un tema sobre el que seguramente sería conveniente detenernos, pero no lo voy a hacer ahora para no apartarme del asunto fundamental, aunque tengo bastante información que puedo facilitarles y hacer pública para que se interesen por el tema y Dña. Maribel Fierro Bello, que tienen Ustedes entre sus expertos informantes, les puede informar sobre las concesiones y los procedimientos, pues en estos momentos tiene más de cinco becarios concedidos, mientras que a otros proyectos, como el mío, se nos ha negado la concesión de una simple beca. El colmo sería, desde mi punto de vista, que ahora se quiera utilizar este punto para denegar mi solicitud, que no es de concesión de una cátedra, pues eso lo tiene que decidir un tribunal, sino para tener una autorización con el fin de poder optar a ella. Aún así, he conseguido que dos personas estén en estos momentos trabajando en sus tesis y estén realizando buenos progresos en las mismas. Además, creo que se debe tener en cuenta que, en mi caso, dirijo, a través de un proyecto, quizás atípico, a más de 100 investigadores, entre los que se encuentran varios doctorandos, pero también muchísimos profesores titulares e incluso un buen número de catedráticos; les puedo asegurar que es una experiencia que suple la que podría tener como director de tesinas y tesis al ser muy enriquecedora, una experiencia de la que no muchas personas, sean titulares, como yo, o catedráticos, como Ustedes, se pueden vanagloriar, aunque no sea yo precisamente de los autocomplacientes y por ello creo que estoy por dar mis mejores frutos. Desde la Fundación Ibn Tufayl, además, he impartido cursos y dado becas, formando a investigadores que están haciendo sus tesis doctorales.

6) Quiero recordarles lo que dice nuestra Constitución en relación con la igualdad ante la ley y mérito y capacidad en el acceso y desempeño de la función pública, pues es de obligado cumplimiento. La Constitución en su art. 14 establece que "los españoles son (somos) iguales ante la ley..." y en su art. 23.2 especifica que "los ciudadanos tienen (tenemos) derecho a acceder en igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes". La Administración, en este caso Ustedes como Comisión, está sujeta (están sujetos) a estos preceptos constitucionales citados, así como a los que ahondan (art. 103) en la objetividad, imparcialidad y eficacia de la actuación adminitrativa.

Hay quien dice que la habilitación de la Profesora Arvide ha sido debida a que su familia tiene una buena relación de amistad con uno de los catedráticos, e incluso aportan más datos (que sabe latín -no sé si lo dicen textualmente o metafóricamente o quizás con doble sentido-), extremos estos que, aunque se pueden tratar de comprobar, me resisto a creer que sean ciertos por todo lo que supondría de delito punible por presunta prevaricación. Quiero creer que Dña. Luisa María Arvide Cambra se merece la habilitación y ante ello, de lo que no tengo ninguna duda es de que yo también me la merezco, pues a la vista de los currículos queda muy claro y Ustedes tienen ambos curriculos. Han juzgado el de la Profesora Arvide y le han dado la habilitación y tienen ahora que valorar el mío, con unos pocos meses de diferencia.

7) Les insisto en el agravio comparativo y el trato discriminatorio que supondría, a mi entender y espero que también al entender de cualquier instancia que revise el tema, el que a la Profesora Arvide se le haya habilitado y a mí no. En este tema del agravio comparativo y el trato discriminatorio ya se ha establecido jurisprudencia. La sala tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en su sentencia 635 de 2006, falló contra la ANECA y la Dirección General de Universidades anulando sus resoluciones, a favor de una demandante que se hallaba en una situación similar a la mía. La parte actora alegó que la ANECA incurrió en trato discriminatorio, vulnerando el principio constitucional de igualdad, en concreto aducía que otra solicitante, con iguales o menores méritos, sí obtuvo informe favorable a efectos de poder ser contratada como profesora colaboradora. La sentencia concluye que "obran en autos datos que permiten deducir la existencia de un trato desigual carente de justificación". En aquel caso, la Sala no quiso entrar en si se infringía el principio constitucional de igualdad y concluye con "la anulación de las resoluciones impugnadas, debiendo de señalarse que la situación de autos es fruto, no de la mala fe, sino de un error derivado del elevado número de evaluaciones a realizar y de la complejidad de las mismas". Es posible que en aquel caso, la parte actora no quisiera entrar en más responsabilidades y optara por la vía administrativa, para arreglar su problema de forma puntual, y no por la vía penal, en la que podría haber dado una clase magistral y haber sentado ya no sólo jurisprudencia, sino también, a su manera, cátedra.

En virtud de lo anteriormente expuesto, SOLICITO

Que, teniendo por presentado este escrito de alegaciones y en virtud de las mismas y de los argumentos legales y factuales contenidos, en particular la indefensión y el agravio comparativo y trato discriminatorio, se revise mi solicitud de acreditación para el cuerpo de catedráticos de universidad y se modifique lo propuesta de resolución, de modo que se conceda la referida acreditación.

Es de Justicia, que pido en Madrid a quince de noviembre de 2010

Fdo.: Jorge Lirola Delgado DNI: 27.494.505-Y Avda. San Juan Bosco, 67, 1º B. 04005 Almería.

Solicitud de expediente administrativo (ANECA)

EXCMO. SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN SR. D. ÁNGEL GABILONDO PUJOL

JORGE LIROLA DELGADO, mayor de edad, con DNI nº 27.494.505-Y, Profesor Titular de la Universidad de Almería, con domicilio para notificaciones en Avda. San Juan Bosco, 67, 1º B, 04005 Almería,

EXPONGO:

1) Que con fecha 20 de octubre de 2010, recibido por quien suscribe el 9 del 11 de 2010, Dña. Zulima Fernández Rodríguez, en calidad de Directora de ANECA, me notificó la propuesta de resolución desfavorable a mi solicitud de acreditación para el cuerpo de catedráticos de Universidad, dándome un plazo de 10 días hábiles para presentar las alegaciones que estimase pertinentes (doc. n1 1).

2) El 15 de noviembre de 2010 me personé en las dependencias de ANECA en Madrid y solicité por escrito (doc. n1 2) a Dña. Zulima Fernández Rodríguez consultar el expediente completo de mi solicitud, en el que debían constar la identidad de los informantes (los autores de los dos informes de expertos) y la evaluación desglosada y justificada según baremo.

3) Hube de presentar las alegaciones sin que pudiera consultar el expediente, por lo que alegué, fundamentalmente, indefensión (doc. n1 3), alegaciones dirigidas a los señores D. Alfredo Morales Gil, Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante, como Presidente de la Comisión, D. Carlos Villanueva Abelairas, Catedrático de Música de la Universidad de Santiago de Compostela, Dña. M0. Isabel Ostolaza Elizondo, Catedrática de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad Pública de Navarra, Dña. Arminda Lozano Velilla, Catedrática de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, D. Alfonso García Suárez, Catedrático de Lógica y Filosofía de la Universidad de Oviedo, Dña. Consuelo Ruiz Montero, Catedrática de Filología Griega de la Universidad de Murcia, D. Fernando Cabo Aseguinolaza, Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Santiago de Compostela, D. Antonio Narbona Jiménez, Catedrático de Lengua Española de la Universidad de Sevilla, y Dña. M0. Teresa Gibert Maceda, Catedrática de Filología Española de la UNED, como titulares de la Comisión.

4) Con fecha de 30 de noviembre de 2010, notificada el día 21 de diciembre, se me comunicó la resolución desfavorable a mi solicitud, sin que pudiera finalmente consultar el expediente completo y consumando la indefensión en la que se me dejaba. SOLICITO:

Que sean abiertos expedientes disciplinarios a los funcionarios Dña. Zulima Fernández Rodríguez, por impedirme acceder a mi expediente completo, dejándome en situación de indefensión, y a D. Alfredo Morales Gil (Universidad de Alicante), D. Carlos Villanueva Abelairas (Universidad de Santiago de Compostela), Dña. M0. Isabel Ostolaza Elizondo (Universidad Pública de Navarra), Dña. Arminda Lozano Velilla (Universidad Complutense de Madrid), D. Alfonso García Suárez (Universidad de Oviedo), Dña. Consuelo Ruiz Montero (Universidad de Murcia), D. Fernando Cabo Aseguinolaza (Universidad de Santiago de Compostela), D. Antonio Narbona Jiménez (Universidad de Sevilla) y Dña. M0. Teresa Gibert Maceda (UNED), por resolver sin que pudiera acceder al expediente completo y colaborar en la indefensión en la que se me ha dejado.

Para el caso de que no se considere competente deberá actuar conforme a lo establecido en el art. 20.1 de la ley 30/92, remitiendo este asunto al que considere competente, dando traslado al solicitante Almería, tres de enero de 2011 EXCMO. SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SR. D. ÁNGEL GABILONDO PUJOL

Como buen deseo para este 2011 me he propuesto, entre otras cosas, acabar con el sistema de informes confindenciales de la ANECA, la ANEP y cualquier otro organismo público. Aunque no lo consiga, lo voy a intentar CON TODAS MIS FUERZAS, que no son pocas.

Y para qué esperar al 2011, por lo que empiezo ya (de hecho continúo, con más fuerza, lo que ya empecé).

Estrategias que voy a seguir:

1) Ir directamente a la cabeza, para lo cual voy a formular una denuncia al Ministerio Fiscal, con pruebas concretas en las que entiendo yo que se han vulnerado derechos fundamentales, con nombres y apellidos, por si fueran prácticas delictivas y punibles, para exigir las responsabilidades oportunas.

2) Ir también a los pies. Todo sistema injusto lo sostienen personas concretas, unas de forma activa y otras precisamente por inactividad y dejar hacer. La experiencia me dice que no habría prepotentes sin cohorte de eunucos. Lo bueno del tema es que, por lo que he podido comprobar, con frecuencia esa cohorte suele ser de personas cobardes, que precisamente, como en este caso, se tratan de ocultar bajo la confidencialidad.

3) La denuncia pública, a través de prensa e internet. Entre otras páginas, iré actualizando con lo que vaya haciendo esta página de denuncias.

También os animo a que todos aquellos que queráis sumaros o simplemente contarme vuestros casos concretos lo hagáis para unir fuerzas. Será más fácil y más gratificante, sobre todo cuando se encuentra a gente que está dispuesta a trabajar por acabar con las injusticias en beneficio de todos, sin intereses particulares. Por favor, hacedlo a: jld@ibntufayl.org

Empiezo a desarrollar el punto 2 y 3 hoy mismo.

No me dejan presentarme a una cátedra que saldrá en breve en Almería. Aunque me hubiera gustado poder hacerlo, no podré, pero por lo menos servirá para que intente acabar, en beneficio de las nuevas generaciones, con ese sistema que considero injusto y que creo que se presta a crear mafias.

Si no me puedo presentar es porque me han emitido informes no muy buenos dos personas. Los posibles candidatos para emitirlos eran: Maribel Fierro, Jorge Aguadé y Francisco Franco, al que también envío copia de este mensaje. Les pregunté si lo habían emitido. Maribel Fierro me contestó que no y los otros dos no contestaban. Después de hacerlo público y volver a preguntarlo en mensaje que envié a todos los catedráticos en activo, explicándoles el caso, Jorge Aguadé me contestó diciéndome que era confidencial y no lo podía decir (le contesté que me resultaba curioso que cuando me dieron un proyecto de investigación me enterara por él mismo de que nos había emitido un informe, sin que entonces tuviera reparos en vulnerar la confidencialidad, y ahora sí la tenía y le pedía que, como experto evaluador, calificara su actuación). Francisco Franco sigue sin contestar. Seguiré preguntándoles. En cualquier acto público que coincidamos, no dudéis que ya tenéis una pregunta que os formularé.

Una de las primeras tareas será saber quién se presta a hacer informes confidenciales, para hacerles comprender que no es justo e incluso es ilegal juzgar a una persona y querer esconderse en la confidencialidad.

¡Por un espléndido 2011! En gran parte, de nosotros depende.

Continúo con las denuncias

Tras dos años en que no he dado cuenta en este blog de otras denuncias, retomo mi actividad en él. No es que haya dejado de hacer esas denuncias en distintos ámbitos, sino que me ha faltado el tiempo para plasmarlas aquí (no es que ahora me sobre el tiempo, pero sí creo que me merece la pena publicarlas). Me centraré ahora en las nuevas y en algún momento sacaré las viejas no resueltas aún. Con el "aún" no es que sea tan optimista que piense que se resolverán. Soy realista y sé que lo más probable es que muchas no acaben por resolverse, pero, al menos, yo no me olvidaré de ellas y trataré de recordárselas a las instancias competentes hasta la saciedad, a ver si se les cae la cara de vergüenza, si es que les queda un poco de dignidad.

Retomándolo donde lo dejé, he contar que, como me temía, el Inspector de Servicios de la Universidad de Almería, Antonio Sánchez Cañadas, entendía que el problema era yo, no que podía ser que el Defensor Universitario, Antonio Pulido Bosch, no estaba cumpliendo con el servicio que debía prestar a la Comunidad Universitaria. Lo que trató de hacer fue asustarme, aunque no lo consiguió. Me reafirmé en lo que había dicho y ahí quedó todo. Cuando me entere de que uno u otro interviene en algún acto en público, asistiré a ver qué es lo que cuenta y le preguntaré por su ética y le diré lo que me parece a mí, sin cortarme un ápice, para que si entiende que es falso lo que digo, me denuncie, ya que cuando lo denuncio yo prefieren archivarlo. Que me denuncie para que el que lo investigue tenga que desempolvar el archivo.

Respuesta del Rector a mis denuncias

La experiencia que tengo hasta ahora en esta universidad es que, cuando denuncio irregularidades, obtengo la callada como respuesta y, si insisto, entienden que el problema soy yo por denunciar las anomalías, e inician actuaciones encaminadas a sancionarme. Así lo hizo Alberto Fernández, quien llegó a sancionarme por un supuesto trato irrespetuoso a un superior, donde él hacía de juez y parte, sanción que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en sentencia firme nº 407 de 1999. La sanción contenía también amenazas que no surtieron su efecto.

Como es raro que los problemas se resuelvan solos, y más los que denuncié, suelen persistir e incrementarse. Es por ello, por lo que años después, sigo con las denuncias de viejos y nuevos problemas, dado que quienes nos gobiernan en la Universidad prefieren no hacer nada para solucionarlos.

Una de mis últimas denuncias ha sido el que el defensor universitario, D. Antonio Pulido Bosch, en los temas que he puesto en su conocimiento (ocultación que hace el director del departamento de graves denuncias sobre la docencia a través de no incluirlas en las actas de las reuniones, no constándome que haya hecho nada el Director ni la Inspección de Servicios para solucionarlas), ha preferido dejar que mis derechos como miembro de la comunidad universitaria sigan siendo vulnerados.

Reiteradamente, lo he denunciado públicamente, como recordaréis. La última vez hace unos días, a través de mensajes a los miembros de la Conferencia de Defensores Universitarios para que pidan que el Rector de la Universidad de Almería, como presidente del Claustro, haga algo para que no existan dudas sobre el buen funcionamiento de tan imprescindible institución, el Defensor Universitario (propongo que el claustro forme una comisión independiente que lo investigue para exigir las responsabilidades oportunas), o también para que conminen al cosocio de la Conferencia de Defensores (D. Antonio Pulido Bosch) a que no deje pasar mi denuncia de tan graves hechos.

El Rector de la Universidad, D. Pedro Molina, ha decidido hacer algo: ha pedido al Inspector de Servicios, D. Antonio Sánchez Cañadas, “el inicio de Información Reservada relacionada con el correo electrónico que Vd. envió referido al Defensor Universitario.” Y me citan para que efectúe la declaración que considere pertinente.

¿Se querrá afrontar los problemas de fondo para solucionarlos o se optará por entender que el problema son mis denuncias públicas? Es posible que en breve empecemos a conocer la respuesta a esta pregunta.

Por otra parte, aprovecho este mensaje para recordarle al Rector, a quien también envío copia, que no ha resuelto dos recursos que le formulé, habiendo transcurrido ya más de los tres meses preceptivos, y que, básicamente tratan de si en esta Universidad se aplica la ley de procedimiento administrativo y otras leyes.

¿He de entender que hay silencio administrativo y no se pronuncia el Rectorado y he de recurrir al Contencioso Administrativo para que se diga si es legal o no lo que se está haciendo en el Departamento de Filología?

Un cordial saludo.

Jorge Lirola Delgado.

Departamento de Filología.

Antonio Pulido no ha cumplido con su obligación de defensor

Yo, Jorge Lirola Delgado, Profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Almería (despacho nº 207), denuncio públicamente, en el seno de la comunidad universitaria, que Antonio Pulido Bosch no ha cumplido con las obligaciones que se derivan de su cargo de defensor universitario, para el que cobra, en el caso en el que le he pedido su intervención.

Le pedí que velara para que se respetara, como miembro de un órgano colegiado de la Universidad de Almería, el Consejo del Departamento de Filología, mi derecho a formular ruegos y preguntas y a que éstos consten en la correspondiente acta con el sentido con el que los he formulado, sin que se decida por votación si se incluyen o no. Curiosamente, me dice que me asiste ese derecho, pero no defiende su aplicación. Ni tan siquiera me consta que haya entrado realmente en el tema de si es que considera que no formulé esas preguntas y ruegos ni sé si ha comprobado si están recogidos en las actas correspondientes.

Tras tres meses menos un día de espera, resolvió amparando que se vulneraran mis derechos. Durante esos tres meses, primero, me acusó de haber filtrado la denuncia a la prensa, cosa que no hice; después me comentó que sería indigno que a los profesores nos controlaran la asistencia a clases (algunos de mis ruegos y preguntas se refieren a reclamaciones de alumnos que han denunciado a profesores que no asistían a clase y que yo mismo he constatado que son ciertas, sin que me conste que las instancias competentes hayan hecho nada por atenderlas y subsanar lo que hubiera que subsanar). Además, no se creía el defensor que en otras universidades hubiera un control de la asistencia de los profesores a las clases, y me acusó verbalmente de ser yo quien vulneraba los derechos de la mayoría de los miembros del Departamento, sin que, por otra parte, pareciera estar dispuesto a defender tampoco esos derechos que entendía él vulnerados, pudiendo actuar de oficio. No quiso tampoco oír a una de las alumnas que había denunciado irregularidades. Y, finalmente, me pedía que me abstuviera de difundir mis denuncias en la red de la UAL.

Sin duda, necesitamos un defensor universitario independiente, capaz de defender los derechos de los miembros de la comunidad universitaria cuando estos sean vulnerados por alguna de las autoridades de la Universidad de Almería, una persona que no tema enfrentarse con el poderoso cuando sea por una causa justa, como lo es la defensa de los derechos de los administrados frente a los administradores.

Por lo que yo he podido comprobar, Antonio Pulido Bosch no da ese perfil y le pido a él mismo, a quien le envío este mensaje, que, si entiende que es falso lo que digo, lo diga también públicamente y pida, incluso, que se inicien las actuaciones oportunas para que yo asuma mis responsabilidades.

Por mi parte, yo inicio este procedimiento público para que asuma Antonio Pulido Bosch la responsabilidad de sus actos. En ese sentido, solicito desde aquí y vía registro al Rector, como Presidente del Claustro que lo nombró y al que rinde cuentas anuales de su actuación, que le pida que aclare si es falso lo que digo y lo haga público. Envío este mensaje a Pedro Molina (Rector) y a todos los que he podido, seáis claustrales o no, con el ruego encarecido de que pidáis que la persona que está nombrada como defensor universitario dé la cara y, si es falso lo que digo, no se me permita levantar falso testimonio por el bien de lo que debe ser una respetable institución como es el defensor universitario. También se lo envío al resto de defensores/as de las universidades españolas, para su conocimiento y los efectos que estimen oportunos.

¡Por una universidad limpia y unos poderes públicos responsables!

Incompetencia jurídica del Rectorado de la UAL

Para aquellos que no dispongan de mucho tiempo para leer todo el mensaje, expongo la conclusión a la que llego: Creo que el Rector, Pedro Molina, o, en su caso, quien le confecciona las resoluciones que me ha notificado, no tiene sólidos conocimientos de derecho o, en su defecto, está prevaricando, siendo ambos supuestos de suma gravedad, por lo que se deberían tomar medidas urgentes.

Hace aproximadamente un año, el 31 de julio del 2007, recibí la resolución por parte del Rector de la Universidad de Almería, Pedro Molina García, de un recurso que le había presentado el 13 de abril. En él, impugnaba la convocatoria de una reunión extraordinaria del Departamento de Filología y cada uno de los acuerdos adoptados en la misma, pues entendía que el entonces Director, Javier Fornieles Alcaraz, abusaba de las convocatorias de reuniones extraordinarias. El orden del día de aquella reunión era el siguiente:

- Aprobación, si procede, de proyecto de tesis doctoral (S. Ridao)

- Autorización, si procede, para virtualizar asignaturas optativas y de libre configuración.

- Autorización para participar, si procede, en el proceso de renovación de ordenadores.

En el recurso le indiqué a Pedro Molina que había existido tiempo para convocar la reunión de forma ordinaria y no estaba justificado el carácter extraordinario y que, desde hacía varios años, Javier Fornieles convocaba numerosas reuniones con carácter extraordinario sin justificación alguna, en lugar de con carácter ordinario, como puede comprobarse en el libro de actas, habiéndose convertido ésta en una forma habitual de proceder por lo que entendía yo que podía estar incurriendo en fraude de ley, por utilizar una figura jurídica (la reunión extraordinaria) como forma ordinaria de proceder. Lo que a mi entender subyacía en el fondo de la cuestión era la voluntad de Javier Fornieles de que no hubiera reuniones con el punto de “ruegos y preguntas” pues, tras rechazar él una y mil veces mis peticiones de que se incluyeran en el orden del día temas en los que se denunciaban irregularidades importantes en el seno del Departamento, entre ellas algunas cometidas por él mismo (detallaré algunas en un próximo “cómo cobrar y no trabajar en la UAL”), tampoco quería él que las pudiera plantear en ruegos y preguntas.

Aunque mi especialidad no es Derecho (soy profesor de Estudios Árabes e Islámicos), alcanzo a comprender que la resolución del Rector Magnífico debía entrar en si estaba o no justificada la convocatoria extraordinaria, si todos y cada uno de los temas mencionados eran tan urgentes como para motivar el carácter extraordinario y en comprobar, como le denunciaba, si había habido tiempo de convocarla con carácter ordinario y no extraordinario. Pero no, no entraba en ello, sino que se basaba en la declaración genérica que le hacía Javier Fornieles de que “las reuniones extraordinarias del Consejo del departamento vienen motivadas generalmente por la necesidad de atender alguna petición de informes o de solicitudes que reclaman otros servicios de la Universidad”. O sea, que en nuestro departamento hemos de actuar deprisa y corriendo porque así se hace en toda la Universidad. Aquí hacemos todo deprisa y corriendo, por lo que debe ser un milagro que salgan bien las cosas. Bromas aparte, es muy triste y preocupante el tema. En ningún momento se justificaba la urgencia de todos y cada uno de los puntos a tratar y, sin embargo, Pedro Molina resolvía sin comprobar los hechos.

En su momento no denuncié este tema en el juzgado porque, por un lado, Javier Fornieles convocó una nueva reunión de departamento el 27 de abril e incluyó los mismos tres puntos del orden del día y, ésta vez sí, era una reunión ordinaria (¿se puede aprobar dos veces lo mismo?) Quedaba demostrado que los puntos no eran tan urgentes como para justificar que se trataran en reunión extraordinaria. Esta importante circunstancia, producida con posterioridad a mi recurso, se obviaba en la contestación de Javier Fornieles a Pedro Molina y también en la resolución de este último. Por otro lado, el mencionado director pasó a mejor vida (Pedro Molina lo nombró Vicerrector de Estudiantes) y el nuevo director, Juan Luis López Cruces, dejó de abusar de convocar reuniones extraordinarias, por lo que, por mis otras ocupaciones, dejé dormir el tema.

Seguramente me equivoqué en no pedir responsabilidades y no exigir a las autoridades, que cobran unos sueldos complementarios por administrarnos, que nos administren bien y no abusen del poder que se les concede, de forma que las actitudes abusivas tengan un coste y dejen de producirse.

Hace unos días, el 1 de agosto (resulta curioso que Pedro Molina se espere a esas fechas tan veraniegas y vacacionales para resolver los recursos que le presento), me ha notificado la resolución de un nuevo recurso que le había planteado y que paso a explicar: Con fecha del 25 de abril de 2008 le había presentado uno contra la aprobación de un acta del consejo de departamento en el que el nuevo director, Juan Luis López Cruces, había sometido a votación dos de las numerosas correcciones que me había visto obligado a hacer, relativa una de ellas a irregularidades en la docencia que entiendo que se quieren ocultar. En la votación a la que sometió mi propuesta de modificación el director se dio un curioso resultado: dos votos a favor de mi modificación (el mío propio y el de una alumna que tiene conocimiento directo de las irregularidades que se han producido en esa asignatura por haberla cursado), dos votos en contra de mi modificación (los del Director y el Secretario) y 12 abstenciones. Total, que se me atribuyó un ruego que no es el que había formulado y no se quiso incluir el que verdaderamente había realizado pues, en caso de empate, el voto del director vale doble y dirimió así el empate, sin entrar verdaderamente en si ese era en realidad mi ruego o no.

Pedro Molina o quien le haya confeccionado la resolución que ha firmado, según me ha dado traslado María Luisa Trinidad García, Secretaria General, parece querer decirme, por un lado, que no es un acto administrativo lo que yo recurro. En mi recurso se puede leer claramente que recurro la aprobación del acta. Me pregunto: ¿no es un acto administrativo dicha aprobación¿ ¿o es que no ha leído bien mi escrito? Por otro lado, me indica que el recurso se ha interpuesto fuera del plazo legal correspondiente a un recurso de alzada, pues la aprobación se produjo el 27 de febrero del 2008. Esto es cierto, aunque el acta en el que se decía que se había aprobado aquella otra acta planteó serios problemas y el director del Departamento propuso posponerla “para llegar –según él- a un mejor acuerdo con D. Jorge Lirola sobre algunos puntos del texto”, aparte del hecho de que Juan Luis López Cruces no me remitió copia de documentación que le pedí el 29 de febrero hasta el 25 de junio, para comprobar diversos extremos.

De cualquier forma, entremos en el fondo y en los hechos que entiendo que pueden ser punibles y no objeto de un simple recurso de alzada y que, como funcionario, puse en conocimiento de mi superior, el Rector, “para que, de no ser subsanados inmediatamente, abra una investigación por si constituyen encubrimiento de irregularidades en el ejercicio de la función pública y falsedad en documento público al no recogerse el verdadero sentido de mi ruego e impedir que se recoja, con el tema de fondo de las irregularidades en una asignatura que se han producido a lo largo de diversos años por lo que me consta fehacientemente, lo que está substanciado en reclamaciones presentadas en la inspección de servicios y el Departamento de Filología por diversos alumnos y por mí mismo”. Así se lo pedí expresamente a Pedro Molina, sin que, en su resolución, compruebe los hechos y resuelva lo que él cree que es el fondo sin establecer estos hechos, que son claves: ¿el ruego que aparece en el acta atribuido a mí realmente es el que hice denunciando la pasividad del director ante las irregularidades? ¿Se han tergiversado mis palabras en el acta? Considera Pedro Molina que el acta se ajusta a derecho a partir de un informe del director del Departamento, Juan Luis López Cruces, que contiene numerosas falsedades que paso a detallar, sin que, insisto, el director entre en ningún momento a mantener que ese fue realmente mi ruego y que mis palabras no han sido tergiversadas.

Dice Juan Luis López Cruces, refiriéndose a mí: “se alteró sobremanera porque yo, en calidad de moderador, no consideré que procediera debatir asuntos en los que había pleno acuerdo con el fin de que la reunión no se alargara innecesariamente” y añade que no planteé objeción ni tampoco manifesté durante la reunión la intención de impugnar la aprobación del acta, que estuve de acuerdo durante la propia reunión con el procedimiento, etc. Es absolutamente cierto que me alteré, pero no por lo que él dice, sino porque me parece indigno que se decida por votación, sin mediar intervenciones sobre si eso fue lo que manifesté y rogué y no se incluya el verdadero sentido de mi intervención y del ruego que formulé, seguramente para ocultar las irregularidades que me constan que se han producido y la pasividad del anterior director, Javier Fornieles, y del nuevo, Juan Luis López Cruces. Me alteré especialmente cuando formulé mi voto particular hasta el punto de ponerme a llorar sin que ello me impidiera manifestar mi indignación porque creo que “más grave que el comportamiento de quienes cometen irregularidades, como es que no se dé clases en una asignatura, que se adelante más de un mes el examen por parte de la profesora de forma unilateral, y otras que he puesto en conocimiento de la dirección del Departamento, es el de aquellos que teniendo conocimiento y competencias para afrontarlas constructivamente para que se reparen los daños y no vuelvan a producirse las irregularidades decidan tratar de taparlas y hacer oídos sordos a las denuncias de las mismas” (así lo consigné en un escrito dirigido a Juan Luis López Cruces, quien, curiosamente, dice que me mostré de acuerdo entonces) y me alteré especialmente por el procedimiento que decide utilizar una persona de la que he sido compañero de estudios en EGB, en BUP y en este mismo Campus universitario en el que, por cierto, teníamos profesores que no venían entonces a clase y de ello también se quejaba Juan Luis entonces y ¿ahora ampara que algunos profesores no cumplan con sus clases? Me duele también por lo que supone que, a quien he considerado compañero y amigo, ahora, desde su puesto de director, decida no hablarme, me exija que si tengo algo que decirle que lo haga por escrito y decida dirigirse a mi con el tratamiento de usted, confundiendo, entiendo yo, lo que es verdaderamente el respeto, que no debe ser un mero formalismo. Quizá sea cierto que, con frecuencia, el poder insensibiliza y ciega.

Entiendo que la situación es preocupante, por el abuso de poder que considero que se está produciendo al resolverse los recursos sin contrastar los hechos. Sería importante que los aquí mencionados contestaran a este mensaje, pues mis acusaciones son muy graves. ¿Es falso testimonio lo que digo? ¿Lo van a permitir?

Además, estoy a la espera de que Pedro Molina resuelva otros dos recursos importantes por el fondo que subyace a los mismos. Ambos los presenté el 8 de julio y en uno le pedía que lo resolviera de forma urgente, pues entiendo que la Dirección del Departamento se ha apartado gravemente de la legalidad vigente y son nulas de pleno derecho todas las reuniones que se están convocando desde el 30 de junio de 2008 y, lógicamente, todos los acuerdos adoptados en las mismas, por no seguirse el procedimiento legalmente establecido (se han adelantado en echarme de la Junta de Dirección, que es la que establece el orden del día de las reuniones del Consejo de Departamento, sin esperar a que lo decidiera el Consejo del Departamento, que es el órgano colegiado que tenía la competencia para hacerlo).

Por otro lado, desde el 8 de mayo de 2007 vengo pidiendo a Pedro Molina una entrevista para exponerle personalmente diversos hechos graves que afectan al funcionamiento y la credibilidad de la institución que él dirige y en la que yo trabajo, entre otros lo que puede ser una malversación de fondos públicos. Se lo he reiterado varias veces, por escrito, y en petición directa a su secretaria, quien no me contesta cuando le pregunto qué razón da Pedro Molina para no recibirme o si es que ella no le dice que de forma reiterada desde hace más de un año le sigo pidiendo la entrevista. ¿Es que no tenemos vías y cauces de solucionar los problemas en la propia Universidad? Los hechos que voy comprobando me dicen que no, que no funcionan algunas instancias que son clave y que, por lo que contrasto, con frecuencia no parece haber voluntad por parte de ciertas autoridades de solucionar los conflictos. Quizás tengamos que recurrir a ámbitos ajenos a la Universidad para tratar de que se haga algo y que esta universidad pública que estamos pagando todos con nuestros impuestos mejore.