28/3/14

¿Abuso de poder y represión por parte de la dirección del Departamento de Filología de la UAL?


            Ante el hecho de que la secretaria del Departamento, Ana Fe Gil Serra, continúa pidiéndome que todo lo que diga o haga constar en las reuniones del Consejo de Departamento lo pase por escrito, procedo a ello, aunque quiero dejar constancia de que estimo que recibo un trato discriminatorio, pues ello no lo hace en otros casos y en el mío propio a veces incluye en el acta algunas peticiones y/o manifestaciones, aunque no algunas que considero esenciales como quedará de manifiesto más adelante.
            En el informe del Director del Departamento, éste aludió a los resultados de satisfacción del profesorado por parte de los estudiantes en el curso anterior, indicando que el Departamento estaba por debajo de la media de la universidad, aunque algunas áreas sí estaban por encima. Pedí que se nos enviara y estimaba que se debía de haber hecho antes, remitiéndonoslo con toda la documentación del Consejo a todos los miembros y con mayor motivo este documento, pues creo que debemos reflexionar de forma crítica sobre nuestra labor docente para tratar de mejorarla. Me alegro de que se haya procedido a su envio antes de que haga este escrito y solicito ahora que en la próxima reunión reflexionemos sobre la marcha de nuestra labor docente, máxime cuando hubo acusaciones fuertes entre profesores del área de Filología Inglesa con respecto a la labor docente en dicha área.
            No aprobé las actas pendientes por varias razones. Antes de indicarlo, llamé la atención sobre el hecho de que no se especificaran en la convocatoria cuáles se aprobaban y que esperaba que estuviese el acta del 23 de octubre de 2012. Sobre ella se me dijo hace ya mucho tiempo que estaba aprobada, pero al requerir al Director de Departamento, Javier Aguirre Sádaba, y a la Secretaria, Ana Fe Gil Serra, que me dijeran cuándo y quién la habían aprobado, no me lo han dicho ni parece que hayan comprobado algo tan sencillo. Si, como creo, no ha sido aprobada por el órgano competente, exijo que se haga cuanto antes y se den explicaciones de la anomalía.
            El no aprobar las actas del 4 de febrero, 10 de febrero, 26 de febrero y 4 de marzo, que no he podido leer en su totalidad por no haber sido enviadas con la convocatoria y, al ir a consultarlas, encontrarme cerrado el lugar donde estaban, se debe a que estimo que Ana Fe Gil Serra las ha levantado de forma partidista, no incluyendo puntos esenciales como el que pidiese a la Dirección del Departamento, a ella misma como garante de la legalidad y a Javier Aguirre Sádaba que dejaran de propiciar el que se voten ilegalidades en relación con establecer perfiles que favorecen a un determinado candidato en la convocatoria de plazas. Ya hay jurisprudencia sobre la clarísima ilegalidad que ello supone. Y más entiendo yo el aprobar miembros del tribunal que presuntamente pueden favorecer también a un determinado candidato. Se procedió, además, directamente a votar la aprobación del acta, sin pedir si había modificaciones y votar dichas modificaciones una a una, permitiendo que votaran personas que no habían estado presentes en la reunión correspondiente. Javier Aguirre Sádaba, no me dio incluso la palabra para plantear una cuestión de procedimiento sobre los extremos que acabo de mencionar. Hago constar, por tanto, mi más enérgica protesta sobre el procedimiento y reitero que se nos envíen los borradores junto con la convocatoria para facilitar nuestras obligaciones y derechos como miembros del Consejo de Departamento.
            No voté a favor del cierre económico del año 2013 porque pude comprobar que en algunos casos de profesores había superávit y en el de otros importantes númerosos rojos. Puse como ejemplo mi caso, en que aparecían 80,08 euros de superávit cuando se me dijo que me hahía gastado ya todo lo que me correspondía, mientras que en el caso de otra compañera, Luisa Arvide, tenía un déficit de 108,33 euros. Pregunté qué se iba a hacer y estimo que no se dijo ni aprobó el órgano competente, que es el Consejo, las medidas oportunas. Por otro lado, como he planteado anteriormente, solicito que se me permita acceso a todos los gastos de los miembros del Departamento, para analizar cómo gastamos el dinero público.
            No pude votar a favor de las modificaciones del Reglamento de Régimen Interno pues me llevé la sorpresa de que eran muchísimas y que algunas de ellas podian plantear problemas y requerian de asesoramiento legal, sin que pudiera hacerlo al no haber sido enviadas las modificaciones a todos los miembros con la convocatoria. Vuelvo a reiterar lo que considero una mala práctica por parte de Ana Fe Gil Serra y Javier Aguirre Sádaba que nos impide cumplir bien con nuestras obligaciones y nuestros derechos.
            En ruegos y preguntas reiteré la petición de que se envíe la documentación necesaria para el desarrollo de nuestras competencias junto a la convocatoria, vía electrónica, pues no supone gasto alguno y facilita nuestra labor, al menos en mi caso.
            Pregunté por qué no se había incluido el que el Departamento se sumara a la conmemoración del Milenario del Reino de Almería y ante el hecho de que Javier Aguirre comentó que estaba esperando a que se pronunciara “la Universidad”, le pedí que no confundiera el Rectorado con la Universidad. Él mismo se ha sumado a través del Grupo de Investigación y no hay impedimento para que lo tratemos en Consejo de Departamento como estoy pidiendo.
            Rogué que se me facilite copia, si es compulsada mejor, de las actas del 4, 10  y 26 de febrero y 4 de marzo, así como en la que se aprobó la convocatoria de la cátedra de latín. Que sirva esto como petición oficial, pues, entre otras cosas, quiero presentar una denuncia ante el Juzgado, como anuncié, por las ilegalidades que entiendo yo cometidas en la aprobación de las convocatorias de las cátedras, con reiteración y con alevosía, entiendo yo.
            Entre los temas pendientes y que se acumulan al no darles respuesta la Dirección del Departamento, está el que antes de que me sancionaran se produjo una situación anómala en el anterior Departamento de Filología cuando lo dirigía Juan Luis López Cruces y fue que a algunos profesores no se nos permitió gastar el dinero asignado por problemas de contabilidad y el Consejo aprobó que esas cantidades se prorratearían en años sucesivos hasta el 2014, sin que se haya hecho ni dado explicación. Ruego que se trate lo antes posible y se dé respuesta al asunto.
            Finalmente, aprovecho para solicitar copia compulsada de los informes de los quinquenios enviados por el Departamento para comprobar si se ha incluido lo que yo hice constar en los mismos.

5/3/14

La corrupción de las cátedras con descaro y ¿con impunidad?


En el Departamento de Filología de la Universidad de Almería últimamente sólo nos reunimos en sesiones extraordinarias con un único punto del orden del día: aprobar la convocatoria de una cátedra con un perfil muy específico y unos miembros del tribunal que ya alguien ha propuesto de antemano. Se trata de votar y de aprobar un perfil y un tribunal que va a favorecer a una persona concreta, sin que esa persona esté presente para que nadie la pueda acusar de participar en una ilegalidad.
Los tribunales de justicia empiezan a sentar jurisprudencia sobre que se trata claramente de una ilegalidad y están anulando esas cátedras, aunque con una media de 4/5 años de retraso y previa interposición del contencioso administrativo correspondiente con todo lo que supone de gastos y tiempo:
En todos los casos, he pedido en las reuniones, con expresa mención de que conste en acta, que es una ilegalidad y que hago otra propuesta alternativa: que el perfil sea el genérico del área y que al tribunal se elija por sorteo, pues de lo contrario hacemos un flaco favor a los que ya sabemos que se van a presentar, pues es claramente uno de los "chancullos university" que denuncio en la serie de ese nombre.
Los que se van a presentar, cada uno a una cátedra diferente (Manuel López Muñoz, María Isabel Navas Ocaña y Antonio Bañón Hernández), que son en última instancia los promotores de la convocatoria, aunque se escondan para que no se les acuse del chanchullo, no se dan por aludidos (les he escrito). Yo los hago responsables, pero no son los únicos pues también lo es el Director del Departamento, Javier Aguirre Sádaba, y la secretaria, Ana Fe Gil Serra, que deben ser garantes de la legalidad y no incitar a cometer ilegalidades al resto de los miembros del Departamento. Y el hecho de que son ilegalidades no lo digo yo, sino que lo afirman los tribunales de Justicia. Yo voy más allá y creo que son actos delictivos y por eso lo he denunciado por vía penal y me he querellado en un clarísimo caso, pues hasta existe el documento en el que la persona que va a optar a la cátedra y la obtuvo solicita que se convoque y pide el perfil con el que se convocó. Y los miembros del tribunal reconocieron que les había pedido la que se presentaba que formaran el tribunal (unos aceptaron y otros no).
He pedido en todos los casos, expresamente, que conste en acta que es una ilegalidad (e incluso entiendo que es un presunto delito penal) y que la dirección está incitando a que se cometa, con reiteración. Y el Director, Javier Aguirre, contestó en el último caso que a ver si me creía yo que "estábamos cometiendo un pecado". ¡Vaya desfachatez! Es, sencillamente, indignante.
Y también son responsables los que votan a favor de la propuesta, cuyos nombres consta en el acta correspondiente.
Creo que debo presentar una denuncia en el Juzgado de Guardia y que se pronuncie un Juez, aparte de la Fiscalía. Lo que digan uno y otro lo haré público.
Sin duda tenemos el país que nos merecemos, porque si denunciaramos y lo hicieramos con nombres y apellidos como estoy haciendo yo, estoy convencido de que serviría para algo. Al menos para que sepamos si todos los que aparecen aquí mencionados tienen o no vergüenza. Yo le doy publicidad y lo pongo en internet, por eso de ¡Memoria y dignidad!

27/2/14

Campaña para que el Rector no esté por encima de la ley


Por motivos obvios, es incompatible desempeñar un alto cargo, como es el rector, y asesorar a una empresa privada al mismo tiempo.
Pedro Molina, que gestiona el dinero público en la Universidad de Almería, aceptó asesorar nada menos que a un banco privado, Caixabank.
No es delito penal porque los políticos no quieren, pero sí es una falta administrativa muy grave.
Y si esto es muy grave, más lo es que José Antonio Griñán, en calidad de Presidente de la Junta de Andalucía, no quisiera  sancionarla; quizás por ser de su mismo partido político.
¿Va a actuar la actual Presidenta de la Junta, Susana Díaz? Si no lo hace, ¿qué va a hacer Izquierda Unida, que la sostiene en la Presidencia? ¿Y el resto de fuerzas políticas?

La ley se debe aplicar a todos por igual, incluidos los políticos y altos cargos

¿Cómo se gestiona el dinero público en los departamentos universitarios?

En el siguiente enlace se puede leer mi experiencia en el Departamento de Filología de la Universidad de Almería, semejante seguramente al de otros muchos departamentos y universidades:

http://www.laopiniondealmeria.com/2014/02/como-se-gestiona-el-dinero-publico-en.html

Seguiré informando pues tendrá que resolver el Rector, Pedro Molina.

30/1/14

Querella contra el Rector Pedro Molina y los miembros del tribunal


Se ha aceptado a trámite la querella que presenté contra Pedro Molina, el Rector de la Universidad de Almería, y los miembros del tribunal que juzgó la cátedra de árabe que convocó la referida universidad por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias. En este enlace se pueden ver los detalles:
 Y en el siguiente vídeo breve a partir de un juicio se pueden ver puntos importantes en los que se basa la querella, a través de los testimonios de los testigos:
http://www.youtube.com/watch?v=UUUh7RMORNo
Espero que la juez entre en el fondo de los hechos. Informaré de todas las diligencias y actuaciones judiciales.

19/1/14

Rector, malversador


El Rector de Murcia, José Antonio Cobacho, y el de Almería, Pedro Molina, son muy amigos y, en muchos temas, llevan vidas paralelas. A quienes los critican, los sancionan, porque se creen que la Universidad es un cortijo y ellos su dueño. Ambos se saltan la ley de incompatibilidades y aceptan asesorar a entidades financieras mientras que gestionan el dinero público. ¿Son ellos solos los presuntos corruptos o también quienes los amparan? Vamos a ver qué pasa...
 
Un nuevo capítulo de la corrupción del Rector de Murcia.
 
La Universidad de Murcia paga dos sueldos de profesor para una sola plaza con tal de no ejecutar la sentencia que le condena a admitir a un profesor incómodo

A finales de noviembre de 2013, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº7 de Murcia condeno a la UMU a admitir como docente a Jose Mateos, debido a que su puntuación superaba a la del resto de candidatos a la plaza de Profesor Asociado en Derecho Constitucional a la que concurrió (véase sentencia http://www.slideshare.net/JoseMartinez47/sentencia-plaza-jose-mateos ). José Mateos fue expulsado en su día de la UMU por sus críticas al rector Jose Antonio Cobacho, expulsión que fue declarada nula por el TSJ de Murcia, que amparó a Mateos al considerar que dichas críticas eran ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Debido a su oposición a Cobacho, y pese a la declaración judicial de nulidad de la expulsión, José Mateos ha visto sistemáticamente cerradas las puertas de la UMU, pues no se le perdona que osase atacar la política de sumisión al Gobierno autonómico y aceptación de los recortes que ha caracterizado al rector Cobacho. 

Pues bien, Mateos todavía no ha podido tomar posesión de la plaza debido a que el rectorado se resiste a cumplir la sentencia, por lo que el candidato se ha visto obligado a pedir la ejecución forzosa de aquella al Juzgado. Lo más sangrante es que mientras sigue el juego, la UMU tiene que pagar el sueldo del profesor que ahora mismo ocupa la plaza y también, según ordena la sentencia, tiene que pagarle un sueldo igual a Mateos hasta que tome posesión de la plaza (aunque aun no le han pagado nada). En un contexto de crisis como el actual, resulta inconcebible que el rectorado malgaste el dinero público pagando dos sueldos para una misma plaza de docente, cuando, si ejecutara la sentencia como es su deber, sólo tendría que abonar uno: el del candidato que legalmente debe ocupar la plaza.

6/1/14

Jueces de la Audiencia Nacional amparan las anomalías de la ANECA, a pesar de que un informe de expertos encargado por el Ministerio de Educación llama la atención sobre las ilegalidades


Jorge Lirola Delgado es Profesor de Estudios Árabes de la Universidad de Almería y ha dirigido a un total de 171 investigadores de universidades españolas y extranjeras en el proyecto “Biblioteca de al-Andalus”. Solicitó a la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación) la acreditación para el cuerpo de catedráticos y ésta se lo denegó al otorgarle 78 puntos sobre 100, necesitando 80 para conseguirla. Recurrió la resolución ante la Audiencia Nacional y acaban de notificarle la sentencia preparada por la magistrada Ana Isabel Resa Gómez y suscrita también por los magistrados María Asunción Salvo Tambo, Concepción Mónica Montero Elena, Lucía Acín Aguado y Javier Eugenio López Candela. A la vista del fallo judicial, Lirola denuncia que los magistrados amparan que se produzcan los siguientes hechos que él considera importantes irregularidades, cuando no ilegalidades:

Los jueces aceptan que los informes de los expertos sean de áreas de conocimiento diferentes a las del evaluado, de forma que, por ejemplo, un experto de música puede evaluar a otro de estudios árabes. Para los jueces, con que los expertos pertenezcan a la rama de Artes y Humanidades es suficiente, sin aportar respaldo legal.

Cuando la ANECA encargó a sus expertos en el área de Estudios Árabes e Islámicos Maribel Fierro Bello y Francisco Franco Sánchez que emitieran informes de evaluación sobre la documentación aportada por Jorge Lirola, ambos rechazaron emitir el informe sin que explicaran la razón. Los jueces no han estimado pertinente saber si estaba justificada o no esa negativa que hizo que emitir el informe especialistas de otras áreas. Y también los jueces han evitado pronunciarse sobre la confidencialidad de la identidad de los expertos que no se puede conocer si no se recurre a la vía judicial.

En realidad, según la Comisión y así también lo aceptan los jueces, los informes de los expertos no sirven de nada, pues no son vinculantes, ni siquiera en la parte técnica y académica. De hecho, la calificación técnica no la dieron los expertos, sino los miembros de la Comisión, quienes insisten en que los informes de los expertos no son vinculantes, de forma que a alguien que los expertos le hagan un buen informe la Comisión lo puede suspender y a otro que cuente con pésimos informes lo puede aprobar. Así lo aceptan los jueces, quienes consideran que esto no es arbitrariedad sino “discrecionalidad técnica”, sin indicar tampoco respaldo legal.

La Comisión de reclamaciones del propio Ministerio encontró “indicios de que la valoración otorgada a la actividad investigadora y la actividad docente o profesional del reclamante no parece corresponderse con los méritos acreditados” y pidió a la ANECA “una nueva evaluación”, “con especificiación de la puntuación otorgada a la investigación acreditada con posterioridad a los sexenios reconocidos”. Ante ello la ANECA no pidió nuevos informes a expertos y concedió solo un punto adicional para la actividad desarrollada en los últimos cinco años, los más fructíferos, mientras que había concedido 45 puntos para los otros 18 años, los menos productivos. Por su parte, los jueces han preferido omitir estos desproporcionados e iregulares hechos y evitan referirse y pronunciarse sobre ellos en su sentencia.

            En el informe entregado al Ministro de Educación el 12 de febrero de 2013 por una Comisión de Expertos, entre  los que se encuentran profesores universitarios de Derecho, se dice que “todo el proceso de acreditaciones de la ANECA ofrece serias dudas, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el académico” y se destaca que la ANECA es opaca, vulnerando el Estatuto del Empleado Público (Ley 7/2007, BOE núm. 89 del 13-IV-2007), que obliga a la transparencia del procedimiento en su Art. 55.2.b y el art. 55.c, que requiere “profesionalidad de los miembros de los órganos de selección”; y la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas que en el Art. 35ª) y B) establece el derecho “a conocer en todo momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que están interesados y a obtener copias de los documentos contenidos en ellos” y a “identificar las autoridades  y el personal de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos” (el procedimiento acreditador de la ANECA es secreto o confidencial, hasta que llega a vía judicial). Además, concluye el informe, “la ANECA suprime de hecho las garantías que establece el Cap. III (Abstención y Recusación) de la citada ley de Procedimiento Administrativo”. Los jueces de la sección sexta de la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional han hecho oídos sordos a lo que denuncia este informe.


Jorge Lirola Delgado considera muy injusta la sentencia de los magistrados Ana Isabel Resa Gómez, María Asunción Salvo Tambo, Concepción Mónica Montero Elena, Lucía Asín Aguado y Javier Eugenio López Candela, y lo está denunciando públicamente a través de los medios a su alcance. Comprende el porqué no hay ninguna universidad española entre las mejores del mundo, pero lo peor es que, con estas actuaciones judiciales que amparan, según él, los anómalos funcionamientos, es dificil que las haya en un futuro próximo. Y se pregunta si hay un ranking sobre la justicia y en qué puesto estará la española; por lo que él ha comprobado, teme que, si se hace, no quede en buen lugar.