Denuncia para que se me abra un nuevo expediente y se me sancione

El viernes 24 de noviembre, a iniciativa de la Directora del Departamento de Filología, Carmen María Bretones Calleja, se aprobó una denuncia contra mí para trasladarla al nuevo Rector José Joaquín Céspedes por supuestas faltas muy graves de difamación, acoso, amenazas y coacciones.

Las graves acusaciones contra mi persona son a propósito de mis denuncias públicas de la endogamia que entiendo que se fomenta en el seno de mi Departamento, mi denuncia de que no se quiso tratar la situación del pueblo palestino en Consejo de Departamento y la mediación que solicité para que se desbloqueara la concesión de una licencia de 10 días para una estancia de investigación y unas conferencias en Alejandría y El Cairo, que han tenido mucho éxito y que darán importantes frutos. No me extrañaría que también tengan que ver con mi análisis del resultado de las elecciones a rector (Quien parte y reparte se lleva la mejor parte) pues tengo la sensación de que la denuncia viene orquestada desde altas instancias.

La actitud de la Directora Carmen María Bretones, quien nada mas iniciar la reunión declaró, textualmente, “la reunión va a ser rápida. Tenemos otras obligaciones (tenía otros actos media hora después del inicio de la reunión), “vamos a intentar que sea lo más breve posible”, “está muy claro lo que se ha expresado en el documento”. Curiosamente, decía que lo que se aprobaba “no era una denuncia”, sino que “se han expuesto unos hechos objetivos y que se quiere que las autoridades los conozcan porque son hechos importantes”. Todo ello con la indefensión en la que se me dejó pues no quería que hubiera tiempo para que yo argumentara en detalle contra la denuncia.

Efectivamente, Carmen M. Bretones pidió brevedad y concisión en las intervenciones y en la mía me interrumpió en varias ocasiones para no dejarme hablar sobre determinadas cuestiones de lo que se me acusa. Y directamente se pasó a la votación en la que intervinieron 24 de los 72 miembros del Consejo de Departamento, con el resultado de un voto en contra, una abstención y 22 votos a favor de:

“solicitar el amparo del Sr. Rector de la Universidad de Almería, para que arbitre los procedimientos necesarios a fin de asegurar que la Dirección pueda ejercer sus funciones libre de amenazas y coacciones.

    Además, atendiendo a que los hechos puestos en su conocimiento podrían calificarse de faltas muy graves –a tenor del art. 7.1, letras e) y ñ), del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado–, solicitamos que, si se estima procedente, se dé traslado de ellos a la Inspección de Servicios de la Universidad de Almería, a fin de lo dispuesto en el art. 10.1 de su Reglamento.”

Antes de que se procediera a la votación, indiqué que me acojo a la ley 2/2023 de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que ha sido promulgada por exigencia de la directiva de la Unión Europea 2019/1937, ante el hecho de que quien denunciaba corrupción terminaba defenestrado. Dado que las graves acusaciones que se me hacen son todas ellas ilícitos penales, lo que correspondería es que aquellas personas que entendieran que los he difamado, acosado, amenazado o coaccionado, lo denunciaran en el Juzgado o en la Fiscalía, para que una autoridad independiente lo juzgara y pidiera las responsabilidades oportunas, bien a mí por ser ciertas o bien al denunciante, en caso de no serlo, pero no trasladarlas a unas personas, el rector José Joaquín Céspedes y la inspectora de servicios María Belén Sainz-Cantero Caparrós, a las que yo mismo vengo denunciando por corrupción. Ambas estuvieron implicadas en la sanción de 4 años y 3 meses que me impuso Carmelo Rodríguez y que el Juzgado anuló. De hecho, el artículo 13 de la Normativa de la Inspección de Servicios establece que, ante esas denuncias de ilícitos penales han de abstenerse de actuar y, previo informe del Gabinete Jurídico, han de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía.

Por otro lado, informé a los asistentes de que en el caso de delitos contra el derecho al honor, como la difamación que se dice que he cometido han de ser los supuestamente difamados, a título individual, los que han de acusarme y es llamativo que quieran ampararse en una denuncia colectiva del Consejo de Departamento.

Seguiré informando públicamente y valorando todo cuanto acontezca, en ejercicio de mi derecho a la libertad de expresión y de información veraz que me reconoce la Constitución, como garantía de transparencia, legalidad y responsabilidad de cada cual con sus actuaciones.

¿Hay humanidad en la Facultad de Humanidades donde trabajo y exigencia de respeto a los derechos humanos en las autoridades de la Universidad de Almería?

 El 17 de octubre escribí a la Directora del Departamento en el que estamos los profesores de Estudios Árabes e Islámicos, entre otros, Dña. Carmen María Bretones Callejas, para que tratáramos lo que está sucediendo en Palestina y nos pronunciáramos como hemos hecho en otros temas menos transcendentales. Le escribí textualmente:

“Creo que el Departamento de Filología y los que formamos parte de él no podemos permanecer impasibles ante todo lo que está sucediendo en Palestina. Por ello, desde aquí, pido que se celebre un Consejo del Departamento para abordar el tema de la condena pública tanto de los actos terroristas de Hamás como el terrorismo de estado que está llevando a cabo en Palestina Israel con la excusa del derecho a defenderse. El perseguir a los terroristas no le da derecho a cometer el genocidio al que está sometiendo a la población palestina.

El pueblo palestino lleva décadas sufriendo el robo o la expropiación de sus tierras, el ser arrinconados en guetos y también la expulsión de su territorio, hasta llegar a la situación de sufrir en estos momentos una cruel e injustificada masacre por parte del Estado de Israel.

Solicito que Israel deje de bombardear Gaza y levante todo tipo de restricciones. Y solicito igualmente que se le exija a Israel que reconstruya todo cuanto ha destruido. Israel hasta ahora se ha beneficiado de la mayor parte de la ayuda destinada a los palestinos y destruye impunemente todo cuanto España y otros Estados han construido en Palestina. La comunidad internacional debe pedirle cuentas por ello a las autoridades israelíes así como por los crímenes contra la Humanidad que está realizando.”

La idea es que abordáramos el tema y pudiéramos tratar de consensuar una declaración con, al menos, una petición de que acabe la violencia por todas las partes de forma que no mueran más personas de forma cruel y vil.

La directora Carmen Bretones me respondió que tenía que consultarlo con la Secretaría General de la Universidad, lo cual ya es sospechoso pues en otros casos no ha habido que consultar nada y directamente se ha planteado en el Consejo del Departamento con cuestiones más baladíes.

Tras la respuesta de la Secretaría General, que no ha querido pasarme Carmen Bretones, pese a que se lo he pedido expresamente, se la solicité directamente a la instancia en la que está al frente Dña. Isabel María Ortiz Rodríguez. En este caso sí me han trasladado su contestación, que es:

"Conforme a las competencias de carácter institucional de su Consejo de Departamento, que vienen recogidas en el artículo 8.1 del Reglamento de Régimen Interno del Departamento de Filología, no aparece aquella por la que nos pregunta, ni tampoco la tiene atribuida por la Ley ni los Estatutos de la Universidad."

Tampoco tiene el Departamento, ni el Rectorado, otras muchas atribuciones y sin embargo directamente se asumen, entre ellas el apoyo a Ucrania por parte del Rectorado, recaudando incluso dinero en su apoyo. Le pedí también al actual rector, D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, hace más de una semana que emitiera una condena de la violencia en Oriente Medio, pero no accedió.

A la vista de la contestación de la Secretaría General, la Junta de Dirección del Departamento, con argumentos variopintos, no quiere que se plantee la cuestión en el seno del Consejo del Departamento, aunque no ha sido por unanimidad, sino por mayoría. Hay quien acata en este caso lo que dice la Secretaría General (que en otros casos no), otros simplemente están en contra y listo y hay quien dice que no sirve de nada, que el conflicto palestino israelí no tiene solución. Con esto último se justifica el que Israel, que trata de mostrarse como víctima, cuando lleva mucho tiempo siendo verdugo, seguirá con la aniquilación del pueblo palestino. Ya les quitaron a la mayoría de los palestinos sus tierras, sus medios de vida tradicional y ahora les van quitando la vida, con un cerco cruel en el que los hacen agonizar.

A día de hoy, son ya más de 7.000 los palestinos asesinados por la potencia ocupante, de los que cerca de 3.000 son niños, que no es una simple cifra. Quien haya tenido niños o los tenga sabrá de su inocencia y su fragilidad, con sus ilusiones por jugar y aprender como esponjas. Cuando veo las imágenes de niños vilmente asesinados, lisiados, algunos que han perdido a sus familiares y toda la aniquilación que está realizando el Estado de Israel no puedo evitar el echarme a llorar. El otro día asesinaron vilmente a la joven escritora palestina Hiba Abu l-Nada, y ya iban 23 periodistas palestinos asesinados. Israel va contra los periodistas que son testigos y narradores de la crueldad del que se considera el pueblo elegido por Dios. Al periodista de al-Yazira Wail al-Dahduh le acaban de matar a su esposa, a su hijo e hija. Desgarra verlo enterarse de la noticia, referirse a la muerte de su familia y llorar junto al cadáver de su hijo Mahmud de 15 años, que ya no podrá ser periodista como su padre, como era su deseo, o con el cadáver de su hija de 7 años. ¿Cuáles han sido sus crímenes? ¿Ser palestinos a los que Israel quiere exterminar? Estaban refugiados en un campamento que Israel decía que era seguro.

Y esto no para. ¿No podemos hacer nada? PUES SÍ, MOSTRAR NUESTRA INDIGNACIÓN Y NUESTRA CONDENA Y EXIGIR QUE ESTO PARE DE UNA VEZ. ALZAR FUERTE LA VOZ CONTRA LA COMPLICIDAD DE NUESTRAS AUTORIDADES POR SU INACCIÓN.

Para las Sras. Carmen Bretones e Isabel María Ortiz no entra dentro de nuestra competencias ALZAR LA VOZ Y PEDIR HUMANIDAD. ¿No corre sangre por sus venas? Desde aquí les pido que recapaciten y permitan que tratemos y nos pronunciemos en nuestro departamento sobre esta barbarie. También se lo pido al Decano de la Facultad de Humanidades, D. Rafael Quirosa, quien por ser catedrático de Historia Contemporánea debe conocer bien lo que llevan sufriendo los palestinos desde hace más de siete décadas.

Es curioso, mientras escribo esto, el rector D. Carmelo Rodríguez nos manda un mensaje dentro de la Universidad ante la muerte del Doctor en Química Analítica por la UAL Ahmad al-Mughari y de gran parte de su familia, víctimas de un bombardeo en Gaza, y condena la muerte de población civil. Pero no basta con eso, CONDÉNELO PÚBLICAMENTE Y EXIJA QUE EL RESTO DE LOS RECTORES SE UNAN Y QUE LA CRUE, la Conferencia de Rectores, exija que acabe inmediatamente esta matanza y esta barbarie, aunque quien se presenta como cordero cuando es un lobo feroz los amenace con no dejarlos entrar en Israel. LA COMUNIDAD ACADÉMICA NO PUEDE ESTAR EN SILENCIO ANTE ESTOS GRAVÍSIMOS HECHOS.

¿Qué guasa es esa de pedir una pausa humanitaria para luego seguir asesinando? QUE CESEN LAS ATROCIDADES

Quien parte y reparte en la UAL se lleva la mejor parte

Imaginad un sistema en el que, para elegir a quien ha de gobernar, el mayor peso de la decisión lo tienen personas que han de estar cualificadas para poder decidir, y que quien durante muchos años determina quién va a ser persona cualificada es precisamente uno de los candidatos que se presenta a la elección. ¿Qué pensaríamos? ¿Acaso que es fácil amañar el resultado y muy difícil conseguir revertir la situación?

El sistema universitario en España es, en algunas cosas, perverso y uno de los grandes males, por lo que he podido comprobar fehacientemente, es la autonomía universitaria, con la que los rectores se convierten en todopoderosos señores feudales a los que solo pueden controlar los jueces y ya sabemos cómo funciona la justicia en España. Por lo pronto, más que lenta y … (es tema para analizar detenidamente).

Siempre he pensado que lo importante no es quién gobierne sino cómo lo haga y que deberíamos de trabajar para que los cargos fueran realmente cargas para que se actuase con plena responsabilidad y asunción de la misma. Y para ello debemos trabajar, para que nuestros gobernantes no tengan un poder desmesurado, sino para que existan múltiples medios de control que eviten que quien tenga el poder tenga también la potestad de hacer lo que se le antoje, lo cual es arbitrariedad y se supone (e insisto en lo de que se supone) que, por nuestra Constitución, los poderes públicos la tienen vedada.

Mejor que baje al tema que nos ocupa, un análisis de las recientes elecciones a Rector en la Universidad de Almería.

Se han presentado dos candidatos: José Joaquín Céspedes, durante mucho tiempo todopoderoso vicerrector de Ordenación Académica, Profesorado o como se le quiera llamar (el que reparte el bacalao, en román paladino, lo que habla cada cual con su vecino) y Diego Valera, el que durante algún tiempo fue vicerrector de investigación. La cuestión ha estado muy bipolarizada y ha llegado a extremos inauditos saliendo a flote algunas de las fuertes corrientes subterráneas.

Quise vivir el final de la jornada electoral como observador de lo que sucedía. Decidí votar a penúltima hora y quedarme a ver cómo se desarrollaba y cómo se vivía el desenlace de la película.

La animación de la votación debió ser por la mañana, pues a esas horas vespertinas ya eran pocos los que votaban, aunque la sala estaba llena de gente. Era grande la expectación. La participación ha sido variopinta, como siempre, pero mayor que en otras elecciones. En el PDI funcionario, aunque oficialmente haya votado el 96%, el caso es que, al ser el sector donde ha triunfado el voto por correo, más del 10%, la participación ha rozado el pleno porque un porcentaje superior al 2% no ha sabido votar (no han firmado en el cierre del sobre que contenía el otro sobre con la papeleta, no han incluido copia del DNI...) y se ha considerado que no han emitido su voto, por lo que no se ha contabilizado en ese 96%.

La participación desciende al 82,5% y 75% en los sectores del resto de PDI y del Personal Investigador, respectivamente, para aumentar, como es ya norma, en el sector del Personal de Administración y Servicios, al 88%. Es en este sector en el que hay más votos en blanco y nulos (en torno al 6%) y no porque no sepan votar, sino que parece intencionado. En la mesa del PAS Diego Valera ha obtenido un 53% mientras que José Céspedes un 43%. Sin embargo, en el cómputo general el resultado ha sido un 42,1% del primero frente a un 55,8% del último. Me comentaba uno que siempre los resultados de este sector son contrarios al que termina saliendo. No creo que sea porque "no sepan votar"; seguramente nos equivocamos el resto, pues los del PAS son los que mejor conocen la UAL y más trabajan en ella.

Una de las cosas más llamativas ha sido la alta participación de los estudiantes, aunque haya supuesto un 20,9% de los 12.318 alumnos contabilizados en el censo. En este sector es donde se constata una mayor manipulación, con un fuerte peso de asociaciones controladas y dirigidas. Es para dedicarles un estudio y analizar hasta cómo los partidos políticos preparan a sus cachorros llegando a límites vergonzosos.

La impresión que tuve al observar el ambiente general antes del cierre de las urnas era que parecía que tenía muchas posibilidades de ganar el candidato no oficialista y ello porque sus interventores, con sus tarjetas azules, se significaban mayoritariamente, mientras que los de las tarjetas blancas del candidato continuista no abundaban. Esto contrastó con lo que sucedía a medida que se iban conociendo los resultados de las mesas, especialmente al cerrarse la última de ellas, la que iba a determinar el resultado, la del PDI Permanente, pues de pronto afloró la alegría de los partidarios de Pepe Céspedes, que parecía que habían estado ocultos. Me pareció que durante la mayor parte del día habían estado acongojados porque pensaban que se les escapaban las elecciones; de ahí que su alegría se desbordara tras los resultados.

Desde mi punto de vista, es preciso relativizar todo y trabajar para que no sea tan importante qué persona esté al frente del rectorado. Hemos de hacerlo tanto desde dentro como desde fuera. En mi caso desde dentro, ya no solo como profesor, sino también en mi condición, siempre atípica, de activista sindical, y apelando a las autoridades extra universitarias o representadas en el Consejo Social para que ponderen correctamente las situaciones. Está claro que la universidad española requiere de cambios profundos, pero no para apostar por la privatización y la entrega a intereses oscuros, sino para defender un bien estratégico público como es el de la educación que debe estar al servicio de todos, con equidad y calidad y con transparencia como garantía.

Evidentemente, continuarán mis análisis y acciones con propuestas concretas que pondré encima de la mesa del nuevo rector, José Joaquín Céspedes, al que hay que felicitar recordándole también cómo ha llegado a donde ha llegado.

Opacidad, arbitrariedad y dejación de funciones en la UAL

La profesora Bárbara Herrero de Egaña Muñoz-Cobo, desde que entró en un concurso amañado en la Universidad de Almería (en uno de esos acuerdos que desde la Universidad Autónoma de Madrid se tenían con profesores que se prestaban a los chanchullos), se ha caracterizado por el escaqueo continuo.

Para el próximo curso 2023-2024 solicitó un año sabático, para el que hubo de presentar:

1. Curriculum vitae resumido

2. Documento acreditativo de la aceptación de la Universidad o Centro de Investigación de acogida en el que conste el período de duración de la estancia.

3. Memoria de actividades científicas y de proyecto de investigación que vaya a realizar el candidato durante el período del permiso, indicando el tiempo de duración de la estancia. En el caso de que el periodo de sabático se reparta en más de una Universidad o Centro de Investigación, esta circunstancia debe figurar en la memoria de actividades propuesta y justificarse académicamente.

La Comisión de Ordenación Académica y Profesorado (COAP) informó favorablemente la concesión del año sabático el 27 de abril de 2023 y, con fecha del 3 de mayo pidió al Departamento de Filología un informe preceptivo que se había de emitir para adoptar la resolución definitiva.

La directora del Departamento trasladó el tema al área afectada, Estudios Árabes e Islámicos. En este caso, tanto la coordinadora del área, Luisa Arvide, como quien suscribe, emitimos un informe negativo dado que Bárbara Herrero de Egaña no había comunicado al área la documentación relativa a la estancia solicitada, sin indicar tampoco qué actividad académica o de formación va a llevar a cabo durante el periodo de la licencia y qué va a suponer en su promoción o preparación profesional como para dejar sus labores y responsabilidades en la Universidad de Almería. Ello va a suponer, por otro lado, una mayor carga de trabajo en el resto de miembros del área, pues el Rectorado no tiene intención de realizar contratación alguna.

El Departamento, en reunión de 11 de mayo, aprobó dar traslado del informe negativo del área al Vicerectorado, comprobándose que en la plataforma ATENEA ya asignaba 0 horas a la profesora Bárbara Herrero de Egaña, es decir que, sorprendentemente, la decisión estaba ya tomada, independientemente del informe, preceptivo, del Departamento. ¿Cómo puede ser eso si no es por una manifiesta arbitrariedad: aplicar algo que aún no ha sido aprobado?

El Vicerectorado correspondiente, que dirige Juan Manuel Ortega Egea, a la petición de la documentación presentada por Bárbara Herrero de Egaña relativa a qué centro o centros va a trasladarse, en qué fechas y para realizar qué tareas, contesta (transcribo literalmente):

“No es posible la documentación que solicita en atención a la Ley de Protección de Datos”.

Entonces, cuando se hacen pública las peticiones de estancias de investigación admitidas y denegadas con indicación de los centros y de las fechas, ¿están vulnerando la Ley de Protección de Datos? Ya solo falta que no se diga qué profesor/a va a impartir qué asignatura/s pues vulnera la Ley de Protección de Datos. En el vicerectorado del Sr. Juan Manuel Ortega Egea no se deben haber enterado de que estamos en un centro público, financiado con dinero público y realizando funciones públicas, y que las estancias en otros centros es información que debe ser pública.

Al abordar la ordenación docente del próximo curso para su aprobación en el Departamento de Filología, en reunión del 19 de mayo, me resultó muy raro el que la directora Carmen Bretones discriminara al área de Estudios Árabes e Islámicos pues en un punto del orden del día se trataba de la aprobación de la Ordenación Docente de todas las áreas menos la referida, que se trataba en un punto separado. Al llegar el momento de aprobar la ordenación docente de mi área, por más que indiqué que, como no había resolución definitiva del año sabático, lo oportuno era dar validez al acuerdo del área del 12 de abril en cuya ordenación docente aparecía la Profesora Herrero con docencia asignada, de forma que, si finalmente se resolvía la concesión de la licencia en firme, se modificaría esa ordenación docente, lo que se impuso fue la propuesta de la directora de que había que dar por hecha la concesión y si, finalmente, no se producía se modificaría esa ordenación. ¡De una lógica y legalidad aplastantes el dar por aprobado algo antes de que se apruebe pues así se puede utilizar el argumento de que ya se ha aplicado! He impugnado la Ordenación Docente ante el rector, Carmelo Rodríguez Torreblanca.

En la reunión de departamento del 12 de junio, en ruegos y preguntas, pedí información a la directora Carmen Bretones sobre la resolución definitiva del año sabático, si constaba en el Departamento y, dado que me contestó que no se sabe nada, le rogué que pidiera la información oficialmente pues, si se concede la licencia en cuestión, ha de constar en el Departamento, que es el órgano básico de docencia e investigación al que estamos adscritos los profesores, a qué centro o centros se desplazará un profesor del Departamento, en qué fechas y para desarrollar qué tareas. Directamente Carmen Bretones no accedió a mi ruego, entendiendo que no es competencia suya. ¡Muy profesional!

Acabo de comprobar que la licencia de año sabático ha sido aprobada en lo que se califica de “resolución definitiva” con fecha del 30 de mayo, con firma de Juan Manuel Ortega Egea y Miguel Ángel Gómez Márquez, de la COAP, indicándose que esa resolución definitiva no agota la vía administrativa y que cabe recurso de alzada ante el rector, Carmelo Rodríguez Torreblanca, que habrá de resolver el recurso que también presentaré.

Lo curioso del caso es que en la normativa de esa licencia se dice que la COAP elevará la propuesta de resolución al Rector y que éste “ordenará la publicación de la resolución definitiva de las licencias de larga duración objeto de esta convocatoria.”

La carrera universitaria y extrauniversitaria de Carina Tripiana García

Carina Tripiana García, estudiante de Historia en la Universidad de Almería, me denunció para que me sancionaran por primera vez por mi actividad docente, y ello sin haber sido nunca alumna mía ni tener conocimiento directo de los hechos acaecidos. Desde entonces, su carrera fue meteórica hasta llegar a ser representante de los alumnos en la UAL en el Consejo de Gobierno e incluso su nombre aparece ahora en la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Almería. ¿Este es el mundo en el que vivimos? A quienes manipulan se les premia y a quienes cumplen se les sanciona (la sanción fue anulada más de dos años después por una jueza en primera instancia y el rector Carmelo Rodríguez Torreblanca, de quien me ocuparé en otra ocasión, la recurrió y aunque está pendiente de nueva sentencia, la que ya existe se está ejecutando por lo que recuperé mi actividad docente, que es mi vocación).

Espero que el destino ponga a Carina Tripiana García en su sitio, para lo cual colaboraré con él. Nuestros actos tienen consecuencias y debemos responder ante ellos. 

Acaba de volver a presentarse en el Claustro para ser representante de los alumnos en el Consejo de Gobierno. En esta ocasión no solo no ha salido elegida, sino que ha sido la persona que ha obtenido un menor número de votos.

En el foro de opinión de la UAL, donde el ambiente está caldeado por las próximas elecciones a Rector, hubo cruce de mensajes entre diferentes alumnos en los que, sin precisión, acusaban a los candidatos, quienes aún no se han presentado, de manipulación. Una alumna acusaba a un grupo de ser del PSOE y, al parecer, estar a favor del candidato del actual rector, José Joaquín Céspedes Lorente, un pajarraco del que próximamente también me ocuparé.

Candidaturas a las elecciones al Claustro de la UAL

Veámos cómo se presentan las elecciones en la UAL.

Aunque sean provisionales, no es previsible que las candidaturas cambien o, al menos, lo hagan sustancialmente.

Para las 300 plazas de representantes se han presentado unas 618 candidaturas, de forma muy irregular según sectores y circunscripciones, hasta el punto de que no se cubrirán 10 puestos en el sector de estudiantes por no haberse presentado candidaturas en los grados de economía, finanzas y contabilidad e ingeniería informática y no cubrirse todas en derecho, educación primaria e ingeniería agrícola.

Un total de 60 representantes no tendrán rivales, en concreto 36 de los 59 de los estudiantes, ya restados los 10 que no se ocuparán (1 en biotecnología, ciencias ambientales, ciencias de la actividad física y del deporte, estudios ingleses, filología hispánica, fisioterapia, historia, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica industrial, medicina, relaciones laborales y recursos humanos, trabajo social y turismo; 2 en ingeniería agrícola, marketing e investigación de mercados y matemáticas; 3 en educación primaria y enfermería; y 4 en educación infantil) y 24 del profesorado doctor con vinculación permanente (8 de ciencias de la salud y 16 de humanidades) de los 171 que le corresponden.

En el resto (230) hay más o menos candidatos para cada plaza, sin que se pueda determinar quién se ha presentado para no tener que entrar en el sorteo de quienes han de estar en las mesas electorales.

El sector del PAS es uno de los más disputados: 136 para 39 puestos, aunque es posible que entre los 21 que no se presentan con siglas sea para evitar el engorro de estar en las mesas electorales. Con mayor número de candidatos está IGUAL-PAS, 39. Le siguen CSIF con 29, 28 CCOO y 21 MÁS-PAS. Le gana el personal investigador sin función docente en el que hay 27 candidatos para 6 plazas.

Lo más interesante es conocer las listas que funcionaran. En mi caso, a menos que me lo digan, no me enteraré hasta que analice los resultados y se vean esas listas y también las penalizaciones que hagan algunos electores a personas concretas de esas listas. Esos votos más personales son los más interesantes, como también los completamente independientes. Todo esto lo veremos más adelante.

Tengo la impresión de que si se presentan a rector varios candidatos puede haber partido y no necesariamente continuidad.

La mayor de las ausencias es la del actual rector, Carmelo Rodríguez Torreblanca. Seguro que ya tiene apalabrado otro trabajo de gran relevancia fuera de la Universidad.  Me extrañaría que volviese a sus clases. Ojalá me equivoque y le interese desarrollar su labor docente, que apenas ha podido desarrollarla con tanto cargo que ha desempeñado desde que entró apadrinado por Alfredo Martínez Almécija, según dicen algunos. Otra ausencia significativa es la de la gerente, María del Carmen Caba Pérez.

Entre los vicerrectores, no aparece el de Postgrado, Juan García García. Y entre los decanos no ha presentado su candidatura el de Ciencias Experimentales, Juan José Moreno Balcázar.

 

 

Elecciones a Claustro en la UAL

En la UAL han empezado procesos electorales importantes. El 27 de abril se votarán las candidaturas que se hayan presentados desde ayer 22 hasta el próximo lunes 27 de marzo. Como en ocasiones anteriores iré haciendo análisis de los resultados y qué mejor que sean comparativos con otros anteriores, a ver cómo son las evoluciones.

Para ello, copio los mensajes que mandé a la lista de opinión y de noticias en la ocasión anterior. Por cierto, han suprimido la de noticias porque las únicas noticias las pueden dar el gobierno de turno y ha quedado la de ANUNCIOS para que las únicas noticias sean las de compro, vendo, etc alguna cosa:

De: JORGE LIROLA DELGADO 

Date: mié, 13 mar 2019 a las 7:33
Subject: Previa a las elecciones a Claustro
To: <noticias@lista.ual.es>, <opinion@lista.ual.es>

Volvemos a tener elecciones a Claustro y después a Rector en la UAL. Y como sucedió en el año 2014 me gustaría hacer algunas reflexiones y análisis. Aunque será tras los resultados cuando se pueda hacer un buen análisis, adelanto ahora la previa a la vista de las candidaturas.

No viene mal leer los análisis que hice en el 2014 para ver si hemos avanzado o no:

http://1001denuncias.blogspot.com/2014_12_07_archive.html

http://1001denuncias.blogspot.com/2014/12/elecciones-primarias-en-la-ual-segunda.html

https://www.laopiniondealmeria.com/2014/12/el-resultado-de-las-primarias-rector-en.html

Para empezar, se han modificado los porcentajes de los sectores y por tanto los puestos, de forma que en el PDI se pasa de 195 a 192 asientos (pero aumentan los de los PDI permanente y disminuyen los de los contratados), en el PAS aumentan de 30 a 39 y en los estudiantes desciende de 75 a 69 los puestos a cubrir.

El sistema sigue favoreciendo el que las mayorías se impongan a las minorías al poder señalarse un gran número de candidatos (esto sigue favoreciendo las mafias y los rebaños dentro de la Universidad). Parece que sigue interesando que siga siendo así y que tengamos una universidad sectaria.

Los más claros, como siempre, son los del PAS, que dicen claramente como se alinean: 29 de CCOO, 29 del CSIF, 23 de +PAS y 10 sin afiliación aparente. Imagino que las 29 plazas de CCOO coparán los primeros puestos y las 10 restantes serán de otros (¿CSIF?). Espero que estos no sean como en el sector del profesorado, donde su líder, José Antonio Torres Arriaza es una persona IMPRESENTABLE, que honra poco la representación sindical.

El profesorado, el que más poder tiene, es el más opaco, como siempre también. No sé cómo irán las listas en esta ocasión (las comentaré a posteriori pues al ver los resultados se puede observar claramente). Yo soy de los que pasa de listas y voto a unos pocos que crea que son independientes y con criterio propio (lo de poder votar hasta a 128 personas que ni conoces es una barbaridad que favorece el espíritu borreguil). En las anteriores elecciones hubo un buen número de personas que hicieron votos especiales que se salían de las listas, votando un menor número de candidatos de los máximos posibles. Ojalá aumente el porcentaje de los que así lo hicieron.

De los que fueron castigados en las anteriores elecciones, no se han presentado algunos (caso de Raúl Pérez Guerra, Juan Carrión y Pepe Guerrero), pero otros insisten en presentarte a ver si los eligen (caso de Joaquín Hernández Rodríguez). 

En el PDI suele haber mucho voto oculto y corrientes subterráneas. En ese sentido, entre las muchas cosas que me llaman la atención es que de los que controlan la Facultad de Humanidades (griego y latín) solo se presenta Javier García González, quien si no tiene un cargo es poca cosa y persona de poca altura. Normalmente, de los de Griego se presentaban también Javier Campos y Juan Luis López Cruces, generalmente en listas opuestas, aunque simplemente para garantizarse el que ganaban seguro saliera quien saliera. Tampoco se presenta "el que sabe latín" de la serie Chanchullos University.  Algo oculto hay por ahí.

El sector de estudiantes es, como suele ocurrir, el más manipulado, alineándose algunos en listas (en pie, contigo, Xti o la voz humanista) y otros sin ellas. En un elevado porcentaje saldrán los representantes automáticamente al haberse presentado los candidatos justos que han de salir. ¡Qué casualidad que se hayan presentado los exactos y que no quede ninguna vacante! A ver si sube la participación entre los estudiantes, aunque, como no habrá independientes o pocos, pues no creo que ello anime mucho a votar. Otra cosa será cuando toque elegir al Rector. 

Bueno,  hoy votaré en voto anticipado, que fue muy muy elevado en las anteriores elecciones y que parecía que era un voto cautivo. En mi caso, no es por eso, sino simplemente porque no estaré el día 20.

Espero que la gente aproveche realmente,sobre todo la jornada de reflexión, para pensar un poco sobre si nos interesa fomentar una universidad sectaria y que las autoridades sean prepotentes o que sea mejor trabajar por una universidad más limpia, sensible, solidaria y constructiva, que sea capaz de rectificar cuando se equivoque, y no sacar la apisonadora.

 

De: JORGE LIROLA DELGADO
Date: jue, 21 mar 2019 a las 12:24
Subject: Elecciones a Claustro 1
To: <noticias@lista.ual.es>, <opinion@lista.ual.es>, SECRETARIA JUNTA ELECTORAL CENTRAL <jelecto@ual.es>, Inspeccion <inspserv@ual.es>

Como adelanté, voy a hacer un análisis de las elecciones a Claustro.

Aunque me faltan algunos datos, la participación, como se esperaba, ha sido muy variopinta. Muy elevada en el sector PDI permanente, en torno al 90%, aunque no así entre el resto del PDI, un 59%, y el PI sin funciones docentes, 56%. Entre el PAS, un 76%.Y entre el alumnado, muy muy baja. No llega al 10% y, como ya dije, en muchos casos no tenían ni que votar porque se habían presentado justamente los que tenían que salir, ni más ni menos. Eso es preocupante y por eso mando también este mensaje a la Junta Electoral y a la Inspección de Servicios, pues seguramente hay mucha manipulación en el proceso electoral en el sector del alumnado, manipulación por parte de algunos profesores y creo que se debería de investigar. ¿Lo harán? Pues seguro que no. Si me lo encargaran a mí, seguramente lo detectaría. 

Entre el alumnado han salido sobre todo las listas.

Voy a centrarme en esta ocasión en el PAS, pues el PDI es más complejo.

Por un lado, aunque pueda pensarse que han funcionado las listas, dado que solo uno (Fernando Castillo) que no estuviera adscrito a una ha conseguido salir, el caso es que ninguna lista se han impuesto por completo. Esto habla, creo, bastante bien del PAS. 

Ha sido +PAS los que han conseguido sacar 18 candidatos de los 23 que se presentaban, mientras que el CSIF a 11 de 29 y CCOO solo a 9 de 29. En este último caso, José Luis Alonso Molina no ha salido por muy muy poco. ¿Habrá influido mi petición de que no se le votara por la vulneración de mis derechos que había hecho desde su puesto del Consejo de Gobierno? Quizás. En cambio, María Jesús Simón Cerezuela, que también contribuyó a pisotear mis derechos, sí ha salido y no por los pelos.

Entre quienes tienen muy buena consideración entre sus compañeros, a juzgar por los votos, son Javier Pozo, Francisco José Membrives del Pino, Beatriz Martín Calpena, María Elena Rodríguez Auñón y muy especialmente Josefina Giménez Requena, Juan Antonio Quintana y, en primer lugar y con diferencia, Armando García Fernández.

¡Enhorabuena tanto a ellos como a los que han sido elegidos!

A diferencia del PDI, entre el PAS no parece funcionar lo de presentarse para que no te toque en una mesa electoral. Todos parecen ir a intentar salir.

No sé si Manuel Torres Arriaza, del CSIF y hermano de José Antonio Torres Arriaza, es igual que su hermano en ir a por poder sin importarle pisotear los derechos de los demás. Si es así, me alegro de que no haya salido. Si no lo fuera, pues nada. Seguramente, por ir en la lista del  CSIF ha sacada un número de votos, 2/3 de los necesitaba para salir.

Aunque se diga que no, las elecciones son una especie de primarias a rector. En ese sentido, adelanto los resultados de los candidatos: Carmelo Rodríguez ha obtenido un 66,7% de los votos, mientras que Antonio Posadas un 30,9 (y me refiero solo en el sector en el que se presentaban: PDI permanente).

Seguirá... (sobre todo con el PDI). Me faltan los resultados de las mesas 2 y 5 del PDI. Si alguien me las puede fotografiar y enviar a este correo, se lo agradeceré.

 

Dimisión de Juan Sebastián Fernández Prados como Defensor Universitario. Solicitud

Cuando el 29 de abril de 2019, el rector de la UAL, Carmelo Rodríguez Torreblanca, decidió incoar un expediente disciplinario contra mí por la presunta comisión de 18 faltas graves y muy graves, acudí al Defensor Universitario, Juan Sebastián Fernández Prados, para pedirle su intervención. Este, en todo momento, me dejó, paradójicamente, en indefensión:

1)     No me dijo nunca si aceptaba o no a trámite mi solicitud de amparo, justificando, en caso de no aceptarla, por qué razones. Se debía entender que sí entraba dentro de sus competencias y debía actuar.

2)     Pedí que antes de que el instructor me tomara declaración se me facilitara todo el expediente tal como estaba para saber exactamente de qué, por qué y quién me acusaba, para poder defenderme con pleno conocimiento de causa. Al no facilitárseme esa información, le solicité al Defensor que acudiese a la toma de declaración inicial por parte del instructor nombrado por el rector. Aunque me dijo que iría, no apareció finalmente, dándome después como excusa que no tenía obligación de hacerlo.

3)     Le solicité reiteradamente que tomara declaración a una serie de alumnos, algunos de los cuales llegaron a decir que el expediente era una cacería contra mí. Se negó una y otra vez a hablar con esos alumnos.

4)     Así podría seguir detallando negativas suyas a amparar y defender mis derechos, pero voy a lo sustancial.

5)     Nunca emitió un informe sobre cada una de las supuestas faltas que decían que había cometido. Se limitó a pedir al rector que solicitara un informe externo, sin designar él a una persona independiente que lo hiciera, sino que dejó que el rector eligiera a Juan Manuel del Valle Pascual, de la Asociación para el Estudio del Derecho Universitario, AEDUN, a quien yo había denunciado en la serie Chanchullos University bajo “el gran brujo”  que daba apariencia de legalidad a manifiestas ilegalidades e injusticias maquillando las falsedades con mucho disimulo.

Una persona de confianza que lo conocía desde cuando quiso declararse objetor de conciencia, habló con él y tras ello me dijo bien claro que no iba a hacer nada que supusiera enfrentarse al rector que, indirectamente, lo había nombrado.

La indefensión en la que me dejaron, incluido el Defensor Universitario, no es algo que diga yo solo, sino que lo ha dicho la jueza en su sentencia, recurrida, como no podía ser de otro modo, por un rector al que he denunciado reiteradamente de hacer uso de los bienes públicos en beneficio propio.

Le he pedido personalmente a Juanse, cara a cara y tras explicarle cómo me dejó indefenso a los pies de los caballos, saltándoseme las lágrimas entonces y cada vez que recuerdo esa indefensión, que lo reconozca públicamente y que, si no, dimita. Su contestación fue que "dicha petición está fuera del ámbito de actuación de la Defensoría según el artículo 4 del reglamento de funcionamiento de la Defensoría (apartados 3 y 4): 3. El Defensor Universitario no podrá actuar una vez transcurridos doce meses desde que se produjeron los hechos que motivaron la solicitud de su intervención. 4. En ningún caso, el Defensor Universitario podrá intervenir en asuntos judicializados, ni en procedimientos electorales." ¡Vaya enjuague de conciencia!

Si le quedara un poco de conciencia, reconocería los hechos públicamente, pero ya veo que sus principios, cuando ha de enfrentarse a autoridades, los deja aparcados.

Soy consciente de que los defensores universitarios han sido defensores de las autoridades permitiendo que se pisotearan los derechos de los administrados. Así lo denuncié en Chanchullos University (https://www.youtube.com/watch?v=nrgk8ueVEEw). Pero tener a un defensor que tiene buena prensa lo que hace es maquillar los abusos despiadados de poder de las autoridades de turno. Por eso, lo pido públicamente:

JUANSE, SI, POR HONESTIDAD, NO RECONOCES LA INDEFENSIÓN EN LA QUE ME DEJASTE, POR VERGÜENZA, DIMITE YA.

SI HUBIERAS CUMPLIDO CON EL NOBLE COMETIDO DEL DEFENSOR, NO ME HUBIERAN IMPUESTO UNA INJUSTA Y DURA SANCIÓN Y NO HABRÍA TENIDO QUE ESPERAR CASI 3 AÑOS PARA QUE LA LENTA JUSTICIA ANULE LA SANCIÓN PRECISAMENTE POR LA INDEFENSIÓN EN LA QUE ME DEJASTEIS.

Carta abierta al rector de la UAL, Carmelo Rodríguez Torreblanca

El abogado que eligió usted para el contencioso que interpuse por la injusta sanción que me impuso usted, José Arturo Pérez Moreno, pretende, al oponerse a la ejecución provisional de la sentencia, que la plaza de funcionario que obtuve en concurso público ya no existe ni está dotada y habría que crear un puesto provisional, condicionado a las necesidades de nuestra docta universidad. Según él, esa reincorporación provisional no es posible porque no hay un puesto vacante de profesor de estudios árabes en la UAL. Afirma, con mala fe procesal, que “actualmente no existe una plaza vacante de profesor de árabe dotada económicamente” y añade que tendrían que solicitar autorización de la Comunidad Autónoma para dotarla, con “un perjuicio gravísimo para la UAL, con evidente daño al interés público representado por ella”.

Se le olvida decir que, con la connivencia de usted y de las profesoras del área, han reducido la docencia, eliminando una asignatura como “Claves del Mundo Árabe Moderno”. Además, confunde el Sr. Pérez Moreno la suspensión de funciones con la separación del servicio, que es lo que pretende, pero que no tiene potestad para aplicarla.

Él ya insinuó en el juicio que no sabía yo cuál era la función de un abogado e imagino que se referiría a aquello que dicen los propios abogados de que la ética se debe dejar fuera del juzgado.

¿Comparte usted, Don Carmelo, lo que dice el abogado elegido por usted para representarlo? ¿Le ha dado usted el visto bueno a tamañas tergiversaciones con el objetivo de eliminarme de la Universidad de Almería?

Me consta que comparte, al menos, algunas de las mentiras que dice el Sr. Pérez Moreno, como que yo alteré el servicio docente para, por ejemplo, no permitir que a alumnos que plagiaban se les premiara. Es lo que usted hizo, premiarlos y ser permisivo con el plagio, sancionando a quien quería ejercer con honestidad y profesionalidad su vocación. ¡Vaya sentido de la docencia que tiene usted!

Además, la formación de los alumnos en relación con la época andalusí, una de mis especialidades, parece serle indiferente, con las consecuencias que tiene de diversas formas, como la de que los licenciados que se dedican a la arquología de urgencia hayan tenido que formarse al margen de la Universidad de Almería, o que tuvieran que venir de la Universidad de Málaga primero y ahora de la de Granada para estudiar los yacimientos de la provincia de Almería, para sonrojo de la universidad que usted dirige.

Nunca Don Pedro Molina, su predecesor en el cargo y aquel al que ambos criticábamos, se atrevió a poner en duda mi labor docente, lo que usted sí ha hecho, de forma vil y despreciable. Y él no tardó en reincorporarme cuando el TSJA me concedió la suspensión cautelar de su sanción, sin recurrir a artimañas de que la plaza ya había desaparecido.

Usted sabe que no debía haber sido juez siendo parte al sancionarme, pues así lo entendió cuando retiró el recurso que interpuso Pedro Molina contra la sentencia que anulaba su injusta sanción. Lo sabe cualquier persona con dos dedos de luces: el partido no lo puede arbitrar un miembro de uno de los equipos. Se ha de ser imparcial. Conoce usted que la doctrina del Tribunal Supremo es clara y contundente y, pese a ello, decide recurrir la sentencia que me da la razón y anula su injusta sanción y se opone usted a que se ejecute la sentencia, aunque sea provisionalmente. Quizás ponga toda la resistencia posible a mi reincorporación, que debería de hacer efectiva con presteza, dado que ya lo ha dictaminado el juzgado.

Ojalá los jueces decidan ponerlo en el lugar que merece. Estos se quejan de que la justicia está colapsada, pero claro, si no son contundentes en sus sentencias y no hacen que realmente quien la haga la pague, es comprensible que se les acumule el trabajo y se les complique. Yo, sin duda alguna, voy a trabajar para que así sea y reciba usted la lección que debía tener ya aprendida. No todo vale y tarde o temprano las facturas llegan y hay que abonarlas. Y, como decía Avempace, "no hay mayor felicidad que la tranquilidad de conciencia".

Ejecución provisional de la sentencia estimatoria

La sentencia del Juzgado me ha dado la razón y ha estimado mi recurso contra la sanción de 3 años y 2 meses de empleo y sueldo que me impuso el Rector D. Carmelo Rodríguez Torreblanca.

El pasado 29 de septiembre me notificó el Juzgado que el abogado del Rector D. Carmelo Rodríguez Torreblanca ha recurrido la sentencia. Ese mismo día pedí la ejecución provisional de la sentencia. No se podía solicitar antes pues, de no recurrir, era ejecución definitiva. No obstante, lleva sus trámites. El Juzgado se lo comunica a la Universidad y ésta tiene 5 días para contestar y tras ello ha de pronunciarse el Juzgado. Por lo que sé, no debe haber ningún impedimento para que se me conceda puesto que no provoca ninguna situación irreversible.

Han tardado 8 días en darle traslado a la universidad, el 7 de octubre, por problemas informáticos. Hasta a mí me llegó antes la notificación de apertura de la pieza separada para la ejecución provisional, por correo postal.

Te pido que te solidarices conmigo para que pueda reincorporarme cuanto antes a mi puesto de trabajo y solicites al Rector D. Carmelo Rodríguez Torreblanca que agilice la contestación y no consuma los 5 días hábiles más el de gracia, que nos lleva hasta el 17 de octubre, y al Juzgado que no demore el pronunciamiento, que no es recurrible en caso de que me de la razón y sí en caso contrario.

Ello, además, cuando la jurisprudencia del Tribunal Supremo que he encontrado me da la razón y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía habrá de aplicar la doctrina de la sentencia STS 1412/2002, en tema de casación, que establece que el Rector no puede ser juez y parte y "la imparcialidad del órgano sancionador es una inexcusable exigencia para que el derecho de defensa pueda considerarse debidamente respetado en un expediente disciplinario". En mi caso, la situación fue más grave, pues el órgano que desestimó mi recusación contra el Rector, que era juez y parte, era precisamente el que me acusaba de coacciones e intimidación y por tanto también tendría que haberse abstenido en aras de la imparcialidad.

Me ha resultado llamativo que el abogado del Rector, que debe conocer esa jurisprudencia, la haya omitido entre la mucha que cita, pues deja sin efecto todo lo que dice. De hecho, considero que el Rector D. Carmelo Rodríguez Torreblanca debería de retirar el recurso de apelación, en cuyo caso yo retiraría el mío, para que la sentencia fuera firme y se pudiera ejecutar definitivamente. De lo contrario, si el TSJ de Andalucía, dentro de mucho tiempo, confirma la sentencia, como es previsible, pues si no iríamos a casación al Tribunal Supremo, la decisión de D. Carmelo hará que el erario público, que somos todos, me haya de pagar una considerable suma de dinero, pues a todas las cantidades que tendría que haber cobrado hay que sumar los intereses que para los años 2020, 21 y 22 están en el 3% (3,75% los de demora) y es previsible que próximamente suba aún más.

Solicita, por favor, al Rector que no demore la contestación a la ejecución provisional e, incluso, que se plantee retirar el recurso de apelación por los daños que causa su obstinación (gabinete.rectorado@ual.es) y al Juzgado que no demore el pronunciamiento (AtPublico.JContencioso.3.Almeria.JUS@juntadeandalucia.es).

Sentencia estimatoria que anula la sanción

Me acaban de notificar la sentencia de la sanción que me impuso el rector Carmelo Rodríguez Torreblanca de suspensión de empleo y sueldo de 3 años y 2 meses por, supuestamente, acosar laboralmente a una profesora que es superiora mía, desobedecer las órdenes de un superior que no se atenían a la legalidad, perturbar el servicio en una asignatura y coaccionar e intimidar a los miembros del Consejo de Gobierno. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Almería ha decidido estimar mi recurso y revocar las resoluciones sancionadoras por no ser ajustadas a derecho.

En una breve sentencia, la jueza estima que se me dejó en indefensión en la tramitación del procedimiento disciplinario por distintos hechos que denuncié en su momento y concluye que, a la vista de la manifiesta indefensión que se me generó, el recurso ha de ser estimado sin necesidad de entrar a analizar los restantes motivos de impugnación alegados que eran muy numerosos.

Por esa parte, la de no analizar y pronunciarse sobre el resto de alegaciones que formulé, la sentencia decepciona, sobre todo porque después de transcurrir un año y tres meses, cuando la ley establece que han de ser diez días como máximo, daba la impresión de que tendría más enjundia.

Nada dice de la cuestión previa más sangrante que alegué y es que el Sr. Carmelo Rodríguez Torreblanca actuó de juez siendo parte, pues él y su equipo eran los superiores a los que supuestamente desobedecí y él y su equipo formaban parte del Consejo de Gobierno al que presuntamente coaccioné. Debía haberse abstenido de intervenir en el proceso y la recusación que presenté contra él debió ser aceptada, pero no, fue rechazada, precisamente por los miembros del Consejo de Gobierno a los que supuestamente intimidé y que también debían haberse abstenido, de modo que hubiera sido otro órgano, como el Claustro o el Consejo Social, el que resolviera la recusación.

Es evidente que la sanción que me impuso Carmelo Rodríguez Torreblanca, en su condición de rector, fue una durísima represión por mis críticas a su vicerrector José Joaquín Céspedes Lorente, que parece tener mucho poder. Incluso es probable que se utilizara mi sanción para acallar cualquier otra protesta o crítica.

Mis críticas nunca han sido contra la institución (soy un defensor de lo público y la Universidad de Almería somos todos los que trabajamos en ella y no únicamente las autoridades elegidas por un electorado que, en muchísimos casos, es fruto del nepotismo que vengo denunciando desde hace mucho tiempo y también de la manipulación de ciertos sectores del alumnado a los que se les ha dado más poder quitándoselo al PAS), sino que mis denuncias han sido a personas concretas, que cito con sus nombres y apellidos, que creo que están abusando de su poder y haciendo un uso de los bienes públicos para beneficio suyo particular. En ese abuso Carmelo Rodríguez Torreblanca llegó a contratar a José Arturo Moreno Pérez para que actuara como abogado, en lugar de la que cobra para ello en la UAL, María Ángeles Piedra Fernández, tratando que un especialista en derecho procesal justificara su durísima e injusta sanción.

La sentencia no es firme y es recurrible. Desde aquí solicito a Carmelo Rodríguez Torreblanca que no siga haciendo uso de los bienes públicos en beneficio suyo privado y, en ese sentido, le pido que no recurra con el dinero público la sentencia que anula la sanción, y asimismo que ejecute la sanción cuanto antes, para que pueda recuperar mi puesto de trabajo y desarrollar así, con normalidad, mi actividad docente e investigadora.

Y la sentencia... ¿para cuándo?

La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Almería, Dña. Ana Fariñas Gómez, debió de emitir la sentencia del procedimiento abreviado 145/2020, sobre la sanción disciplinaria que me impuso el rector D. Carmelo Rodríguez Torreblanca de suspensión de empleo y sueldo de 3 años y 2 meses, en julio de 2021, pero se marchó de vacaciones sin hacerlo.

Le he pedido por activa y por pasiva (y me consta que otras muchas personas también) que no demore la sentencia por la indefensión en la que me deja y asimismo para que no me discrimine pues está emitiendo sentencias de casos posteriores y ha dejado al margen la de mi caso. Me contestaba que estaba en ello, pero que tenía mucha carga de trabajo y que el expediente es muy extenso (en el juicio decía que ya se lo había leído, por lo que me pedía que no le detallara determinadas cuestiones).

Un año después, la pregunta es: ¿volverá a irse de vacaciones sin emitir la sentencia?

Si yo me hubiera ido una sola vez de vacaciones, sin calificar/juzgar a los alumnos, me hubieran sancionado y con mucha razón.

Me dedico a la docencia y a la investigación por vocación, que no solo se  mantiene sino que se ha incrementado con el tiempo. Por eso me están haciendo mucho daño quienes me impiden que la desarrolle. He visto cómo muchos profesores en la universidad pierden la vocación si es que alguna vez la tuvieron y algunos si no tienen un cargo académico no son nadie. Y he visto muchos incumplimientos verdaderamente sancionables, que contrastan con mi caso, que entiendo que he sido sancionado muy injustamente, al igual que en los dos casos anteriores en los que, del mismo modo que ahora, el sancionador hacía de juez siendo parte. Esto es algo intolerable, máxime cuando lo había recusado. Curiosamente, resolvieron la recusación otros que eran también parte, pues habían sido acusación diciendo que yo los había coaccionado (los miembros del consejo de gobierno). He mantenido por activa y por pasiva que el acoso y las coacciones son delitos penales y que debían de haberme denunciado en el juzgado en lugar de tomarse ellos la justicia por su mano de forma interesada.

Los expertos afirman que las sanciones tienen máxima prioridad, por lo que no son contenciosos administrativos al uso por la similitud con lo penal. Yo soy consciente de que en los juzgados unipersonales hay menos garantías que en las salas en las que hay 3 o  5 magistrados y por eso, si no se me diera la razón en primera instancia estoy dispuesto a llegar hasta el recurso de casación para que la sangrante sanción con la que me están marcando quede sin efecto. Con el tiempo transcurrido sin sentencia, ya podría haber habido o estaría a punto incluso en segunda instancia, en caso de que no me la hubiera dado en esta primera instancia.

Juzguen ustedes lo que está pasando...

Declaración como investigado del Profesor Francisco Álamo Felices

 

Esta mañana, en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería le han tomado declaración como investigado al Profesor de la Universidad de Almería Francisco Álamo, quien, siendo Director del Departamento, hizo firmar un papel en blanco a los alumnos para luego él cumplimentarlo y denunciarme a la Inspectora de Servicios, María Belén Sainz Cantero.

En su declaración  pretende que les leyó el escrito a los alumnos y que estos mostraron su conformidad antes de firmar, lo cual es, sencillamente, falso.

También ha dicho que el escrito enviado a la Inspección no es una denuncia y que él NO TIENE CAPACIDAD DE INTERPONER DENUCIA ALGUNA. Alucinante.

Como lo han citado como investigado puede mentir impunemente.

A través de su declaración, quiere dar a entender que él convocó a los alumnos ante una anomalía (el que, tras imponerme el rector la sanción, no sabía yo si podía seguir dando clases) y que lo arregló nombrando una sustituta y dando cuenta de la incidencia a la Inspección de Servicios. La realidad es que les indiqué yo a los alumnos que fueran a hablar con el Director para aclarar lo que pasaba y, al parecer, fueron al Decanato y fue entonces cuando los convocó el Director.

Lo curioso del caso es que se da por cierto que el escrito que han enviado las autoridades de la Universidad, con fecha del 29 de noviembre de 2019 (o algunos días después), sin ningún sello de registro, es el verdadero y que él dice que lo es y los alumnos no lo reconocen porque no se les mostró ni leyó ninguno pues lo que les pidio es que firmaran un papel en blanco, como declararon. La jueza Dña. María Belén López Moya, hasta ahora, no ha querido comprobar en el registro de la Universidad en esa fecha y otras posteriores si hay otro escrito presentado, bien a su nombre o a nombre de I.M.R., la primera alumna firmante en el papel en blanco. Es más que sospechoso que el escrito lo entregara Francisco Álamo en mano en la Inspección, pues ese no es el procedimiento y los escritos se registran. ¿Qué diría la jueza si quisiera entregarle yo o mi abogado un papel en mano?

Es, por tanto, factible que mienta Francisco Álamo sobre el hecho de que ese escrito sin registrar sea el verdadero y que, con la connivencia de María Belén Sainz Cantero y alguna otra autoridad, ahora lo hagan pasar por cierto, para que no se acredite parte del acoso laboral al que me han sometido y que he denunciado. Si apareciese el escrito registrado todo cambiaría.

Francisco Álamo se ha negado a contestar las preguntas de mi abogado, por lo que, aparte de por qué entregó el papel en mano y si ese es su procedimiento habitual, tendría que haber contestado a numerosas preguntas, entre las que destaco si le pidieron los alumnos que enviara el escrito a la Inspección de Servicios y por qué lo envió a esa instancia; si recibió la notificación de mi sanción, tal como se indica en la resolución; si entendía que debía ser yo quien siguiese dando las clases y si habló en ese sentido conmigo; si preguntó a alguna instancia superior qué se debía de hacer (como hice yo), etc.

La jueza habrá de tomar testimonio a algunos alumnos que quedan por testificar. A ver qué decide después, si ordena alguna diligencia de instrucción, como las que yo le he pedido, para aclarar todos los extremos, o si quiere archivarlo sin más, como intentó la primera vez.

La Inspectora de Servicios de la Universidad de Almería, María Belén Sainz-Cantero Caparrós no abrió ningún expediente ante el hecho de que un profesor, que además es el Director, prevaliéndose de su cargo, haga firmar a unos alumnos un papel en blanco. ¿Lo abrirá finalmente o seguirá la máxima que me ha demostrado de que solo a las personas críticas con las actuaciones del equipo de gobierno se les abre expediente? UNA AUTÉNTICA VERGÜENZA.

¿Un quijote contra molinos?

A quienes piensan que soy un quijote luchando contra molinos, les digo que se equivocan, pues los molinos son las instituciones y yo no estoy contra ellas, ni siquiera contra las personas que se apropian de esos molinos públicos/instituciones para hacer un uso privado de los mismos, sino que estoy contra las actitudes que mantienen esas personas que se quieren apropiar de lo de todos para su beneficio particular.

Como decía más de uno, el poder no tiene porqué ser corrupto, sino que atrae a los corruptos. Y el problema es que les dejamos que lleguen a tener ese poder para hacer y deshacer a su antojo y apartar vilmente a quienes les molestan.

También estoy contra quienes amparan a los prepotentes de forma activa, cuando tienen la potestad, e incluso la obligación, de actuar para que no sea así y de desenmascarar esas actitudes prepotentes y abusivas del poder que tienen.

No entiendo y pido que reflexionen quienes piensen, que es perder el tiempo intentar cambiar la cosas y luchar contra esas actitudes prepotentes y también contra quienes las amparan de forma activa, pues, en verdad, lo que hacen es contribuir de forma pasiva a que se perpetúen. En cierto modo, también, son responables de que se haga un uso privado de lo público con esa actitud derrotista.

Por eso, les pido, que dejen de considerarme un quijote luchando contra molinos. Llevaré mi lucha hasta sus últimas consecuencia (si quieren crucificarme los prepotentes y quienes los ampara, que lo hagan; será gritando y ante la pasividad del resto), pues tener por compañeros de viaje a gente así no merece la pena.

Siempre he sido un defensor de la universidad pública y he trabajado y trabajaré por ella, en la que estamos un amplio colectivo de personas. Estoy en contra, eso sí, por lo pronto, de la falta de escrúpulos y de la desvergüenza del actual rector de la UAL, Carmelo Rodríguez Torreblanca, del que se postula a sucederle como rector, el vicerrector José Joaquín Céspedes Lorente, y de la inspectora de servicios, María Belén Sainz-Cantero Caparrós. Si tuvieran algo de dignidad, me denunciarían por calumnias para que un juez independiente investigue los hechos y se pronuncie sobre los mismos, entre ellos si he acosado a un profesora y si he coaccionado a los miembros del Consejos de Gobierno. NO TIENEN VERGÜENZA.

 ¿TIENEN DIGNIDAD?

 

La profesionalidad de la jueza María Belén López Moya

        

  El profesor de la UAL Francisco Álamo Felices hizo firmar a los alumnos de Lengua árabe de primer curso un papel en blanco, prevaliéndose de su rango de Director de Departamento, para luego denunciarme a la Inspectora de Servicios María Belén Sainz-Cantero. Ante la jueza María Belén López Moya, los alumnos declararon que, efectivamente, les hizo firmar el papel en blanco y que no era su intención denunciarme. No reconocieron el papel que supuestamente había cumplimentado el Director de Departamento y que había presentado las autoridades de la UAL ante el Juzgado, solo el de sus firmas.

 Dado que en el escrito presentado por las autoridades universitarias no  consta ningún sello de entrada o de salida, por lo que ha podido ser confeccionado expresamente en sustitución de otro que sea el realmente registrado (es más que sospechoso que Francisco Álamo lo presentase en mano a la Inspectora), le he pedido a la jueza María Belén López Moya, entre otras cosas, lo siguiente:

“Segunda [petición]: Se pida al Registro General de la Universidad de Almería que se compruebe si en los meses de noviembre y diciembre de 2019 consta un escrito presentado como primera firmante por Dña. I. M. R. [es la alumna que aparece como primera firmante], que podría corresponder al realmente presentado.

Tercera: Se pida al Registro de la Universidad de Almería que se comprueben los escritos presentados por registro (telemático y presencial) por D. Francisco Álamo Felices entre los meses de septiembre de 2019 y julio de 2020, ambos incluidos, para comprobar si consta un escrito sobre el tema pasado por registro y que fuese realmente el original, por un lado, y, por otro, si era norma en otros casos que presentara por registro otros escritos en lugar de entregarlos en mano.

Cuarta: Se pida al Registro de la Universidad de Almería la relación numérica de los documentos presentados en él durante el día 29 de noviembre y los presentadores de los mismos (registro presencial y telemático) para comprobar que no haya sido eliminado ningún escrito presentado que pudiera ser el que realmente se presentó.”

La jueza María Belén López Moya, en auto que no se puede recurrir, no ha aceptado las peticiones 3ª y 4ª, porque, según ella, “el escrito ... ya consta incorporado en las actuaciones”  y, aparentemente ha aceptado la 2ª, si bien al no explicitarlo en la parte dispositiva y por la peregrina justificación que da no parece tampoco aceptarla.

Se supone que investiga si ha podido haber falsedad documental, pero da por supuesto que el escrito presentado por las autoridades, sin pasar por ningún registro y estimando yo que son parte interesada esas autoridades, no puede ser falso, sino que es el auténtico sin que quepa ningún lugar para la duda. ¡Vaya profesionalidad la de la jueza María Belén López Moya!

Adivinen, ante sus actuaciones, lo que va a decidir. Seguro que dirá que no se corresponde exactamente lo que ha investigado con el delito de falsedad y se inhibirá. No comprobará nunca si ha habido un cambiazo en el papel ni lo tratará como parte del acoso que el Director del Departamento, Francisco Álamo Felices, conjuntamente con María Belén Sainz-Cantero y otras autoridades. Ésta, al servicio del rector Carmelo Rodríguez Torreblanca, no ha tratado el tema de que un profesor, que además es el Director del Departamento, haga firmar un papel en blanco a los alumnos, para luego denunciar a otro profesor, como falta muy grave en la que un superior abusa de un subordinado, ni lo tratará nunca. A ella no le interesa ocuparse de denuncias relativas a profesores que no cumplen con sus funciones de dar clase y de otros que abusan de los subordinados, sino de aquellas personas que le resultan molestas al rector que la ha nombrado. De la ética de la Señora Sainz-Cantero me he ocupado y me seguiré ocupando en otros artículos, todos los cuales le envío a ella,  a ver si cree que atento como su honor y dignidad y pide que un juez lo investigue llegando al fondo.

La querella que presenté el 10 de septiembre de 2020 y que recayó en el juzgado de la Sra. López Moya era contra Carrmelo Rodríguez Torreblanca, María Belén Sainz-Cantero Caparrós, Ignacio Díaz de Lezcano Sevillano, Luisa María Arvide Cambra, Francisco Javier García González, Francisco Javier García González, Francisco Felices Álamo y José Joaquín Céspedes Lorente, por los delitos de injurias graves (art. 208-210), calumnias graves (art. 205), falsedad (art. 390), prevaricación administrativa (art. 404), y acoso laboral (art. 173), por los hechos que se detallan prolijamente en la interposición de la querella.

La jueza López Moya sobreseyó la querella sin instruir diligencia alguna. Tras recurrir su decisión, los jueces de la Audiencia Provincial Soledad Jiménez de Cisneros y Cid, Alejandra Dodero Martínez y Luis Durbán Sicilia decidieron ratificar la decisión de su colega, salvo la posible comisión de un delito de falsedad documental, que es el que se supone que instruye la jueza María Belén López Moya.

En el recurso que presenté ante los mencionados jueces de la Audiencia Provincial les dije lo siguiente: 

 

“Yo, Jorge Lirola Delgado, el querellante y abajo firmante, mantiene, hasta donde sea necesario, que D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Dña. María Belén Sainz-Cantero Caparrós y D. Ignacio Díaz de Lezcano Sevillano me han calumniado al atribuirme los delitos de acoso laboral y amenazas y coacciones y me han injuriado con una serie de afirmaciones que me convierten de cara a los demás en un mal docente que incumple con sus obligaciones académicas; que D. José Joaquín Céspedes Lorente, Dña. Luisa María Arvide Cambra y D. Francisco Álamo Felices se concertaron para cometer el delito de fraude, materializado el día 31 de enero de 2019; que Dña. Belén Sainz-Cantero Caparrós, D. Francisco Álamo Felices y Dña. Luisa María Arvide Cambra recurrieron a la falsedad documental para que yo fuese sancionado duramente; que D. Carmelo Rodríguez Torreblanca actuó injustamente y con pleno conocimiento de su injusticia cuando quitó las competencias al Departamento de Filología en relación con la ordenación docente para concederlas al Vicerrectorado de la persona nombrada por él, D. José Joaquín Céspedes Lorente, vulnerando mis legítimos derechos; y que, igualmente, ha actuado muy injustamente y con pleno conocimiento de que así lo hacía al sancionarme con 3 años y 2 meses de suspensión de empleo y sueldo; y que Dña. Luisa María Arvide Cambra, D. Francisco Javier Aguirre Sádaba y D. Francisco Javier García González han venido acosándome laboralmente desde el año 2012, acoso al que se sumaron en 2019 D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, D. José Joaquín Céspedes Lorente, Dña. María Belén Sainz-Cantero Caparrós y D. Ignacio Díaz de Lezcano Sevillano.

Considero que la negativa a investigar los hechos por los que he presentado la querella por parte de la jueza Dña. María Belén López Moya es, cuando menos, una falta de profesionalidad absoluta. Dicha jueza, por no hacer, siquiera me ha convocado para ratificarme en la querella presentada, lo que debería haber sido el primer paso, y debería hacerlo, para que mirándonos a lo ojos me diga que no va a investigar penalmente los hechos por los que entiendo que unos desalmados han decidido, calumniándome e injuriándome, que, durante nada menos que tres años y dos meses sea apartado de lo que ha sido y sigue siendo mi vocación profesional. Es posible que ella haya perdido la vocación por hacer Justicia (con mayúscula) y quizá por eso no alcance a comprender lo que supone en mi vida profesional y personal que, falsamente y recurriendo a actos delictivos, me aparten de mi vocación y mi ejercicio profesional del que vivo yo y mi familia, estigmatizando mi honor de cara a mi familia, amigos, alumnos y la sociedad en general. Y le ruego encarecidamente que actúe con profesionalidad para llegar al fondo de la querella que he presentado, actuando contra mí si es que son falsos los hechos, porque mantengo y mantendré las acusaciones hasta donde haga falta y, sin duda, de ser falsas mis acusaciones estaría cometiendo un delito de falsa denuncia (art. 456 del código penal), que no debería quedar impune, aparte de atentar contra el honor de las personas a las que imputo delitos penales, que habrían de ser ellas, por Ley, las que actuaran contra mí, si bien debería Usted de ponerlo en conocimiento de las mismas para que pudieran ejercer su derecho como lo estoy ejerciendo yo y lo ejerceré hasta donde sea necesario.”

 

SEGUIRÁ... hasta comprobar si los citados, especialmente Carmelo Rodríguez Torreblanca, el actual rector, y José Joaquín Céspedes Lorente, que se postula para sucederle, tienen dignidad (el problema siempre no es que existan prepotentes, sino que haya cohorte de eunucos dispuestos a defenderlos).

 

        En cuanto al contencioso que interpuse contra la sanción, después de más de 10 meses de que quedara listo para sentencia, la jueza Ana Fariñas Gómez sigue sin emitir sentencia...